Talibanes advierten que cerrarán todas las ONG en Afganistán donde haya mujeres trabajando

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El Talibán ha anunciado que cerrará todas las organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras en Afganistán que empleen mujeres.

El anuncio se hizo dos años después de que se ordenara a las ONG suspender el empleo de mujeres afganas, supuestamente porque no llevaban el hiyab islámico correctamente.

En una carta publicada en X la noche del domingo, el Ministerio de Economía advirtió que el incumplimiento de la nueva orden llevaría a las ONG a perder su licencia para operar en Afganistán.

El ministerio indicó que era responsable del registro, coordinación, liderazgo y supervisión de todas las actividades realizadas por organizaciones nacionales y extranjeras.

El gobierno ordenaba una vez más la detención de todo trabajo femenino en instituciones no controladas por el Talibán, según la carta.

“En caso de falta de cooperación, todas las actividades de esa institución serán canceladas y la licencia de actividad de esa institución, otorgada por el ministerio, también será cancelada”.

La iniciativa se suma a otros intentos del Talibán de controlar o intervenir en la actividad de las ONG.

A principios de este mes, el Consejo de Seguridad de la ONU difundió que cada vez más trabajadoras humanitarias afganas encuentran impedimentos para realizar su trabajo, aunque la labor de ayuda sigue siendo esencial.

También se ha incrementado la proporción de organizaciones humanitarias que informaron de que su personal femenino o masculino había sido detenido por la policía de la moral del Talibán, según Tom Fletcher, un alto funcionario de la ONU.

Ordenan en Ecuador la detención del expresidente Correa

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Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ordenó la localización y captura del ex Presidente Rafael Correa, condenado a ocho años de prisión por cohecho en un caso conocido como “Sobornos 2012-2016“, por el cual también perdió su derecho a participar en elecciones.

El juez Iván León dispuso que este mismo miércoles se cursen los oficios respectivos a las autoridades policiales para la inmediata localización y captura de los sentenciados.

El caso investigó una red de corrupción mediante la cual se recibieron “aportes indebidos” en el Palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.

El pasado día 7, un Tribunal de Casación de la Corte Superior de Justicia rechazó el recurso interpuesto por Correa y otros imputados, por lo que ratificó, en última instancia, la condena a ocho años de prisión.

La condena también impidió a Rafael Correa, quien vive en Bélgica desde hace tres años, contender por la Vicepresidencia el próximo año, como aspiraba.

Además de Correa, la orden pesa contra su ex Vicepresidente Jorge Glas (en prisión por otro caso de corrupción), y otros ex funcionarios y varios empresarios también envueltos en la trama de corrupción, que ellos niegan.

Entre ellos figuran Alexis Mera, María de los Angeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, William Phillips, Leonardo Córdova, Teodoro Calle y Aateo Choi.

El magistrado también ordenó que se remita un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la condena dispone “la pérdida de los derechos de participación de todos los condenados, por un tiempo igual al de la pena”.

Asimismo, decidió enviar al Ministerio de Economía una orden para que se elimine la pensión vitalicia que recibían Correa y Glas, en calidad de ex mandatarios.

También ordena que las instituciones pertinentes tomen nota de los montos sobre la indemnización a las víctimas del delito-en este caso, el Estado-sobre el comiso de bienes para cumplir con la “reparación integral” por un monto global de 14 millones 745 mil 297.16 dólares.

En el caso de Correa y otros condenados como autores o coautores del delito, se impone un pago de 778 mil 224.017 dólares a cada uno, mientras que una cuantía de 368 mil 632.43 dólares a los cómplices.

 

(Con información de El Norte)