El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) consideró que la política social del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se basa “en las transferencias directas de apoyos económicos más que en la prevención, mitigación y atención de dichos riesgos que limitan el acceso a derechos”.

Y si bien, de acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 presentado esta semana por el organismo, la medida puede ser buena, hay otros factores de fondo que es necesario entender y mejorar. 

“Se identificó que los Programas Integrales de Bienestar analizados no atienden en su totalidad los riesgos que enfrentan las personas en sus distintas etapas del ciclo de vida. Los programas han tendido a enfocarse en las transferencias directas de apoyos económicos más que en la prevención, mitigación y atención de dichos riesgos que limitan el acceso a derechos”, refiere el texto. 

A dos años de la implementación de los programas del gobierno de López Obrador, el Coneval evaluó que estos se concentran en su mayoría en atender aquellos riesgos asociados con el ingreso mediante apoyos económicos, como becas, créditos y apoyos directos, pero esto no garantiza “que la condición de vulnerabilidad que los origina pueda superarse por medio de estos”.

El Coneval enlista los programas emblema de la presenta Administración destinados a beneficiar a diversos sectores de la población, como Jóvenes Construyendo el Futuro o la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 

Sobre la primera, dice que ofrece una vinculación temporal por 12 meses con un apoyo mensual para recibir capacitación en un centro de trabajo, “pero carece de mecanismos para garantizar que la capacitación de los beneficiarios sea adecuada o suficiente para mejorar sus condiciones de empleabilidad”.

Este programa también podría ocasionar un resultado adverso, pues para este mismo grupo de edad hay otros apoyos y con distintos montos, como las becas, pero “podría ocasionar que un sector de esta población se decante por el programa que ofrece el mayor monto, en este caso el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y derive en la deserción escolar al tratarse de un incentivo económico más alto”.

En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, está enfocado al riesgo por inactividad laboral, asociado con la seguridad en el ingreso al proveer de un apoyo económico que se entrega bimestralmente de manera directa para la población a población indígena de 65 años o más y la no indígena de 68 años o más.

Sin embargo, no existen estrategias que cubran riesgos por enfermedad o discapacidad para la mejora del acceso a los servicios de atención médica para la población adulta mayor, pese a que la población mayor de 65 años presenta una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y sobrepeso. Se estima que 25.8% de la población mayor de 65 años tiene diagnosticada diabetes.

Además, también requieren un sistema nacional de cuidados de largo plazo, pero ante la inexistencia del mismo, la responsabilidad de cuidados recae en las familias, mayoritariamente en mujeres, que generalmente carecen de capacitación o de apoyo para proporcionar la atención que se necesita.

Para mejorar los programas, el Coneval recomendó al gobierno federal realizar evaluaciones a sus estrategias, pues eso permitirá mejorar de manera continua las intervenciones públicas con información relevante para perfeccionar su diseño, implementación y seguimiento. Pero para que esto sea posible, “el proceso de evaluación debe acompañar a los implementadores en la consecución de sus objetivos, a partir de entender qué se pretende alcanzar y cómo se planea hacerlo”.

(Fuente: El Mañanero Diario)