Una red de organizaciones civiles advirtió que el crimen organizado está detrás del asesinato de 84 defensores ambientales en México desde 2016. Las víctimas han sido blanco de violencia por oponerse a proyectos extractivos, tala ilegal, minería clandestina y otras actividades ilícitas.

El informe también documenta amenazas, desplazamientos forzados, desapariciones y uso del sistema judicial para hostigar a quienes protegen territorios y recursos naturales. Casi la mitad de las personas asesinadas pertenecían a pueblos indígenas.

La organización señaló que el Estado mexicano no ha aplicado con eficacia los mecanismos legales para proteger a estos activistas, a pesar de contar con leyes como la de Protección a Personas Defensoras y el Acuerdo de Escazú.

Además, alertó que la desaparición del INAI agrava el problema al debilitar el acceso a información pública ambiental. Reclamaron un sistema judicial autónomo y especializado que garantice justicia frente a la impunidad.