El Gobierno del Estado creó la “policía del agua” conformada por servidores públicos de diferentes dependencias, quienes estarán encargados de vigilar que el agua se utilice en los usos permitidos ante la crisis que se vive en el Estado.

El acuerdo publicado establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública deberán confirmar equipos de trabajo para verificar que se de un buen uso del agua potable y en caso de detectar que no sea el caso, tienen la facultad de aplicar sanciones administrativas.

“Se instruye a los titulares de las dependencias y Entidades de la Administración Pública, para que conformen equipos de servidores públicos que de manera coordinada, colaboren y lleven a cabo labores de vigilancia, verificación e inspección sobre el uso permitido del agua potable en el Estado. Formulando las actas conducentes y obteniendo las evidencias necesarias para, que en su caso, aplicar las sanciones administrativas que resulten aplicables por la comisión de infracciones previstas por la Ley de Agua Potable y Saneamiento del Estado”, se lee en el acuerdo.

Por otro lado, estipula que será la Secretaría General de Gobierno quien coordine estas acciones de colaboración entre las dependencias y entidades estatales, y deberán rendir informes diarios de sus actividades y resultados al Ejecutivo.

El acuerdo establece que las sanciones por el dispendio, uso innecesario, desperdicio voluntario e involuntario de agua potable durante la emergencia van de las 3 mil a 15 mil UMAS, es decir, de 288 mil 660 a un millón 443 mil 300 pesos.