Ineficiencia en el Sistema Anticorrupción

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La reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), estableciendo una nueva regulación en el ámbito de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, fiscalización y control de recursos públicos; lo que implicó la inclusión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al Comité Coordinador del SNA, otorgándole la responsabilidad de determinar las sanciones a los servidores públicos y a los particulares que participen en faltas administrativas graves.

De manera particular, las atribuciones conferidas al TFJA consisten en: 

i) Sancionar a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares vinculados con estas.

ii) Fincar a los responsables del pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de los entes públicos federales.

Para los fines enunciados, se estableció que el TFJA funcionaría mediante una tercera sección de la Sala Superior integrada por cinco magistrados; y en cinco Salas Especializadas con quince magistrados; en ambos casos, la designación de los magistrados está reservada al Titular del Ejecutivo Federal, pero su ratificación debe realizarla el Senado de la República.

Sin embargo, a pesar de la importancia que en el papel juega el contenido de la reforma en cuestión, el intento por combatir actos de corrupción ha resultado ineficaz, dado que a la fecha el TFJA no ha podido operar de forma total, pues no han sido aprobados los nombramientos de los magistrados encargados de desarrollar tales funciones.

Es decir, han transcurrido más de cuatro años sin que los Senadores ni el Presidente en turno, puedan coordinarse para designar y aprobar las Magistraturas correspondientes.

Al respecto, cabe señalar que si bien el 24 abril de 2017, el entonces Presidente de la República Enrique Peña Nieto, envió al Senado las propuestas de Magistrados, no fue sino hasta el 31de julio de este año, que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resolvió no ratificar dicha designación.

Por lo que el 17 de septiembre de 2019, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, solicitó al TFJA le remitiera las nuevas propuestas para los cargos referidos, o en su caso se confirmaran las ya presentadas, a fin de que por su conducto fueran sometidas a consideración del Presidente de la República.

Razón por la cual, en sesión de fecha 22 de octubre de 2019 la Junta de Gobierno y Administración del TFJA, emitió el Acuerdo G/JGA/70/2019 denominado “convocatoria al concurso interno de oposición para la selección de candidatos para ocupar cargos de magistrados de salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas y magistrados de la tercera sección de sala superior”; que implica el comienzo de un proceso de evaluación y selección de candidatos para hacerse del conocimiento del Presidente de la República.

Es por lo anterior, que considero indispensable no se postergue más el proceso de designación y ratificación para que el TFJA pueda cumplir con los fines que la reforma Constitucional persigue, consistente en la disuasión en los servidores de no cometer faltas administrativas ni actos de corrupción; garantizar que éstos desempeñen sus funciones, conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia, eficiencia y acorde a los más altos estándares de integridad pública; así promover el mejoramiento permanente de la actividad administrativa en general. 

En tal virtud, debe materializarse de forma inmediata dicho mecanismo legal; o en su caso, definirse el que va prevalecer, en tanto en julio de este año el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, presentó una iniciativa que retoma los postulados enunciados, buscando se cree un Tribunal Federal Anticorrupción.

Cualquiera que sea la denominación de la institución, no hay tiempo para postergar su funcionamiento, dado que el combate a los actos de corrupción, es un tema de orden público e interés social.

Sistema anticorrupción, a dos años continua incompleto

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A dos años de su aprobación en el Congreso de la Unión, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) todavía no ha logrado concretarse totalmente a nivel federal ni estatal.

El 18 de julio del 2016 se aprobaron las leyes que creaban el SNA y, a nivel federal, falta completar dos órganos principales del Sistema: la Fiscalía Anticorrupción y las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Completar ambos órganos es responsabilidad del Senado, donde no se llegó a un acuerdo para hacer estos nombramientos.

Pendientes quedan la elección del fiscal anticorrupción; y de los 18 magistrados especializados en juzgar delitos de corrupción.

Un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, señala que en los estados también hay un retraso importante para que el SNA funcione al 100 por ciento.

Solo en 22 estados se han instalado los comités de Participación Ciudadana; y en 22 casos se cuenta con fiscal anticorrupción.

Aunque en las 32 entidades ya se hicieron los cambios a su Constitución Política, solo 25 ya tienen aprobadas las leyes secundarias que conforman el paquete legal que da forma al SNA.

Se trata de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (aprobada por 32 estados); cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública (ya en 29 entidades); y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa (aprobada en 30 estados).

En ese paquete entran también la Ley Orgánica de la Fiscalía General o de la Procuraduría General de Justicia (en 28 estados); la Ley de Responsabilidades Administrativas (ya en 27 entidades); la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas (en 26 estados); y cambios al Código Penal (en 25 entidades).

El IBD señala que como no se ha completado en su totalidad, la efectividad del SNA todavía no se puede apreciar, a pesar de que han pasado dos años de su creación.

“Esto tiene implicaciones importantes para que el Sistema funcione a cabalidad y, por consiguiente, para que sea posible contar con evidencia que permita valorar su pertinencia y efectividad”, expone el análisis.