La Fiscalía General de la República (FGR) le está poniendo lupa a Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 a 1994, a Felipe Calderón quien gobernó el país de 2006 a 2012 y a Enrique Peña Nieto, quien dejó Los Pinos en 2018, por la denuncia presentada por Emilio Lozoya, quien dirigió Pemex en el sexenio peñista.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó las finanzas de estos tres personajes, así como otros funcionarios en activo y de administraciones pasadas que fueron denunciados por Lozoya, a petición de la FGR, y la información obtenida por el Ministerio Público es integrada a la investigación que está actualmente en curso.
Desde noviembre de 2020, la FGR solicitó información a la UIF sobre 19 de los 70 denunciados por Lozoya.
Además de Salinas, Calderón y Peña, la lista de Lozoya la conforman Luis Videgaray, José Antonio Meade, Miguel Barbosa, Roberto Gil y Ricardo Anaya.
Las fuentes consultadas indicaron que solamente Meade y Barbosa no registran irregularidades en sus finanzas.
La FGR también solicitó información sobre David Penchyna, Ernesto Cordero, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Francisco Olascoaga y Carlos Treviño.
Además de Guillermo Gutiérrez Badillo, Jorge Luis Lavalle, José Antonio González, Rafael Caraveo y Salvador Vega Casillas.
En su denuncia, Lozoya Austin acusó que cuando Jorge Luis Lavalle fue senador por el PAN, formó parte de un grupo de legisladores que lo extorsionaban, para recibir sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética.
Actualmente, Lavalle Maury está vinculado a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa y es el único de la famosa lista de Lozoya encarcelado por los dichos del amigote de Peña Nieto.
Además de la denuncia de Lozoya, la UIF también ha presentado ante la FGR denuncias contra Lavalle Maury por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, pese a que en su denuncia Lozoya señaló al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca como uno de los legisladores que lo extorsionaban para votar a favor de la reforma energética, las autoridades no han procedido en su contra por estos dichos.
Sin embargo, derivado de una denuncia distinta presentada por la UIF, la FGR logró que un juez federal en el Estado de México emitiera una orden de aprehensión contra el gobernador, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Fuentes ministeriales precisaron que la FGR investiga los dichos de Lozoya contra cerca de 70 servidores públicos, tanto activos como pasados, pero hasta el momento únicamente ha pedido información financiera sobre 19 de ellos para integrarla a la carpeta de investigación.
Con esta denuncia, el extraditado de España busca que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad, que es una figura de terminación del proceso penal a través de la cual pretende que la fiscalía desista de acusarlo por los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados.
Para ello, la FGR deberá determinar si la información que ha aportado es suficiente para llevar a juicio y obtener sentencias condenatorias contra alguno de los denunciados.
(Fuente: El Mañanero Diario)