El pasado 17 de marzo de 2023 la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que se giraron órdenes de aprehensión en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin y de Maria Alekseyevna Lvova-Belova^[1]. La CPI consideró que existen motivos razonables para creer que las personas señaladas  son responsables por crímenes de guerra, específicamente  por la deportación ilegal y el traslado ilegal de personas desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia territorio ruso, esto en perjuicio de niñas, niños y adolescentes ucranianos.

La principal pregunta que surge es ¿realmente van a detener al presidente ruso? Para responder lo anterior tenemos que entender que la Corte Penal Internacional basa su funcionamiento en el Estatuto de Roma y únicamente tiene jurisdicción sobre los países que han firmado y ratificado dicho tratado internacional. Rusia actualmente no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Por su parte, Ucrania no es miembro del Estatuto de Roma, pero ha solicitado a la CPI ejercer su jurisdicción sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en su territorio desde el 20 de febrero de 2014. Esto es lo que permite que actualmente la Corte tenga una investigación abierta sobre los hechos que suceden en Ucrania.

Lo anterior quiere decir que la Corte Penal Internacional no puede detener al presidente ruso mientras él siga dentro de las fronteras de su país pues, de acuerdo con información del Gobierno Ruso, ha quedado claro que dicho país no cooperará para ejecutar las órdenes de aprehensión de la CPI en contra de funcionarios de su gobierno.

Sin embargo, el presidente ruso sí podría ser detenido si entra al territorio de alguno de los 123 países que sí aceptan la competencia de la Corte Penal Internacional, ya que estos tienen la obligación de colaborar con el funcionamiento de la Corte.

Lo cierto es que mientras esto ocurre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania sigue afectando a miles de personas de ambos países, quienes lo que más desean es que esta pugna llegue a su fin. Esperemos que los mecanismos internacionales puedan abonar a una solución pacífica del conflicto, asegurando que los crímenes cometidos no queden impunes.