Juez amplia 6 meses proceso a Javier Duarte; rechaza datos bancarios

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El juicio contra el ex gobernador de VeracruzJavier Duarte, se reanudará hasta después de temporada electoral. El juez Gerardo García Moreno concedió un plazo de seis meses como prórroga a la investigación complementaria para la defensa y para el equipo de la Procuraduría General de la República por el desvío de mil 670 millones de pesos.

El plazo ampliado comprende del 1 de febrero y al 31 de julio, se dictó en la audiencia celebrada este miércoles en la Sala Dos de los juzgados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el Reclusorio Norte.

Un golpe para el Ministerio Público federal fue la negativa del juez de someter a una medida de “control judicial” los estados de cuenta de Duarte de Ochoa entregados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Es decir, la parta acusadora solicitó a un juez se reintegrara toda la información ya existente a la carpeta de investigación. Pero esto no procede.

La Suprema Corte decretó en noviembre pasado, que la obtención de datos bancarios requiere autorización judicial.

El Ministerio Público informó que después de seis meses sólo solicitaron el apoyo internacional del gobierno de Suiza, donde se presume el político cordobés tiene cuentas con prestanombres.

La defensa de Duarte de Ochoa buscó invalidar las pruebas bancarias presentadas por el Ministerio Público. Argumentaron que se violó el derecho a la privacidad de su defendido pues la prueba fue recaba con antelación y sin autorización judicial.

El abogado Marco Antonio del Toro fundamentó su argumento en los artículos 152 y 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por su parte, con el 97 del CNPP dijo que “cualquier acto que haya violado los Derechos Humanos será inválido”. Dichas pruebas de la Comisión Bancaria fueron obtenidas violando el derecho a la privacidad del ex gobernador y, a decir de Del Toro, tenían que ser removidas.

Hackean tarjetas de Bansefi para damnificados

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A unas siete cuadras de la playa de Boca del Río, en Veracruz, está la tienda Chedraui en donde, durante once días (del 23 de octubre y hasta el dos de noviembre de 2017) se hicieron cargos a 82 tarjetas entregadas a los afectados por los sismos de septiembre pasado.

El supermercado de Boca del Río es uno de los cuatro establecimientos comerciales que, en una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se mencionan como los sitios desde donde se realizaron cargos a las tarjetas de débito clonadas a damnificados de Chiapas y Oaxaca. Los otros tres comercios son una pizzería de Guadalajara, Jalisco; otra del Puerto de Veracruz; así como una tienda de celulares en Cancún, Quintana Roo.

La investigación realizada por la CNBV, a la cual Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso, detectó los mecanismos que se utilizaron para robar dinero de las tarjetas de débito que el Banco Nacional de Servicios Financieros (Bansefi) distribuyó entre los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Hasta el pasado 22 de noviembre, 258 damnificados habían denunciado que las tarjetas entregadas por Bansefi registraban cargos que ellos no reconocían. La CNBV confirmó que 96.5% de esas tarjetas sí fueron hackeadas y se extrajeron a través de ellas, de manera ilegal, dos millones de pesos.

El fraude, sin embargo, podría ser mayor: la CNBV encontró que el mismo modus operandi se utilizó para realizar transacciones irregulares en cientos de tarjetas más, de las cuales no se tenía denuncia hasta el 22 de noviembre.

La CNBV también resalta que por “la falta de capacidad para detectar y bloquear transacciones de tipo fraudulentas, esa entidad (Bansefi) habría sido objeto de clonación del 96.5% de las tarjetas que entregó a los 258 beneficiarios que presentaron quejas por transacciones no reconocidas, al 22 de noviembre de 2017, pertenecientes a los estados de Oaxaca y Chiapas“.

 

Niega Bansefi desvió recursos en tarjetas para damnificados

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Tras las constantes acusaciones hacia el gobierno federal, tras la supuesta simulación en la entrega de tarjetas de apoyo a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre. El titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade, declaró que “no existe ningún fraude o desvío de recursos” en la entrega de estos apoyos.

En entrevista para Radio Fórmula, Andrade declaró que por las prisas de ayudar, existe la “posibilidad de haber generado nombre duplicados o plásticos con anomalías, pero no se entregaron más fondos de los que cada damnificado le corresponde”.

Virgilio Andrade aseguró que la cuenta de banco con los fondos correspondientes, se encuentra bien resguardada, por lo que es imposible que exista un desvío para aquellos que no les corresponda la ayuda.

Cabe resaltar que dentro de este tema, que la CNBV, investiga el tema del uso de recursos del fondo de catástrofe, por lo que se tiene como fecha límite el 2 de febrero para presentar los alegatos pertinentes.

De acuerdo con cifras oficiales, se han repartido más de 154 mil tarjetas en dos mil 509 localidades afectadas por los sismos, y de los seis mil 259 millones de pesos destinados ya se han gastado cuatro mil 495 millones.

INE sanciona a siete partidos por pagar a representantes de casilla en 2012

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a siete partidos políticos con 36.9 millones de pesos por financiamiento paralelo, al pagar con tarjetas bancarias a representantes de casilla en los comicios de 2012.

En sesión extraordinaria, el pleno determinó multas al PRI, por 29 millones 340,000 pesos, y al PVEM, por 964,000, fuerzas políticas que conformaban la coalición Compromiso por México.

En tanto, al PRD impuso una sanción por 1.5 millones de pesos; al PT por millón 648,000 y a Movimiento Ciudadano por 964,000 pesos, que integraban la coalición Movimiento Progresista.

En tanto, al PAN se le impuso una multa por un millón 484,000 pesos y a Nueva Alianza de 978,000.

El consejero Ciro Murayama explicó que el 1 de diciembre pasado, y tras cinco años de requerimiento de información, y a 40 días de que expirara la posibilidad de sanción se obtuvo una base de datos de BBVA Bancomer.

Al cruzar datos, la autoridad electoral detectó pagos a representantes de casilla de los siete partidos políticos sancionados, mediante depósitos de una empresa fantasma denominada Logística Estratégica Asismex.

El Consejo General determinó que se dará seguimiento al caso, por lo que se dio vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, calificó de inaceptable que se urdan tramas de financiamiento paralelo cuando los partidos reciben generosos recursos públicos, que este año ascenderán a 12,000 millones de pesos.

Córdova Vianello aseveró que este asunto es un ejemplo de lo que se quiere lograr con la fiscalización, la cual debe trascender la dimensión contable, ya suficientemente probada y consolidada, hacia un trabajo de inteligencia financiera.

De esta manera, se permite desenmascarar las redes de financiamiento paralelo, con el objetivo de revindicar la actividad política, puntualizó.