Presentan denuncia por presunta complicidad para reducir sentencia de Javier Duarte

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Por posibles hechos de corrupción en el procedimiento penal contra Javier Duarte Ochoa, quien la semana pasada recibió una condena de 9 años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, la organización TOJIL Estrategia contra la Impunidad presentó una denuncia penal ante la PGR.

La organización presentó el recurso este lunes y calificó la pena de 9 años como “desproporcional” y señaló “discrepancias entre las acusaciones de la investigación”, por lo que solicitaron que el caso sea analizado minuciosamente y se determinen las irregularidades penales o administrativas que pudieran haberse cometido “por acción u omisión de servidores públicos a cargo de la investigación”, reportó Animal Político.

La denuncia acentúa las posibles irregularidades de la sentencia, así como las deficiencias operativas de la misma Procuraduría y no de las reglas que el sistema penal acusatorio tiene.

“La negociación realizada por el Ministerio Público de la Federación resulta completamente desproporcional a los hechos que eran investigados, por lo que se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieran lugar a la solicitud de una pena totalmente inadecuada”, citó el diario digital el texto de la denuncia penal.

La denuncia fue apoyada por organizaciones como Reinserta, el Instituto de Justicia Procesal Penal; Elementa México, y el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho.

Se espera que la denuncia procesa para que la ciudadanía tenga certeza de lo ocurrido y que no quede impune el caso.

El miércoles 26 de septiembre, Javier Duarte fue sentenciado por un juez federal a 9 años de prisión, a pagar una multa de 58 mil pesos y a entregar 21 terrenos en Campeche y 20 propiedades en Ciudad de México, Estado de México, Boca Del Río (Veracruz), Ixtapa Zihuatanejo (Guerrero) y Cancún (Quintana Roo).

Aunque se acusa a Duarte de desviar recursos públicos por unos 3 mil 86 millones de dólares, el ex gobernador podría acceder al 50% de la reducción de la pena y quedar en libertad cuando cumpla 4.5 años en prisión.

Policía Federal detuvo arbitrariamente a 8 personas, entre ellos 5 niños: CNDH

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, por violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de cinco menores de edad y tres personas adultas (2 mujeres y 1 hombre), atribuibles a elementos de la Policía Federal en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El Organismo Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio en agravio de ocho personas; al interés superior de la niñez de cinco menores de edad; a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal por la detención arbitraria y retención de tres personas adultas, lo que propició dilación en la puesta a disposición, además de que una persona adulta fue objeto de tortura, lesionando con ello sus derechos humanos a la integridad personal y dignidad.

La CNDH acreditó que los elementos aprehensores se introdujeron en el domicilio donde se encontraban las ocho víctimas sin presentar una orden de cateo expedida por autoridad competente, procediendo a la detención de las tres personas adultas en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los agentes aprehensores trasladaron a las ocho víctimas a sus instalaciones sin que prevaleciera la protección y cuidado de los cinco menores de edad, entre ellos una bebé de seis meses.

Además tres víctimas adultas quienes fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, permaneciendo injustificadamente retenidos 13 horas con 20 minutos en custodia de los agentes aprehensores, sin que existieran razones fácticas comprobables para presentarlos sin dilación alguna ante dicha autoridad.

Además, una de las víctimas fue objeto de actos de tortura por parte de los elementos de la Policía Federal, motivo por el cual fuera referido a un hospital, donde se determinó que presentó sangrado en la cavidad pulmonar (hemotórax).

Por ello, la Comisión Nacional recomendó al titular de la CNS inscribir a los ocho agraviados en el Registro Nacional de Víctimas en términos de la Ley General de Víctimas, para que se proceda a la reparación del daño, incluida atención psicológica y una compensación.

Tribunal ordena crear Comisión de la Verdad para caso Iguala

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Un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

Los magistrados ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

De esta forma, el tribunal señala que por las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

Dicha comisión, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos“.

En marzo pasado el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

En su informe “Doble injusticia”, que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, precisó que han sido detenidas y procesadas 129 personas.

Tras analizar 34 de estos casos, el Alto Comisionado encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.

Aseguran en Sonora vehículo con bazuca para lanzar droga hacia EU

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Agentes de la Policía Federal aseguraron un vehículo con un aditamento para proyectiles, similar a una bazuca, aparentemente utilizado para el lanzamiento de paquetes de droga desde la orilla de la franja fronteriza de México hacia Estados Unidos.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad informó que el aseguramiento se realizó durante un recorrido sobre la Avenida 14 en Agua Prieta, Sonora, donde los efectivos detectaron un vehículo estacionado sin placas de circulación que se encontraba con las puertas abiertas.

 En la unidad se localizó un compresor de aire, un motor de gasolina, un tanque para almacenar aire y un tubo metálico de aproximadamente tres metros de largo (bazuca de fabricación casera).

También se detectó que la unidad contaba con un corte en la parte posterior del capacete que permitía colocar el tubo metálico para el lanzamiento de proyectiles, posiblemente utilizado desde la orilla de la franja fronteriza de México hacia Estados Unidos.

El vehículo cuenta con reporte de robo en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con una averiguación previa abierta el pasado 1 de julio.

La unidad y los aditamentos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación que dará seguimiento a las investigaciones que correspondan.

CFE fabricó pruebas para no pagar quemaduras de niño electrucutado.

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El 13 de octubre de 2011, cuando Ángel tenía ocho años de edad, recibió una descarga eléctrica de alta tensión, lo cual le provocó quemaduras internas y externas en 65 por ciento del cuerpo.

De acuerdo con la versión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Gobierno de la Ciudad de México, el menor estaba jugando con un tubo metálico en el balcón de su departamento, en la colonia Roma Sur, en un cuarto piso, cuando alcanzó un cable de luz.

Así, para ellos, el menor sufrió un accidente provocado por él mismo, por lo que aún se niegan a pagar la atención médica que por el resto de su vida requerirá este niño, quien ya tiene 14 años y necesita de 30 intervenciones quirúrgicas en el extranjero, sumado a una larga lista de medicamentos y aparatos ortopédicos.

Pese a esto, en 2014 la versión de la CFE y las autoridades capitalinas de la delegación Cuauhtémoc quedó desmentida gracias a un peritaje en medicina legal de la Procuraduría General de la República, mismo que señaló que Ángel no presentó ninguna lesión en las palmas de sus manos.

Por si fuera poco, el mismo peritaje de la PGR aseguró que “no hay evidencia objetiva de la existencia del supuesto objeto, tubo, varilla o mango de escoba metálico, del que se hace mención en diversos documentos y testimoniales”.

Al contrario, la  dijo que el accidente se debió un arco voltálico, lo que significa que una chista de corriente “de alto voltaje (que) viaja a través del aire”, ya que los cables de alta tensión que estaban frente al departamento no contaban con alguna clase de aislamiento, mismos que estaban a 1.5 metros de distancia del balcón, es decir, 80 centímetros menos de lo que permiten las normas oficiales de seguridad.

Sin embargo, y pese a que la PGR demostró que la versión de la CFE y las autoridades delegacionales habían sido falsificadas, la investigación fue archivada por el Ministerio Público de la Federación en 2016, argumentando falta de elementos para determinar si las autoridades implicadas son responsables de las