La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) aprobó una resolución en la que afirma que las acciones de Israel encajan con la definición jurídica establecida por la Convención de la ONU sobre el Genocidio.

El documento, de tres páginas, detalla distintas medidas implementadas por Israel a lo largo de la guerra de 22 meses que, según la IAGS, constituyen genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Esta asociación es considerada la red profesional más amplia de especialistas en genocidio a nivel internacional. De sus 500 miembros, el 28% participó en la votación, y de ese grupo, el 86% se pronunció a favor de la resolución.

El texto también enumera políticas y acciones israelíes que incluyen ataques sistemáticos contra infraestructura y personal clave para la supervivencia, como hospitales, centros de ayuda y escuelas.

Uno de los puntos más destacados menciona que, de acuerdo con Unicef, 50.000 niños han muerto o resultado heridos a manos de las fuerzas israelíes, comprometiendo la capacidad del pueblo palestino de sobrevivir como grupo.

Asimismo, la IAGS subraya declaraciones de líderes israelíes que deshumanizan a los palestinos al retratarlos como enemigos y que incluyen promesas de “arrasar Gaza” y de convertirla en un “infierno”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel desestimó el informe, señalando que se basa en “mentiras de Hamás” e investigaciones deficientes, calificándolo como una “vergüenza para la profesión jurídica”.

El gobierno israelí ha rechazado que sus operaciones constituyan un genocidio, insistiendo en que son actos de autodefensa.

No obstante, los expertos de la IAGS remarcan que, si bien el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 fue un crimen, la reacción israelí no se limitó a Hamás, sino que impactó a la población civil de Gaza en su conjunto.

La Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, creada tras el exterminio de los judíos a manos de la Alemania nazi, define este crimen como actos cometidos “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.