Detienen a 19 trabajadores del penal de Puebla en el que encontraron cuerpo de un bebé

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La Fiscalía General del Estado de Puebla informó la detención de 19 trabajadores y directivos del penal de San Miguel, Puebla. Esto tras el hallazgo del cuerpo de un menor de edad el pasado 10 de enero. 

Se detalló que las 19 personas detenidas están siendo investigadas por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento e infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló ya tener conocimiento acerca de los probables responsables de este hecho; añadiendo que hoy se darán a conocer avances importantes de la investigación del caso.

Cabe destacar que el gobierno del estado de Puebla ya destituyó al secretario de Seguridad Pública, Rogelio López y al subsecretario de Centros Penitenciarios, Alfredo Vargas Quintanilla.

 

Con información de: “Milenio”.

Aislan a 90 reos por sospecha de COVID-19

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90 internos del Penal de Cadereyta fueron aislados ante la sospecha de contagio por Covid-19, aunque la mayoría no presenta síntomas, informó Eduardo Guerrero, asesor en materia penitenciaria del Gobierno del Estado.

El especialista comentó que se realizaron siete pruebas a internos que reflejan algunos síntomas relacionados con el coronavirus.

Se explicó que los internos estuvieron en contacto con un médico del penal que dio positivo al virus.

“Sabemos con quién estuvo en contacto el médico, atendió a 380 personas privadas de su libertad e hicimos un barrido el viernes y aislamos a 90 internos que habían presentado algunos de los posibles síntomas”, detalló.

Hoy se publicó que 42 trabajadores del centro penitenciario habían dado positivo de Covid-19.

Los internos están aislados en un módulo especial respetando las medidas de seguridad e higiene.

Además, se les han facilitado medios electrónicos para poder estar en contacto con sus familiares.

 

 

(Con información de El Norte)

Gana “el Güero” Palma amparo para que le hagan prueba de COVID-19

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El Juzgado Noveno de Distrito en Amparo y Juicios Civiles con sede en el estado de México, otorgó la suspensión a Héctor Luis Palma Salazar “El Güero“, que ordena a las autoridades del Penal del Altiplano le realicen estudios médicos y si requiere realizar una prueba rápida para descartar síntomas de Covid-19.

La resolución del juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo señala que: “Se concede la suspensión de plano y de oficio, para que se otorgue al quejoso el tratamiento médico que, en su caso, requiera acorde a su expediente clínico. Asimismo, la suspensión se concede para el efecto de que los médicos que prestan su servicio en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, estado de México, con base en los estudios que le realicen al quejoso de los padecimientos que presente, determinen, si es necesario que se le practiquen a éste las pruebas de laboratorio para identificar si es portador del Virus Sars-CoV-2 que origina la enfermedad conocida como Covid-19“.

Se agrega que en caso de dar positivo, las autoridades penitenciarias deben otorgarle de inmediato el tratamiento médico necesario para combatir la enfermedad.

En su demanda, “El Güero” Palma señaló que le han negado aplicarle una prueba de diagnóstico para descartar la enfermedad, ya que acusó que en el penal no le han realizado la prueba, sin embargo se destaca que tampoco se permite el ingreso de médicos para que le tome las muestras necesarias para que sepa si es que contrajo el virus; así mismo, padece de otros problemas de salud, por lo que se le coloca como población vulnerable.

Con información de la Jornada

 

Penales en México: Una olla Express

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La tragedia en el Penal del Topo Chico, donde murieron 49 personas, no es la primera ni la última en México. De hecho, según cifras, desde 1988 a la fecha más de 300 personas han perdido la vida en centros penitenciarios de nuestro país. Lo que paso en el Topo Chico pudo haber sido evitado si las autoridades federales y estatales (sin importar gobernante en turno) hubieran actuado, pues los focos rojos siempre han estado ahí. Le daré una breve semblanza del problema penitenciario que tenemos en Nuevo León (que está en boca de todos por los hechos de ayer) y en México.

En el 2013, un año después de la tragedia en el Penal de Apodaca donde 44 personas murieron, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hizo un estudio en el cual reveló la falta de custodios en los diferentes penales estatales, cifras que, por cierto, son alarmantes y aquí muestro:

  • Penal del Topo Chico: 75 custodios, pero número satisfactorio es 1,015.
  • Penal de Apodaca: 31 custodios, el número ideal es de 349.
  • Penal de Cadereyta: 96 custodios, el número ideal es de 402.

En el mismo informe del 2013, la CEDH alerta sobre la presencia de 300 internos armados y 60 personas secuestradas en los penales neoleoneses.

La cifra más alarmante es la del Topo Chico, pues este penal tiene una capacidad para 3,635 internos y en el momento de la visita tenía 4,585 internos.

En el 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elaboró otro reporte a nivel nacional. En Nuevo León, la CNDH encontró sobre población en dos de los tres penales estatales, pues el Penal de Apodaca —que tiene capacidad para 2,088 internos— contaba en el momento de la visitas con 2,039 internos. La cifra más alarmante es la del Topo Chico, pues este penal tiene una capacidad para 3,635 internos y en el momento de la visita tenía 4,585 internos.

Algunos otros hallazgos de la CNDH fueron los siguientes:

  • Inexistentes acciones para atender incidentes violentos.
  • Insuficiente personal de seguridad y custodia.
  • 0 capacitación de personal técnico.
  • Problemas de hacinamiento.
  • Aunque la Constitución lo prohíbe, personas sentenciadas y procesadas están recluidas en las mismas celdas.
  • En los penales de Apodaca y Topo Chico había presencia de cobros por parte de custodios. Mientras que los tres penales tenían presencia de cobros por parte de los internos.

En los penales de Apodaca y Topo chico existen áreas de privilegios, es decir, como áreas VIP para los internos. Una clara muestra de la corrupción que existe dentro de los penales de nuestro estado.

La otra situación que es alarmante, y que ya venían mencionada en el reporte de la CEDH, es la existencia de objetos y sustancias prohibidas, así como internos que ejercían violencia o control sobre el resto de la población. Sin contar que en los penales de Apodaca y Topo chico existen áreas de privilegios, es decir, como áreas VIP para los internos. Una clara muestra de la corrupción que existe dentro de los penales de nuestro estado.

Nuevo León no es el único en todo México con este tipo de problemas. De hecho, los penales de máxima seguridad sufren de los mismos problemas que los estatales. Digo, al final de cuenta no es como que esto viene como sorpresa, pues Joaquín Guzmán Loera logró escaparse dos ocasiones de penales de máxima seguridad. El Altiplano, Oriente, Puente Grande, Noreste y Noroeste tienen problemas de sobrepoblación.

En enero de 2015, la organización “¿Cómo Vamos Nuevo León?”, junto con especialistas en diferentes materias, creó la “Agenda Ciudadana”. Documento que tuvo el objetivo de ser la base para la formulación de metas y acciones que los nuevos alcaldes y el nuevo gobernador deben de cumplir durante sus actuales mandatos.

En la Agenda Ciudadana se habla nuevamente del peligro que representan los centro penitenciarios en el estado. Dentro de las propuestas del documento para mejorar el sistema penitenciario del Estado está considerado el cierre del Penal del Topo Chico de forma temporal con el fin de garantizar “su gobernabilidad interna y externa”. De igual manera se propone “aumentar el presupuesto de las cárceles, erradicar y prevenir el maltrato de los internos y realizar la separación efectiva entre procesados y no procesados”.

Hasta el momento, lo que ha hecho el estado es reconocer primero el problema que se tiene, pues el Secretario de Seguridad Pública del Estado, el Gral. Cuauhtémoc Antúnez, reconoció hace ya una semanas el descontrol que existe en los centros penitenciarios.

Este punto de la Agenda Ciudadana se convirtió en una de las metas para “¿Gober, Cómo Vamos?”, misma a la que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón se comprometió a cumplir durante la campaña. Hasta el momento, lo que ha hecho el estado es reconocer primero el problema que se tiene, pues el Secretario de Seguridad Pública del Estado, el Gral. Cuauhtémoc Antúnez, reconoció hace ya una semanas el descontrol que existe en los centros penitenciarios. ¿Por algo se empieza no cree usted?

El problema en los penales a nivel estatal y federal no son un problema de hoy, ni tampoco que inició con el gobierno de “el Bronco”. Son un problema de siempre, y la gravedad ha ido en incremento. Lo que trato de decir es que no importa el partido político que este en el gobierno; ninguno, absolutamente ninguno, ha puesto cartas en el asunto y en verdad darle una solución fundamental. Si nadie le da solución los penales seguirán siendo escuelas del delito y situaciones como la del día de ayer, donde lamentablemente gente perdió la vida, seguirán sucediendo, y tal vez el día de mañana no estemos hablando de 49 muertos, sino cientos de muertos y peor aún cientos de fugados.

Diputados, Senadores, Gobernadores, Presidente de la República es hora de darle solución a este tema, que es un elemento más del cáncer de la corrupción de nuestro lindo y querido México.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”