Durante años, la educación en Nuevo León ha salido adelante más por el esfuerzo de su gente que por la fortaleza de sus leyes. Maestras, maestros, familias y estudiantes han sostenido el sistema incluso cuando el marco legal que lo regula se fue quedando atrás.

Es cierto: el estado registra algunos de los mejores indicadores educativos del país. La cobertura escolar es alta, el abandono es menor al promedio nacional y existe una base sólida construida con el paso del tiempo. Pero esos avances no pertenecen a un gobierno ni a una administración. Son resultado de décadas de trabajo colectivo.

Y aun así, los números no cuentan toda la historia.

Porque tener buenos indicadores no significa que todo esté bien. Detrás de las estadísticas hay realidades que no siempre se ven: estudiantes que aprenden en condiciones desiguales, escuelas que hacen lo posible con recursos limitados y docentes que cargan, además del aula, con problemas sociales, emocionales y familiares que el sistema no siempre sabe cómo atender.

Ahí es donde la ley importa.

La Ley de Educación que hoy rige en Nuevo León es antigua y ya no responde al momento que vivimos. Desde 2019, México cuenta con una nueva Ley General de Educación que transformó la forma de entender la escuela: puso al centro los derechos humanos, la inclusión, la equidad, la igualdad sustantiva y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Esa ley existe a nivel federal.
Pero en Nuevo León sigue sin reflejarse plenamente.

La consecuencia es clara: los derechos educativos no siempre están garantizados, sino sujetos a la voluntad, capacidad o sensibilidad de cada escuela. La inclusión se intenta, pero no se obliga. Y cuando no hay obligación, tampoco hay certeza.

Hubo un intento por corregir este rezago. Hace dos legislaturas, se aprobó un proyecto de nueva Ley de Educación, pero fue vetado por el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Desde entonces, el tema quedó en pausa. Y mientras la política se detenía, la realidad siguió avanzando.

Hoy las aulas ya no son las mismas de hace diez o quince años.

Hoy hablamos de salud mental, de neurodivergencias, de violencia escolar, de acoso digital, de educación socioemocional, de brechas tecnológicas y de inclusión real, no solo en el discurso. Nada de eso puede atenderse con una ley pensada para otro contexto.

La educación inclusiva no es una moda ni un favor. Es justicia social.

Implica reconocer que no todas las niñas, niños y jóvenes parten del mismo punto. Que hay quienes enfrentan barreras físicas, cognitivas, emocionales o económicas para aprender. Y que la igualdad no se logra tratando a todos igual, sino garantizando apoyos distintos para necesidades distintas.

Pero la inclusión no puede seguir descansando únicamente en la buena voluntad del docente.

Hoy muchas maestras y maestros hacen inclusión sin capacitación suficiente, sin personal especializado y sin acompañamiento institucional. Se les pide resolverlo todo: aprendizaje, contención emocional, convivencia, prevención de violencia y atención a la diversidad. Y cuando algo falla, la responsabilidad recae casi siempre sobre ellos.

Eso no es justo.
Ni para el maestro.
Ni para el estudiante.

Una nueva Ley de Educación debe reconocer y proteger a quienes están frente al grupo. Dignificar su labor, garantizar condiciones seguras de trabajo y ofrecer respaldo real ante contextos cada vez más complejos. No se puede hablar de educación de calidad mientras quienes la sostienen trabajan desde el desgaste.

Porque cuidar a los maestros también es cuidar el derecho a aprender.

Hablar de calidad educativa no es hablar solo de evaluaciones o rankings. Es hablar de escuelas seguras, de ambientes sanos, de acompañamiento socioemocional, de infraestructura adecuada y de un sistema que no deje solos ni a los alumnos ni a quienes enseñan.

Nuevo León ha avanzado, sí. Pero avanzar no significa llegar.

Todavía hay estudiantes que abandonan la escuela. Todavía hay familias que no encuentran respuestas cuando el sistema no logra incluir. Todavía hay docentes que enfrentan problemáticas sociales profundas sin herramientas suficientes.

Actualizar la Ley de Educación no resolverá todo, pero sí marca un punto de partida. Define qué derechos son exigibles, qué obligaciones tiene el Estado y qué tipo de educación queremos construir como sociedad.

Legislar en educación es decidir prioridades.

Y si algo debería ser prioridad en Nuevo León es que nadie se quede atrás, que ningún maestro esté solo y que la calidad educativa no dependa del sacrificio individual, sino de un sistema justo, moderno y humano.

Porque el futuro del estado no se construye solo con crecimiento económico.

Se construye todos los días, en las aulas.

Y para eso, la educación que tenemos ya no basta.
Necesitamos la educación que merecemos.