Ombudsman de la Salud

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El 29 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud (en adelante LGS) y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Lo anterior, implica uno de los cambios más trascendentales en el sistema de salud mexicano impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, pues se derogaron las disposiciones relativas al Sistema de Protección Social en Salud (en adelante Seguro Popular) y se implementaron las disposiciones sobre la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, mismas que entraron en vigor a partir del 1º de enero de 2020.

Las nuevas disposiciones, tienen como objetivo que las personas que no cuenten con seguridad social tengan derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos al momento de requerir la atención.

Para materializar lo anterior, se crea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal cuyo fin es promover y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud para las personas sin seguridad social denominado Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI) y del cual su titular es el Maestro Juan Antonio Ferrer.

Sin embargo, desde el 1º de enero y al día de hoy ha existido confusión y mal información sobre el contenido de la reforma abordada, que incluso llegó a la Bancada del PAN en el Senado.

Lo anterior, pues los Senadores Keila López Rabadán, Guadalupe Murguía, Alejandra Reynoso, Xóchitl Gálvez, Julen Rementería y Damián Zepeda del PAN anunciaron que presentarán una iniciativa de reforma a los artículos 36 y 77 de la LGS para garantizar 1) que los servicios otorgados por el INSABI sean gratuitos y 2) que se eliminen las cuotas de recuperación para sus beneficiarios.

Iniciativa, que no sería más que un acto fútil, pues los Senadores del PAN, pasan por alto primeramente que el nuevo sistema de salud para las personas que no cuentan con seguridad social garantiza el derecho de sus beneficiarios a recibir los servicios de salud de manera gratuita, pues así lo consignan expresamente los reformados artículos 77 bis 1 y 77 bis 37 de la LGS.

Máxime que incluso con el nuevo sistema, los beneficiarios ya no tendrán que realizar las aportaciones anuales que enteraban al Seguro Popular, puesto que ahora el financiamiento del INSABI será realizado únicamente por la Federación y Entidades Federativas.

También, soslayaron que el artículo 36 de la LGS que prevé las cuotas de recuperación que pueden cobrar algunos hospitales, no fue materia de la reforma de 29 de noviembre de 2019, puesto que dichas cuotas de recuperación existen desde 1987 y su última modificación se dio en 2005.

En la misma tesitura, contrario a sus manifestaciones, olvidaron que la fracción XIV, del artículo 77 bis 37 de la LGS también reformado, expresamente señala que los beneficiarios del INSABI tienen derecho a no cubrir ningún tipo de cuota de recuperación o cualquier otro costo por los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

Por esto, es que la iniciativa de reforma pretendida por la Bancada del PAN resulta un acto fútil, pues las “mejoras” que pretenden implementar ya se encuentran previstas expresamente en la LGS desde la reforma de 29 de noviembre de 2019.

Así, como en otras columnas lo he mencionado lo que me parece y a la ciudadanía debe parecerle verdaderamente preocupante es la amnesia con la que se conducen nuestros legisladores, pues se olvidaron del contenido de un texto reformado que no tiene más de un mes de vigencia y que supuestamente estudiaron para ser votado.

Finalmente, lo cierto es que hoy el titular del INSABI se erige como el nuevo Ombudsman del sistema de salud nacional.

Piden dar recursos de Sedena a estancias

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La senadora panista Alejandra Reynoso pidió a la Secretaría de Hacienda reasignar al programa de Estancias Infantiles recursos etiquetados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como el presupuesto ahorrado por el Senado por las medidas de austeridad.

La suma total de recursos disponibles sería de casi 2 mil 400 millones de pesos, cifra superior al recorte de 2 mil millones de pesos al programa.

En un punto de acuerdo, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) planteó la transferencia de 280 millones de pesos ahorrados por el Senado, mismos que fueron devueltos a la Tesorería de la Federación.

Por otro lado, sostuvo, a las estancias se les podría reasignar hasta 2 mil 100 millones de pesos que fueron previstos en el Presupuesto 2019 de la Sedena para la operación de la Guardia Nacional, cuerpo que aún no existe y cuyos recursos no han sido, por tanto, ejercidos.

“El presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional paso de 81 mil 021 millones de pesos asignados en 2018 a 93 mil 670 millones de pesos proyectados para 2019, poco más de 12 mil 500 millones de pesos extras. Si consideramos que el incremento de dicha dependencia se debió a las funciones que ahora tendría, en caso de aprobarse, a través de la Guardia Nacional, pero que estas responsabilidades aún no han sido conferidas por mandato legal, ya que se encuentra en discusión en este Poder, podríamos concluir que, de lo presupuestado, habrá un remanente presupuestal por lo no ejercido en este tiempo que ha transcurrido en el año fiscal”, se lee en la propuesta.

“Del incremento presupuestal a la Secretaría de la Defensa Nacional para funciones de Guardia Nacional, podrían reasignarse alrededor de 2 mil 100 millones de pesos (correspondientes a los meses de enero y febrero) para amortizar el recorte presupuestal al programa de estancias infantiles“.

En tanto, el perredista Miguel Ángel Mancera urgió al Gobierno a establecer un plan temporal de acceso inmediato para el cuidado infantil a través del IMSS, la SEP y el ISSSTE que beneficie a las familias que se hayan visto afectadas por el cierre de las estancias.

También exhortó a que se convoque al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a fin de atender de manera inmediata el problema y proponer acciones que eviten un daño superior a los derechos de la niñez.