Dos ex funcionarias, una que estaba embarazada y otra que padece cáncer, presentaron denuncias contra el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, y dos funcionarios municipales, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por despedirlas en forma injustificada.

Las quejas fueron presentadas por Leslie Sarahí “N”, quien se desempeñaba como compradora general en la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, y María del Refugio “N”, auxiliar administrativa del Instituto Municipal de la Juventud, que acusaron insensibilidad de parte de los funcionarios.

La primera de las denuncias de la ex funcionaria embarazada fue registrada en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM).

Las quejas fueron presentadas este 19 de mayo ante Jesús Humberto Fernández Valdez, defensor de Derechos Humanos adscrito a la Dirección de Orientación y Recepción de Quejas de la CEDHNL.

En el caso de Leslie Sarahí, narro que en noviembre del 2018, la directora de Adquisiciones, Gloria María Morales Martínez, y el coordinador de Compras Generales, Jesús Cantú González, la entrevistaron para conocer las funciones que realizaba en el área y conocieron de su embarazo de ocho semanas.

“El 5 de enero del 2019, la directora y el coordinador me mandaron hablar a su oficina, y una vez que estuve con ellos dos, la directora me dijo: Por órdenes de arriba ya no puedes seguir trabajando aquí, necesito que arregles tus coas para entregárselas a otra personas, y me pidieron que me retirara de ese lugar”, comentó.

El 18 de enero, regresó a la oficina donde pudo hablar con Karla Morena, quien trabajaba en la Oficina del alcalde Miguel Treviño, y al comentarle de su situación y de que se encontraba embarazada, le dijo que la esperara unos días, pero pasaron los días y nada.

“Firmé mi renuncia obligada por la circunstancia, cinco días después me depositaron el finiquito”, expresó.

En el caso de María del Refugio, ella narró que Andrea, contadora del Instituto Municipal de la Juventud, la mandó hablar para informarle que estaban prescindiendo de sus servicios en esa dependencia.

“En ese momento me presentó un documento que señalaba mi finiquito y mi renuncia voluntaria, le dije a la licenciada Andrea que no estaba de acuerdo y no firmé. Ese día me retiro del instituto, ya no me presenté a trabajar. A los ocho días me llamó por teléfono la contadora Andrea, quien me dijo que se habían equivocada en las cantidades y que me tocaba más dinero ya que en un principio me ofrecieron 30 mil pesos de retiro, y ahora me estaban ofreciendo 60 mil, no obstante que se me hizo poco, los acepté y a los 18 días acudí al instituto a firmar mi renuncia voluntaria y a recoger mi cheque del finiquito”, dijo la ex funcionaria municipal.

Aunque le informó de la injusticia de su despido por padecer cáncer y estar bajo tratamiento médico a Patricio Calles, entonces secretario general del municipio, respondió que no podía hacer nada.

Por otro lado, ante Cabildo, relató, tampoco nadie la defendió.

“También fui a una junta de Cabildo donde supuestamente se trataría mi caso, y al exponerlo, nadie de los del Cabildo aceptó que me reincorporaran a trabajar, vi mucha insensibilidad de parte de ellos. Me siento muy mal y quiero que quede asentado que luego de mi despido batallé mucho para cubrir mi atención médica. Siendo el motivo de la presente queja el despido injustificado”, comentó.

(Con información de Milenio)