Es hora de hablar de la policías en México

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La muerte de Giovanni López en manos de cuerpos policiacos en Ixtlahuacán, Jalisco, nos hace revivir un tema que diversos gobiernos han preferido ignorar y no resolver, dejando que crezca y crezca y siga creciendo, generando víctimas: la situación de las policías locales. Independientemente de los tintes políticos del caso, no debemos perder de vista que gran parte del problema y el origen del mismo, es la situación generalizada de las policías locales en México. La agenda pendiente para mejorar la eficacia y situación de las corporaciones policiacas, se debe a una falta de visión integral sobre seguridad pública.

Debemos entender, que las policías locales son ese primer contacto de la ciudadanía con los aparatos del Estado, desde esa perspectiva, podemos afirmar que ellos son los que conocen las dinámicas comunitarias de la violencia, su posición en una comunidad puede tener un impacto positivo para el mejor desarrollo de una comunidad, ya que “este conocimiento es indispensable para atender conductas antisociales y promover una convivencia pacífica entre los vecinos, con un uso mínimo de la fuerza” (López, 2019). Esta perspectiva de primer contacto ciudadano, facilitador de soluciones comunes y su conocimiento de la situación local, nos hace ver lo imperativo de las reformas y políticas públicas en materia de seguridad pública tengan como base estos puntos partida.

Sin embargo, la población tiene un nivel de satisfacción muy bajo de las policías, la segunda peor calificada, conforme a la ENCIG 2019 del INEGI, esto se debe en gran medida a esos comportamientos y acciones sistemáticas y muy arraigadas en muchas instituciones policiacas a nivel local. Si vemos que, conforme a los artículos 41 fracción V, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se prevé el Certificado Único Policial (CUP), el cual es el aval de capacitación y conocimiento básico en sus tareas, sin embargo, de acuerdo con una investigación de Animal Político, sólo el 27.5% de las policías locales y municipales cuentan con un CUP, lo que se traduce en 1 de cada 4, en términos generales, ninguna entidad federativa cuenta con el 100% de sus cuerpos policiacos certificados. Esto nos muestra una parte del problema, el cual es la falta de capacitación y educación completa, y entender que el ejercicio de la seguridad pública debe ser considerada desde una profesionalización, ya que en la concepción tradicional sólo es considerada como una labor más que ignora su importancia y relevancia social.

Si analizamos el índice de Desarrollo Policial (INDEPOL) desarrollado por la organización Causa en Común, que genera indicadores como la carrera policial, certificación, profesionalización, seguridad social y régimen disciplinario, la organización concluye que “ninguna corporación policial del país cuenta con los mecanismos institucionales para cumplir plenamente con los requisitos mínimo de ley y las corporaciones policiales en el país subsisten precariamente, no se desarrollan“. Esto es de preocuparnos, ya que no se están tomando las medidas adecuadas para que las policías tengan una  formación adecuada. Del INDEPOL 2018 se puede señalar que  en 14 entidades, durante 2015, 2016, y 2017 no sesionó en ninguna ocasión la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, el cual es el órgano encargado de las directrices para formar verdaderos profesionales en las instituciones de seguridad pública.  Así como es importante tomar la carrera policial como una verdadera profesión pública, se debe tener en cuenta que existe una mala educación sobre prácticas apegadas a  los  más altos estándares de derechos humanos, y esto se ve reflejado en el alto índice de quejas y recomendaciones por violaciones a los derechos humanos ante Comisiones locales en la materia. Esto resulta muy importante para obtener buenos resultados, ya que al estar en contacto directo con situaciones no de alto impacto, responder de manera proporcional apegado a prácticas adecuadas en atención ciudad y tener protocolos bien establecidos para la atención de crímenes de alto impacto, abonan a reducir violaciones graves a los derechos humanos y romper con el actual ciclo de abuso de la fuerza. A esto debemos señalar las condiciones adversas con las cuales deben desempeñar sus labores, con salarios ínfimos y con pocas o nulas prestaciones, las cuales tampoco generan un incentivo para profesionalizar o incentivar a los cuerpos policiacos a mejores estándares o prácticas.

Otra dimensión del problema son los recursos públicos para las corporaciones policiacas, ya que  el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que se transfiere a las entidades federativas el cual pare el 2020 son 7, 436, 542, 144.00 millones de pesos, y vemos que existe una mala aplicación e inversión de dichos recursos, un fenómeno preocupante en los estados es el subejercicio de dicho fondo, ya que la gran mayoría tiene un subejercicio debido a dos grandes factores, primero al “incumplimiento de metas y objetivos del fondo y el segundo, como resultado de la incapacidad o la imposibilidad de ejercer el total del recurso “. La suma de estos factores, nos deja que ver gran parte del problema es que la situación dentro de dichas instituciones no permite grandes avances. Lo que sucedió en el caso de Giovanni no debe volver a ocurrir, y para ello debemos tomarnos el papel de las policías locales enserio. Desafortunadamente, “el diseño institucional que regula la función policial en México las coloca prácticamente como meras espectadoras de los problemas de seguridad”. Es por ello que es urgente una reforma integral al sistema nacional de seguridad pública que impacte a nivel local. Las dinámicas locales tienen una tendencia a ser más efectivas y exitosas, y ese ha sido la reforma pendiente. En ningún momento considero que se pueda (y deba) justificar el actuar de los policías que mataron a Giovanni, sin embargo, la situación deja al descubierto que debemos cambiar la estructura y políticas públicas para evitar a más víctimas en manos de policías. Mejores controles internos, rendición de cuentas y transparencia sobre los programas internos y políticas institucionales son puntos que también se debe exigir a los gobiernos locales. Como lamentablemente señaló la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés): “durante más de dos décadas, sucesivos, gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abusos y corrupción”.  

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Twitter: Renesito_ 

Reporta INEGI aumento en víctimas de corrupción en 2019

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La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 realizada por el Inegi, reveló que el número de víctimas y de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos creció en el país 7.5 por ciento respecto a los dos años anteriores.

La prevalencia de esos actos se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019; mientras la tasa de casos nuevos pasó de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019.

Esta información contempla actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y deja de lado las prácticas en unidades económicas.

De acuerdo con el organismo, los incrementos en hechos reportados de corrupción dispararon también en 64.1 por ciento el costo total de este problema.

En 2019 la suma ilícita de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12 mil 770 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.

En 2017 resultó en 7 mil 780 millones y 2 mil 450, respectivamente.

“El mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2 por ciento de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25 por ciento”, indicó el Inegi en un comunicado.

Los Estados que tienen la mayor tasa de víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes son Durango, con 25 mil 400 víctimas; Ciudad de México y Estado de México, ambos con 20 mil 700; Morelos, con 16 mil 400; Guanajuato, con 16 mil 200 y Jalisco, con 16 mil 100.

A pesar de este incremento en el número de víctimas y de actos de corrupción, la percepción de la gente fue que hubo una reducción en la frecuencia de los actos de corrupción en las instituciones de gobierno, al pasar de 91.1 por ciento en 2017 a 87 por ciento en 2019.