Ante el asesinato de dos jóvenes trabajadores a manos de elementos de Fuerza Civil, representantes de organismos civiles alzaron la voz y afirmaron que se trata de un crimen clasista y racista.

Las organización hicieron un pronunciamiento sobre los sucesos registrados el pasado 26 de septiembre en una quinta, ubicada al sur de Monterrey.

De acuerdo a la información que trascendió, las víctimas identificadas como Gregorio Santiago Margarito y Claudio Francisco Martínez se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el inmueble que estaba bajo su cuidado.

Sin embargo, por el lugar pasaron los uniformados en su patrulla y tras negarse los jóvenes a una revisión los agredieron con sus armas de fuego.

“Dijeron sentirse amenazados con gente que estaba totalmente desarmadas”, denunció Carmen Farías, de Zihuame Mochila.

La activista señaló que hubo un proceso discriminatorio y un uso excesivo de la fuerza en contra de los trabajadores que tenían apenas dos semanas de haber llegado a Monterrey, originarios de la Huasteca Potosina.

En los sucesos también resultaron heridos dos hermanos de Gregorio, quienes hasta el momento permanecen hospitalizados por la gravedad de sus lesiones.

“Vemos con pena que las autoridades justifiquen estos lamentables hechos”, subrayó Farías.

Indicó que independientemente de su se hubiera tratado de una “riña de borrachos”, como aseguran, la sanción es por una falta administrativa y no se arregla con balazos por la espalda.

“Tendrían una sanción de 36 horas”, aseguró.

Según los activistas, los jóvenes trabajadores de la construcción llegaron al estado en busca de mejores oportunidades y en vez de eso se encontraron con el uso de la fuerza policiaca y la muerte.

“Existen los protocolos no para matar gente por la espalda”, sostuvo Farías.

Los inconformes pidieron que se sanciones a los responsables de tan lamentables sucesos.