El pasado 23 de abril, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente giró la quinta orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, presunto operador del grupo criminal “Guerreros Unidos” involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR), que además detalló que los delitos que se le imputan al funcionario peñista son los de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
El mandamiento judicial se basa esencialmente en un video que circuló en julio del año pasado en el que aparece el ex mando policiaco al frente de un interrogatorio en el que “El Cepillo” se encuentra sometido y rodeado por otros elementos de la corporación.
“Este nuevo caso de probable tortura se acumula a los anteriores y se refiere a la violencia que las autoridades ejercieron sobre Felipe “R”, dentro de las instalaciones de la Agencia Federal de Investigación de la entonces PGR. El objetivo de dicha tortura era para que declarara lo que se le estaba obligando, para poder justificar la denominada ‘verdad histórica'”, señaló la Fiscalía.
“Asimismo, el 27 de enero de 2015, en conferencia de prensa del entonces Procurador General de la República y de Tomás ‘Z‘, en aquel momento director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, se hizo referencia a la detención de Felipe “R”, lo que confirma los actos de tortura de referencia”.
La dependencia federal indicó que esta orden de aprehensión será enviada de inmediato a las autoridades de Israel, donde se encuentra Zerón desde el año pasado, para fortalecer el procedimiento de extradición del sujeto señalado. También dijo que se acumulará a la ficha roja que ya ha girado la Interpol para su localización.
Hasta el momento suman cinco órdenes de aprehensión contra el ex funcionario, pues el año pasado le fue librada una por el Caso Iguala, también por tortura y desaparición forzada, así como tres capturas por los delitos de peculado, asociación delictuosa, uso indebido de atribuciones y facultades y fraude equiparado.
Estas últimas están relacionadas con la compra por 850 millones de pesos de 24 camionetas y equipos de espionaje para el Programa Tayopa; también con la compra de plataformas digitales por 250 millones de pesos; y pagos de más de 99 millones a empresas contratistas que construyeron el Instituto de Capacitación y Profesionalización de la PGR en Querétaro.
(Fuente: El Mañanero Diario)