Hay una obsesión colectiva por ver caer a alguien. Por imponer un castigo ejemplar, por convertir la justicia en una transacción simple: daño cometido, años de cárcel impuestos. Con la detención de Marianne “N”, el debate no ha girado en torno a la gravedad de los hechos o las implicaciones jurídicas, sino a una exigencia casi visceral de que pague el mayor precio posible.

La cobertura mediática ha hecho lo suyo, convirtiendo el caso en un espectáculo donde el debido proceso es un estorbo y la reflexión es lo de menos. No importa si es adolescente, no importa el contexto, lo único que parece importar es que la condena sea lo suficientemente dura para que la gente sienta que se ha hecho justicia. Pero, ¿realmente estamos hablando de justicia?

En medio de esta avalancha de criminalización mediática, ha pasado casi desapercibido lo que debería ser el centro de esta discusión: en este caso hay una víctima hospitalizada y una bebé de apenas 6 meses con un futuro incierto, y, sin embargo, en lugar de hablar de reparación, de cómo apoyar a Valentina y su familia, una gran parte de la conversación se ha centrado en justificar la agresión.

Los comentarios en las redes sociales de Valentina son brutales:
“Ella se lo buscó.”

“Ojala te hubiera dado mejor”
“Eso le pasa por meterse con un hombre que no le correspondía.”

“Con esto que le paso, no creo que le queden ganas de meterse con el ex de una amiga, esperemos que aprenda su lección”

Esto no es casualidad. Es violencia de género en su forma más perversa: la revictimización. Nada, absolutamente nada, hace merecedora a una persona de ser apuñalada más de diez veces. No importa con quién salía, qué hacía o qué decisiones tomó en su vida personal. Intentar justificar este nivel de violencia es pura y llana misoginia.

Es una revictimización cruel, inhumana. No solo se minimiza lo que sufrió, sino que se le señala como responsable de su propia agresión. Esto no es nuevo. Es el mismo mecanismo que se usa para deslegitimar la violencia contra las mujeres. Siempre hay un “pero”, siempre hay un “se lo buscó”. Y en este caso, nuestra sociedad lo ha llevado al extremo.

El proceso apenas comienza, ¿por qué no tentativa de feminicidio?

Marianne ya fue vinculada a proceso, lo que significa que un juez encontró indicios suficientes para iniciar una investigación formal en su contra. El juez otorgó 60 días para completar la investigación, un plazo que, lejos de ser un obstáculo, es una garantía para que todas las partes presenten evidencia y se estudien los hechos de manera justa. Los procesos penales son largos precisamente por esto, porque la justicia no puede depender de juicios apresurados ni de condenas dictadas en redes sociales. 

Sin embargo, muchas personas han cuestionado por qué no se le imputó tentativa de feminicidio en lugar de lesiones dolosas que ponen en peligro la vida. Para entenderlo, hay que hablar de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Marianne enfrenta un proceso bajo el sistema de justicia para adolescentes, lo que significa que su caso se rige bajo principios distintos a los del sistema penal para adultos. No se trata de un favor ni de un privilegio; es el resultado de un marco jurídico que entiende que los adolescentes, aunque responsables de sus actos, están en un proceso de desarrollo que exige un enfoque diferente, con la esperanza de una reinserción social futura. Pero esto no ha impedido que se le compare con Fofo Márquez, como si ambos casos fueran idénticos. Como si la ley operara en función de una lógica de castigo matemático, sin matices, sin contexto.

Esta Ley establece que las sanciones se dividen en grupos de edad. Marianne tiene 17 años, lo que significa que pertenece al grupo de 16 a 18 años, donde la pena privativa de libertad máxima es de 5 años, y solo se puede imponer en ciertos delitos de alta gravedad. Entre estos delitos sí está el feminicidio. Si Marianne fuera acusada y sentenciada por feminicidio, podría recibir la pena máxima permitida para su edad.

Pero hay una clave importante: para los adolescentes, las tentativas punibles (como tentativa de feminicidio) no permiten la imposición de medidas privativas de la libertad. Es decir, si a Marianne se le hubiera acusado de tentativa de feminicidio, no habría podido permanecer en internamiento preventivo, ni siquiera en caso de ser encontrada culpable.

Para poder mantenerla privada de la libertad durante el proceso y tras una posible sentencia, el delito debía ser distinto. Por eso se le imputó lesiones dolosas que ponen en peligro la vida, un delito que sí permite la privación de la libertad para adolescentes bajo este sistema.No fue una decisión arbitraria ni un intento de suavizar su castigo. Fue la única opción legalmente viable dentro del marco de justicia penal para adolescentes.

El problema es que en redes sociales no estamos discutiendo sobre la justicia. Nos hemos acostumbrado a un modelo donde el castigo extremo es la única respuesta válida, donde el derecho penal ya no es un mecanismo de regulación social, sino una herramienta de venganza pública. 

Aquí es donde la periodista Carol H. Solís hace una observación esencial: “Lo que hizo Marianne está mal, es innegable. Pero lo que estamos haciendo con ella también lo está. La justicia no se debería medir por cuantos años logramos meter a la carcel a una adolescente a la que le hemos celebrado vivir como adulta.”

La justicia no es solo años de cárcel

Nos guste o no, el derecho penal no debería ser solo castigo. En teoría, también busca prevención y reinserción, aunque la realidad nos demuestre constantemente lo contrario. La prisión no es garantía de que una persona no reincida, ni de que el daño a la víctima será reparado. La justicia no se mide en años de cárcel. La justicia se mide en su capacidad de prevenir, reparar y transformar.

Pero aquí estamos, una vez más, reduciendo todo a una ecuación de “más cárcel, más justicia”.

Nos hemos convertido en espectadores de un juicio mediático donde la justicia es secundaria. Donde no importa el proceso, solo la condena. Y si ese es el caso, tal vez es momento de admitir que no estamos pidiendo un sistema más justo, sino un sistema más cruel.