El día de ayer, pasó lo que tuvo que haber sucedido desde aquel 17 de julio de 2020, a Emilio Lozoya Austin un juez le ha dictado prisión preventiva justificada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa básicamente de lo siguiente:
1.- La existencia de una alta probabilidad de fuga, pues posee una cuenta bancaria con 2 millones de euros;
2.- Poco pudor procesal al salir a cenar al Hunan de las Lomas; y
3.- Utilizar el criterio de oportunidad para dilatar y obstaculizar el proceso.
Formalmente, los delitos de los que se le acusará son: Cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. Donde de comprobarse alcanzaría los 35 años de prisión.
Emilio es un corrupto confeso, pero el tema es político y no jurídico. A nadie le queda duda de que si esa noche no salía a cenar al Hunan, con esa soberbia y frivolidad que quienes lo conocen aseguran que lo caracteriza, Lozoya seguiría libre gozando de los privilegios que el ser el testigo colaborador favorito de la 4T le daba, pero como en cualquier presidencialismo exacerbado, al más viejo estilo del PRI: Nadie se puede burlar así del Presidente, y quien lo hace, recibe un castigo.
Ante esta provocación, que por cierto, bien lo dijo el Presidente: no fue ilegal, pero sí inmoral; claramente le resultó molesto y el uso faccioso y discrecional de la justicia no se tardó en llegar con una Fiscalía que nuevamente actúa con fines políticos y bajo las órdenes directas del titular del Poder Ejecutivo.
Aquí el que queda peor parado es la endeble FGR y su titular, Alejandro Gertz Manero, el cual tuvo forzosamente que hacer un giro para -ahora sí- solicitar la prisión preventiva y salvar el poco prestigio que queda de la institución, malabareando con una serie de errores entorno a un caso que se les perdió en el camino cayendo en un absoluto ridículo.
El caso está abierto y el proceso penal continúa para ver si se materializa el criterio de oportunidad que la defensa construye junto a la FGR. Este caso va a ser una gran oportunidad para que “calemos” a nuestra Fiscalía y socialmente la auditemos a ver si ya aprendieron a armar carpetas de investigación sólidas o se seguirán repitiendo los fracasos jurídicos del pasado.
Estemos atentos a ver si por fin podrá Lozoya demostrar que efectivamente recibió instrucciones de un superior jerárquico para adquirir y utilizar recursos de procedencia ilícita o si se compró voluntades políticas a la oposición para la aprobación de la reforma energética. Que honestamente se ve difícil. Dicho esto, el “Peking Duck” más caro en la historia del Hunan, lo pagó Lozoya.