La pobreza alimentaria es un problema de distribución, no de falta de alimentos. Me atrevo a decir esto debido a que el 37% de los alimentos en México se desperdician por falta de infraestructura, una mala coordinación y falta de cultura del cuidado de los alimentos. 

Para poner este número más a la realidad, este 37% de alimentos desperdiciados representa 120 mil toneladas de comida al año, es decir, 328.7 toneladas diarias. A pesar de que se han generado esfuerzos de parte de la SEDESOL junto con el Banco de Alimentos de México para recuperar parte de estos alimentos, solamente se recupera lo equivalente a 4 días de lo que se desperdicia al año. El restante que no se recupera equivale a 120 mil millones de pesos según datos de la SEDESOL.

No hay un solo lugar en donde no se desperdicien todos estos alimentos; sucede en el campo debido a tecnología retrasada, la industria al procesar los alimentos, los supermercados, ya que los alimentos que no se venden los tiran, las centrales de abasto, al no manejarlos adecuadamente, tienden a ser putrefactos más rápido y en los hogares al tirarlos aunque aún sean comestibles.

En el Congreso del Estado de Nuevo León, con una iniciativa presentada por el Dip. Marcelo Martínez y Dip. Daniel Carrillo, se está buscando que los supermercados y comercializadoras desperdicien la menor cantidad de alimento posible. Se está trabajando con el Banco de Alimentos de México para crear la Ley del derecho a la alimentación adecuada y combate contra el desperdicio de alimentos.

En esta Ley se busca que los supermercados y comercializadoras de alimentos, estén obligados a donar la comida, a los bancos de alimentos que ya no pueden vender por su estado físico, pero que aún son consumibles. La comida donada será vendida al consumidor final a un 10% de su valor original, para apoyar a las familias con el costo sin crear un programa clientelar y mantener las actividades de los bancos de alimentos.

Se pretende dar incentivos a los supermercados, sin embargo, si no cumplen con la ley se les castigara con multas que ascenderán si continúan infringiendo la ley.

Si esta iniciativa se aprueba, tendremos una ley que permitirá reducir el número de personas en pobreza alimentaria en nuestro estado, nos permitirá redistribuir el alimento y ser un estado más sostenible.

Todos merecemos una alimentación digna.