#HojaDeRuta: “Oponerse con razón”

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Era bien sabido que vendrían reformas a la ley orgánica previas al inicio del nuevo gobierno federal. Es lógico que una nueva administración busque cambiar la arquitectura institucional del aparato federal para que este se adecúe al plan de gobierno que se ejecutará. De hecho esto suele suceder cada sexenio.

Si bien es natural que la oposición polemice con la naturaleza de estos cambios, no deja de sorprender el encuadre político que se ha buscado darle en este caso: el de prevenir una dictadura. 

Los legisladores de Acción Nacional tomaron la tribuna previo a la aprobación de estas reformas, sosteniendo una manta que rezaba “No a la Dictadura Obradorista”, acompañada de una imagen del presidente electo con uniforme militar y una bandera venezolana de fondo, obviamente referenciando al ex mandatario de ese país, Hugo Chávez.

Como táctica, la comparación de AMLO con Chávez dio excelentes dividendos al PAN, pues desde 2006 buscó hacer un símil entre ambos personajes bajo un discurso del miedo, en aquella infame campaña del “Peligro para México”, a pesar de que las supuestas similitudes no resistían el escrutinio. 

En el proceso electoral de 2018 se buscó nuevamente generar una liga similar, que no funcionó ante un electorado lleno de hartazgo y enojo hacia las opciones tradicionales y las agudas problemáticas del país, desde la corrupción hasta la violencia.

Como cualquier tema público, la creación de la figura de los delegados federales y cualquier otra decisión que tome la administración de AMLO -y cualquier otra, para ese propósito- es debatible. Sin embargo, afirmar que estas reformas están llevando al país hacia una dictadura es un exceso que carece de responsabilidad institucional hacia la República.

Para dimensionar los cambios que están ocurriendo, por ejemplo, con la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habrá que recordar que en 2012, al entrar la administración del Presidente Peña Nieto, también se hicieron reformas a la Ley Orgánica que desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública y crearon la Comisión Nacional de Seguridad dentro de la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia quedó como responsable tanto de la política interior como del aparato de seguridad no militar del Estado Mexicano, es decir, reunió en un solo ente la operación política y la seguridad pública.

En aquél momento se criticó de diversos sectores la maniobra, pero no se habló de una dictadura. Cabe también traer a la memoria pública el exposé que publicó el New York Times en junio de 2017, cuando dio a conocer que el Estado Mexicano, a través del software Pegasus (en el que habría gastado alrededor de 80 millones de dólares), estaba espiando a activistas de Derechos Humanos y periodistas, cuando se suponía que esa herramienta solo debería ser utilizada para investigar a criminales y terroristas. Esa sí que era una práctica propia de una dictadura: espiar a quienes un régimen considera enemigos políticos.

La oposición tiene derecho de ejercer crítica y presión política como mejor le parezca, dentro del marco de la ley, pero también de un marco ético: el de no desinformar ni tergiversar la realidad, pues vivimos una época donde los hechos comprobables son cada vez más frágiles, mientras se fortalecen percepciones políticas basadas en la desinformación y la discordia.

Una dictadura implica la desaparición de garantías, censura a la prensa, represión ante la disidencia, la utilización del aparato estatal para amedrentar e incluso asesinar. Significa la destrucción de las instituciones democráticas y el imperio de la ley. 

La tragedia es que, aunque no de forma generalizada, estas atrocidades han venido ocurriendo durante los últimos años en México: se violan Derechos Humanos; se asesinan periodistas; se espía a activistas; se realizan ejecuciones extrajudiciales; se cometen actos de corrupción y fraude de forma sistemática; se pisotea la ley.

Personajes como Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas y el mismo Trump significan una regresión hacia fantasmas del pasado que creímos expiados en el siglo XX, pero retornan de las sombras de donde se escondían. Hoy México tiene el reto compartido desde el nuevo gobierno federal, las autoridades a todos los niveles, la oposición, la prensa y la sociedad en su conjunto, de conducir la vida democrática dentro de la institucionalidad.

Más valdría concentrarse en fortalecer nuestra frágil democracia para evitar la polarización, que andar azuzando y sembrando la sedición sin fundamentos. Puede estarse de acuerdo o no con la agenda del Presidente electo, pero no existe ningún elemento objetivo para afirmar que se está avanzando hacia un régimen totalitario.

Vivimos un momento complejo, donde las polarizaciones pueden agudizarse y mutar en extremismos. Lo mejor que puede hacer la oposición es precisamente serlo, de manera crítica, responsable y con la dureza que considere necesaria, pero dentro de un marco democrático, es decir, con hechos y dentro de la ley.

gilberto@altiusconsultores.com

Aseguran en Sonora vehículo con bazuca para lanzar droga hacia EU

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Agentes de la Policía Federal aseguraron un vehículo con un aditamento para proyectiles, similar a una bazuca, aparentemente utilizado para el lanzamiento de paquetes de droga desde la orilla de la franja fronteriza de México hacia Estados Unidos.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad informó que el aseguramiento se realizó durante un recorrido sobre la Avenida 14 en Agua Prieta, Sonora, donde los efectivos detectaron un vehículo estacionado sin placas de circulación que se encontraba con las puertas abiertas.

 En la unidad se localizó un compresor de aire, un motor de gasolina, un tanque para almacenar aire y un tubo metálico de aproximadamente tres metros de largo (bazuca de fabricación casera).

También se detectó que la unidad contaba con un corte en la parte posterior del capacete que permitía colocar el tubo metálico para el lanzamiento de proyectiles, posiblemente utilizado desde la orilla de la franja fronteriza de México hacia Estados Unidos.

El vehículo cuenta con reporte de robo en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con una averiguación previa abierta el pasado 1 de julio.

La unidad y los aditamentos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación que dará seguimiento a las investigaciones que correspondan.

CNDH confirma violación de derechos humanos durante operativo en Nochixtlán

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En los hechos del 19 de junio del año pasado en Nochixtlán, Oaxaca, hubo uso excesivo de la fuerza tanto de elementos policiacos estatales y federales, todos los funcionarios involucrados en el operativo policiaco deberán ser investigados y en su caso fincar responsabilidades, además de pedir disculpas públicas indicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar la Recomendación 7VG/2017, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que el operativo del 19 de junio de 2016, al mando de la Policía Federal para desalojar un bloqueo carretero en Oaxaca tuvo un “pésimo diseño y una ejecución totalmente mala” que propició que durante 12 horas se registraron tres enfrentamientos entre civiles y elementos policiales en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo, Hacienda Blanca y Viguera.

De estos enfrentamientos, siete personas perdieron la vida, 453 civiles resultaron con lesiones físicas, 45 de ellos por arma de fuego; 106 elementos policiales también fueron heridos, cuatro de ellos por lesiones de arma de fuego.

“El grupo de coordinación Oaxaca este grupo fue el que estuvo coordinando el diseño del operativo, estamos pidiendo que se finquen responsabilidades, que se procesen previo investigación a quienes intervinieron en el diseño ejecución del operativo. El grupo de coordinación Oaxaca hizo un pésimo diseño una ejecución totalmente mala que propició estas consecuencias, la instrucción fue que no fueran armados”, indicó.

Enrique Guadarrama López, Segundo visitador general de la CNDH, señaló que se acreditó con testimonios de los propios mandos de los policías que el operativo del 19 de junio fue monitoreado en un hotel ubicado en la Ciudad de Oaxaca, por el denominado Grupo de Coordinación Oaxaca, integrado por autoridades estatales y federales, además de que en ese mismo hotel la Policía Federal estableció un puesto de mando que se encargó de llevar a cabo cuestiones de enlace y operatividad entre los elementos policiales que acudieron al operativo y los mandos superiores.

Según los testimonios recabados por las CNDH, elementos de la Gendarmería declararon que fue su propio instinto o la autodeterminación lo que los llevó a accionar sus armas. El testimonio de uno de ellos indicó “nadie dio esa orden, todo fue sentido de supervivencia”.

Ante estos hechos la CNDH recomendó a la Comisión Nacional de Seguridad, en materia de satisfacción a las victimas una disculpa pública en coordinación con el gobierno del Estado; asimismo se pide la colaboración en los procedimientos administrativos  y penales que se inicien en contra de los responsables, incluyendo a los mandos por la operación del operativo.

También recomendó el uso obligatorio de cámaras fotográficas, de vídeo y audio en los operativos, así como la revisión del marco normativo aplicable al uso de la fuerza de la Policía Federal.