Después de leer los comentarios y opiniones negativas en torno al proceso de designación de quien habrá de ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), es mi deber moral como persona que participó en dicho proceso explicar su desarrollo para que los lectores que han sido malinformados, puedan tener claridad sobre los hechos, y entonces formar su propia opinión sin los sesgos provocados por algunos críticos y hasta participantes que se sometieron al proceso y únicamente después de no ser seleccionados, lo criticaron.

El Ingeniero Jaime decidió instituir un proceso inédito a desarrollar de la mano de la ciudadanía y la sociedad civil para determinar las personas que éste habría de proponerle al Legislativo para dicho cargo.

Partiendo de que la Constitución del Estado consagra la absoluta libertad del Gobernador a proponer como candidato a la Presidencia de la CEDHNL a quien desee, ante el Congreso del Estado, de manera absolutamente voluntaria, sin estar obligado a ello, a propuesta del Secretario General de Gobierno, el Ingeniero Jaime decidió instituir un proceso inédito a desarrollar de la mano de la ciudadanía y la sociedad civil para determinar las personas que éste habría de proponerle al Legislativo para dicho cargo.

Es así como se publica en el Periódico Oficial del Estado una convocatoria abierta a la ciudadanía para quienes tuvieran deseos de ser la próxima ‘ombudsperson’ de Nuevo León. Para que pudieran participar la mayor cantidad de personas, se exigieron los requisitos indispensables que establece la Constitución (E.g.: Título de Licenciatura en Derecho), así como sus currículos y planes de trabajo, para que el Comité Evaluador, en luz de las bases allí establecidas, tuviese gran flexibilidad para elegir.

Se inscribieron aspirantes hasta determinarse que 15 de ellos cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que a todos ellos se les dio fecha y tiempo para exponer sus motivos y plan de trabajo en la CEDHNL.

Fueron invitadas en buena medida organizaciones civiles y universidades de renombre en la entidad; unas aceptando formar parte del proceso inédito y otras declinando la invitación.

Los organismos ajenos al propio gobierno representaron una mayoría absoluta en la votación, desplazando la voluntad gubernamental en la toma de decisión.

Así las cosas, se formó un Comité de 8 miembros: 3 representantes de la Secretaría General de Gobierno únicamente, 1 representante de las organizaciones civiles, y 4 representantes de las universidades; todos con acceso a una carpeta con los perfiles de los aspirantes. Cabe destacar que, en su conjunto, los organismos ajenos al propio gobierno representaron una mayoría absoluta en la votación, desplazando la voluntad gubernamental en la toma de decisión.

Destacando el alto nivel de algunos participantes después de las comparecencias, hasta se llegó a un empate en primer lugar, que en la última ronda, creada solo para tal propósito, tras 8 preguntas del Comité y 2 de la ciudadanía por medio de redes sociales (muy al estilo Bronco), se rompió el empate y hubo un ganador.

Todo es perfectible, pero partiendo del dedazo de las pasadas administraciones para su selección (que hasta donde yo recuerdo ni fue criticado), ¿siguen pensando que fue tan malo este ejercicio caracterizado por su transparencia, apertura y participación ciudadana?

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