La lección de Chumel

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A raíz de que Conapred invitó a Chumel Torres para participar en un foro sobre discriminación, las opiniones en redes sociales han girado en torno a varias preguntas: ¿Fue un error haber invitado a Chumel Torres a un foro validado por un organismo del Estado?¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en México ? ¿Debemos discutir con quienes discriminan o no dar foro para que se reproduzca el discurso de odio que predican? ¿Funciona Conapred o no? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo con la Cuarta Transformación y las instituciones en nuestro país? 

Conapred ha funcionado en ciertas labores de investigación, en recopilaciones de diagnósticos, en sanciones y defensa de ciertos casos. Sus agendas han servido para visibilizar a la población afromexicana, la agenda LGBT -recordemos cuando se dio Seguro Social a parejas homosexuales a pesar de las resistencias durante el gobierno de Calderón- o el acompañamiento a demandas como el que las trabajadoras del hogar puedan acceder al Seguro Social: hoy el gobierno de la transformación ha echado a andar, por mandato de la Corte, el programa piloto para impulsar sus afiliaciones al IMSS.

Sin embargo, ha habido cuestionamientos sobre el éxito y el alcance de las campañas de reeducación y sensibilización en manos de Conapred, así como de su estrategia comunicativa para multiplicar los públicos y los perfiles a los que interpela con su agenda y su poca efectividad de darse a conocer con el fin de que más grupos vulnerados puedan ser acompañados por la institución estatal a lo largo de sus luchas democráticas.

Más allá de esto, lo sucedió a raíz del foro puso sobre la mesa un debate que se ha venido perfilando desde el inicio del sexenio: la idea de democracia con la que hemos sido criados durante años en México. Desde finales del siglo pasado a los mexicanos nos fue impuesto un mito que hemos mamado sin rechistar: el mito de que con el simple hecho de tener instituciones ipso facto nuestro país se convertiría en una nación democrática. Se beatificó tanto la figura de los organismos autónomos y descentralizados, que el revisarlos o cuestionarlos en la eficacia de sus objetivos hoy es visto por muchos como una afrenta a la democracia; esto imposibilita repensar cómo mejorarlas o qué alternativas no institucionales existen para impulsar agendas.

Bajo una pantalla de supuesta neutralidad, en varias ocasiones estas instituciones han sido utilizadas para defender ciertos intereses políticos del partido en el poder en turno: en su momento, figuras emblemáticas de CONAPRED cerraron filas para validar el fraude electoral de 2006 y pedir que no se realizara el conteo de voto por voto democrático que habría podido resolver la incertidumbre alrededor de la elección AMLO- Calderón; en el sexenio de EPN la cabeza de CONAPRED aseguró que no descartaba el uso de la fuerza pública para reprimir la protestas de la CNTE, esto durante el conflicto desatado por la (mal)llamada reforma educativa que no tomó en cuenta al profesorado.  

Quizá lo que más preocupa al obradorismo en este momento es que haya habido una multiplicación de órganos e instituciones que durante varios sexenios sirvieron como cuotas políticas para académicos e investigadores orgánicos y hoy se defienda a capa y espada en ciertos sectores para mantener esas estructuras de privilegio a partir del amiguismo.  

Quizá lo que resulta más triste de todo el mito sobre esta democracia simulada es que ha permeado a tal punto que hemos visto estos últimos días cómo compañeras feministas históricas y compañeros luchadores desde la sociedad civil -hablo particularmente de Martha Lamas, Mauricio Merino y Jaqueline L’Hoist-, toman posturas tibias en televisión con relación al papel violento que ha jugado la comedia de personajes como Chumel Torres en la perpetuación de la discriminación en México; esto con tal de cerrar filas con CONAPRED y minimizar el error del equipo encabezado por Mónica Macisse al realizar el foro. Decidieron así cerrar filas con un organismo antes que cerrar filas en contra del racismo y clasismo que tanto ha dañado nuestro país. Esta era su oportunidad para demostrar dónde estaban sus prioridades.

Hay que reconocer que Conapred ha tenido éxitos y carencias. Valdría la pena por lo tanto replantear hacia delante el mito de la democracia estática con el que hemos crecido y con la que hoy nos encontramos encerrados al final de un laberinto. Comencemos a apostar por una nueva definición donde las instituciones y organizaciones estén constantemente bajo el ojo crítico de todas las personas, sin importar su nivel de estudios o su nivel politización – lo cual es particularmente importante para instituciones que trabajan con población vulnerada y que por sus condiciones socioeconómicas posiblemente contará un un nivel bajo de estudios formales-. Sobre todo, no cerremos las puertas a formas distintas de impulsar nuestras causas y convicciones más allá de las instituciones: la lucha social ha logrado impulsar múltiples esfuerzos y poner en el debate temas fundamentales contra el racismo y el clasismo. Solo así se podrá transformar el país. 

La transformación debe incluir a la policía

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Además de la terrible corrupción que buscó encubrir durante casi un mes el caso del joven asesinado por policías; donde un gobierno estatal y municipal aún hoy se echan la bolita para no asumir responsabilidades; además de la represión por parte de la policía estatal de Jalisco a las protestas, la desaparición forzada de un grupo de jóvenes y su posterior conducción al penal de Puerta Grande sin una carpeta abierta o sin tener una abogada, los sucesos acontecidos a partir del caso del joven Giovanni, detenido, torturado y asesinado por policías en Jalisco por el simple hecho de no llevar un cubrebocas, pone al descubierto el problema de la brutalidad policiaca que hemos tenido durante muchos años en este país. Ahora desafortunadamente a este caso se suma el del pequeño Alexander de 16 años quien fuera confundido en Oaxaca con narcotraficantes y asesinado de un balazo por un policía.

Todo esto que sucede es abrumante, y sin embargo no es sorpresa para nadie. Entre 2006 y 2014 hubo ante la CNDH 11 mil quejas -atención que fueron solo las denunciadas dentro de un delito que se reporta poco por miedo a denunciar a la autoridad- por tortura y maltrato policial. De acuerdo con Amnistía Internacional, 7 de cada 10 mujeres detenidas en México han sido torturadas o han sufrido violencia sexual. No es de a gratis que las torturas policiales mexicanas sean famosas: el “tehuacanazo”, la “chicharra” y el “buzo”. Definitivamente en México tenemos un problema con la policía, y más que con la policía con la autoridad, ya que la policía no es sino otro eslabón mal preparado de una cadena de elementos de autoridad que han sido corrompidos y descuidados al menos durante cuarenta años.

El error de lo acontecido en Jalisco está en tres partes: 1) en la narrativa del autoritarismo, en la mano dura del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro que desplegó a la policía para hacer acatar el confinamiento y criminalizó tajantemente a quienes salieran de sus casas. 2) No habría ocurrido la brutalidad policiaca de no ser que tenemos una policía mal preparada al momento de realizar sus tareas, y es que el tener una paración técnica no implica que tengan una preparación humanitaria basada en el respeto a los Derechos humanos. 3) El último gran error es el de no entender que este país la justicia es accesible de manera diferenciada de acuerdo a temas de género, de color de piel y por supuesto del estrato socioeconómico del que venimos. Hay que reconocer los patrones de abuso policial e impunidad para entender desde dónde atenderla: en la práctica el acceso a la justicia en nuestro país es un tema de privilegios. 

Cualquier reforma a las policías municipales y estatales, así como a encargados de procuración de justicia debe necesariamente tomar en cuenta una sensibilización en temas de género, una conciencia de la discriminación que hay en México vinculada a un tema de raza y, por supuesto también, a la opresión y la violencia que se ven sometidas las y los mexicanos de los estratos económicos más pobres. Solo así, prestando especial atención a quienes han sido más vulnerados, podemos partir de un principio de justicia igualitaria para evitar que más  -jóvenes, morenos y de clase baja- sean asesinados a sangre fría por autoridades que simplemente saben que pueden hacerlo.

 

Camila Martínez Gutiérrez. 

Estudiante de Comunicación Política en la UNAM. Consejera Editorial en Regeneración. Feminista. Obradorista.