Un juez de Control dictó prisión preventiva justificada contra el ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, ante el riesgo de que evada la justicia.

La siguiente audiencia del caso se programó para el próximo martes a las 10:00 horas.

En tanto, Ancira permanecera en el Reclusorio Norte.

Previamente, el detenido, ofreció como garantía dos millones de dólares y la entrega de sus pasaportes a cambio de no ser ingresado al Reclusorio Norte y obtener arresto domiciliario.

También dijo estar dispuesto a presentarse de manera periódica al juzgado así como portar un brazalete electrónico.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para el empresario mexicano, señalado de corrupción y lavado de dinero.

Un día después de que el empresario llegara a México, extraditado desde España, la FGR argumentó que existe riesgo de fuga.

Por su parte, la defensa de Ancira Elizondo señaló que encarcelar al empresario podría poner en riesgo su salud, pues, cabe recordar, que durante la audiencia inicial el empresario tuvo que ser atendido médicamente por malestares físicos, producto de una anemia.

Los abogados de Alonso Ancira buscan que este continúe su proceso en libertad a través del pago de una multa y sujeto a un brazalete electrónico.

El empresario es señalado por corrupción y lavado de dinero, derivado de una denuncia que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó en marzo de 2019 “con motivo de una serie de delitos que motivaron un. grave daño patrimonial a esa empresa”.

Los delitos que se le atribuyen están relacionados con la investigación en marcha de la venta a un supuesto sobreprecio de una planta de fertilizantes hecha a Pemex en 2013.

Según los investigadores, la venta de esa planta fue sellada con un sobreprecio de 500 millones de dólares por Altos Hornos de México (Ahmsa) cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin, quien también se enfrenta un juicio en México.

Fuentes del Gobierno de México indicaron que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.

El auto judicial argumenta que Alonso Ancira cooperó en el lavado de dinero de Lozoya, “pagando por adelantado” para que cuando este fuera el director general de Pemex se procediera a la “adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos”.