En horas de la tarde del día martes, un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue “hurtado” de una base aérea en Caracas por un miembro activo de dicha institución, Oscar Alberto Pérez. Según los testigos, el helicóptero se dirigió a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio del Interior, donde comenzó a disparar y lanzar granadas contra ambas instituciones públicas.
Parte de lo que se puede ver en los vídeos del helicóptero es una pancarta con la inscripción “350 LIBERTAD”, la cual hace alusión al artículo 350 de la Constitución que llama a desconocer a todo gobierno que no esté apegado a los valores diplomáticos y propios de la república.
Antes tales acciones, el presidente estrella de la República, Nicolás Maduro calificó la embestida de Pérez como un “ataque terrorista de escala golpista contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones”. El helicóptero fue encontrado a unos 50 kilómetros de Caracas el día miércoles; sin embargo, sus ocupantes continúan sin ser localizados.
¿Obra del Gobierno para desviar la atención?
Muchas de las teorías que giran alrededor de este suceso es que es un montaje del gobierno para justificar el uso de la fuerza y crear una cortina de humo sobre los numerosos asesinatos de jóvenes en los 90 días de protesta.
En palabras de Maduro: “Aspiro que el mundo escuche después de 90 días de violencia de destrucción y de muerte: si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas.” No debería ser secreto para nadie que en Venezuela, los votos pasaron a segundo plano en la escala de democracia.
Alejado de estos acontecimientos, Venezuela sigue sumida en una ola de violencia que cada día encuentra más justificación para el uso de su fuerza. Según cifras oficinales, 90 días de protestas han sumado 94 muertos, de las cuales un 88.1% no tienen imputados. Las causas de muerte giran alrededor de traumatismos ocasionados por bombas lacrimógenas y objetos contundentes; y disparos ocasionados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB).