En la actualidad, la ciudadanía nos pide a gritos a nosotros, los diputados del Congreso del Estado, que hagamos las modificaciones necesarias para incorporar la figura de revocación de mandato a nuestros ordenamientos locales.

Para entrar en discusión, primero tenemos que puntualizar qué es la revocación de mandato, para lo cual nos damos la tarea de citar al gran jurista Manuel García-Pelayo. Éste menciona en su libro de Derecho Constitucional que la revocación de mandato es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir mediante votación a cualquier mandatario público antes de que acabe su periodo por el cual fue elegido; ésta abre la posibilidad a la ciudadanía para que, una vez satisfechos los requisitos correspondientes, sometan a consulta del cuerpo electoral la remoción de un funcionario público electo, antes de que venza el plazo por el cual fue designado.

Tengo claro que la revocación de mandato es una herramienta eficaz de la ciudadanía para evaluar a sus gobernantes, así como una puerta a la democracia administrativa al conceder una mayor legitimidad a los gobernantes.

Los Diputados del Partido Movimiento Ciudadano se han dado a la tarea de impulsar dos iniciativas de Ley de Participación Ciudadana del Estado, ambas con la intención de establecer la revocación de mandato, estableciendo de manera clara y precisa cual es el procedimiento a seguir.

Ahora, nuestra Carta Magna establece de manera muy puntal en su Título Cuarto lo relativo a “Las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”. En el artículo 108 se establece quiénes son servidores públicos dentro de los cuales evidentemente entra el Gobernador, los Diputados y los Presidentes Municipales, por mencionar tan sólo algunos de los más importantes, mientras que en el artículo 109 se establecen las sanciones a las que podrán ser acreedores los servidores públicos, contemplando solamente el juicio político, la persecución de los delitos cometidos de conformidad con la legislación penal y las sanciones administrativos que por sus actos u omisiones afecten sus empleos, cargos u omisiones.

Por último, el artículo 110 del mismo ordenamiento, establece que los Gobernadores, Diputados Locales y Presidentes Municipales (éstos últimos se les confiere fuero en la Constitución Local), etc., pueden ser sujetos a juicio político, trayendo como sanción solamente la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Lo anterior nos quiere decir que las únicas sanciones por el mal desempeño de algún funcionario es el juicio político.
Aunado a lo anterior, y para reforzar este argumento, me permito hacer referencia a la Tesis Jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número de registro 2002049 y el rubro “Revocación de Mandato conferido al gobernador y a los Diputados Locales. Constituye una forma de dar por terminado el cargo de los servidores públicos referidos que carece de sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

No queda más que decir que las iniciativas presentadas por Movimiento Ciudadano son totalmente inconstitucionales.

Esta jurisprudencia nos dice claramente que la Constitución Federal solamente contempla como única forma de dar por terminado el ejercicio del cargo de los Gobernadores y Diputados Locales antes de la conclusión legal de su mandato, la de la responsabilidad de los servidores públicos (ya mencionadas con anterioridad), sin que pueda establecerse válidamente una diferente en las Constituciones de los Estados. Por lo que la figura de revocación de mandato para Gobernador y Diputados Locales constituye una forma de dar por terminado su cargo que carece de sustento constitucional.

De conformidad con lo ya mencionado, no queda más que decir que las iniciativas presentadas por Movimiento Ciudadano son totalmente inconstitucionales, ya que la Constitución Mexicana es muy clara al establecer las responsabilidades de los servidores públicos, sin que se contemple la figura de revocación de mandato, por lo cual a nivel estatal no podríamos regularla.

Estimamos que se deben hacer las modificaciones necesarias a nuestra Carta Magna, para posteriormente hacer las adecuaciones a nuestra legislación local.

Es importante mencionar que un servidor y el Partido Acción Nacional están a favor de incluir la revocación de mandato, tan es así que en mayo del año en curso presente iniciativa de reforma por modificación a la Constitución Federal para incluir las figuras de revocación de mandato, referéndum y plebiscito. Sin embargo, estimamos que se deben hacer las modificaciones necesarias a nuestra Carta Magna, para posteriormente hacer las adecuaciones a nuestra legislación local, para que de esta manera no exista posibilidad que por medio de un juicio de amparo puedan dejar sin efectos las disposiciones relativas a la revocación de mandato, al ser claramente inconstitucional.

Estén seguros de que un servidor impulsará este tema, el cual traerá consigo una mayor participación de la ciudadanía, parte fundamental de la democracia participativa, para así ir en contra de todo mal gobernante, corrupto y que no cumpla con su deber.

Estén seguros de que un servidor impulsará este tema, el cual traerá consigo una mayor participación de la ciudadanía, parte fundamental de la democracia participativa, para así ir en contra de todo mal gobernante, corrupto y que no cumpla con su deber. Pero debemos de hacerlo bien desde la primera vez para que no quepan los amparos y los juicios que mencionando la Tesis Jurisprudencial, que mencione en párrafos anteriores, puedan tumbar una clara intensión de los votantes representados en lo que puede ser un juicio o elección de Revocación de Mandato. Dejando claro esto, dejo claro tambien lo siguiente: en mi caso particular, quiero y apoyo al cien por ciento la modificación a la Constitución Federal de nuestro Pais, para que de esta forma podamos modificar nuestras leyes locales, y contar ahora sí con una herramienta firme, legal y directa que tenga la ciudadania para sacar a los malos gobernantes de sus puestos.

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