El exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue sentenciado a 12 años de detención domiciliaria tras ser hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según se conoció este viernes a través de una sentencia judicial.

El fallo, emitido por la jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, contempla también una sanción económica superior a los 3.400 millones COP (alrededor de 822.000 dólares) e impone al expresidente una inhabilitación de más de ocho años para ejercer funciones públicas o derechos políticos.

Durante la exposición de motivos, la jueza sostuvo que el expediente “es suficiente para desvirtuar cualquier presunción de inocencia”, argumento que sustentó tanto la condena como la decisión de ordenar la prisión domiciliaria.

Horas antes de la lectura oficial del fallo, Uribe publicó en su cuenta de la red social X que se encontraba trabajando en los argumentos para su apelación.

Según se concluyó el lunes, Uribe habría incitado a un abogado para que ofreciera beneficios judiciales o dinero a tres exparamilitares con el fin de que declararan en su favor y negaran cualquier nexo entre el expresidente y grupos armados ilegales.

La investigación se originó en 2012, cuando el senador de izquierda Iván Cepeda presentó ante el Congreso denuncias sobre los presuntos vínculos de Uribe con organizaciones paramilitares. El expresidente, quien ha rechazado reiteradamente dichas acusaciones, respondió con una demanda por difamación. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema desestimó los cargos contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió un proceso contra Uribe para esclarecer si estaba tratando de manipular testigos a su favor.