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En abril el presidente López Obrador publicó un plan para enfrentar la crisis económica por el Covid-19 que consiste en aumentar el presupuesto de diversos programas y proyectos prioritarios, hasta por 622,556 millones de pesos adicionales a través de recortes al gasto operativo del gobierno.
Sin embargo, según estudios durante este año los ingresos totales del gobierno caerían hasta 648,000 millones de pesos.
Para que el Estado mexicano pueda implementar un plan de reactivación económica robusto, que tenga por objetivo evitar la mayor pérdida masiva de empleos y detener la caída de los ingresos de las familias, será necesario encontrar fuentes extraordinarias de ingresos.
De acuerdo a un análisis publicado en la revista Nexos, si el gobierno no reacciona en tiempo y forma, la incidencia de las tasas de pobreza podrían llegar a niveles no observados desde hace más de 20 años.
Especialistas económicos señalan que si bien los programas sociales implementados por el gobierno son necesarios, no serán suficientes para afrontar la caída en ingresos y el aumento de la pobreza por venir.
Dependiendo del conjunto de medidas seleccionadas, los requerimientos presupuestales para afrontar a la crisis podrían variar entre 1 y 3% del PIB.
De acuerdo a los especialistas es imposible afirmar que la austeridad republicana sea suficiente para blindar el presupuesto de los 38 programas y proyectos prioritarios, ya que apenas podría contrarrestar la caída por ingresos tributarios.
Para preservar el nivel de empleo y evitar el incremento de la pobreza, existen dos opciones complementarias: contraer mayor deuda pública y cobrar más impuestos a quienes tienen mayores ingresos.
Un endeudamiento que se dirija en favor de las personas más afectadas por esta crisis: las que se encuentran en pobreza y en peligro de caer en ella por desempleo.
Reducir los privilegios fiscales y se implementen políticas tributarias que graven, directa o indirectamente, la riqueza de las personas de mayores recursos.
Es lógico que se busque eficiencia en el gasto público y se eviten dispendios innecesarios. Sin embargo, mermar la capacidad operativa del aparato estatal puede resultar contraproducente tanto para la gestión pública como para la capacidad del Estado de responder a la emergencia, en particular hacia las personas más vulnerables.
El Presidente López Obrador parece estar limitado por la línea que ha mantenido desde hace años respecto a que no es necesario crear nuevos impuestos en México.
La evidencia apunta a lo contrario: México es uno de los países de la OCDE que menos porcentaje de su PIB recauda, además de tener a gran parte de la población en la economía informal. Las afectaciones a las finanzas públicas provocadas por la pandemia solo lo han hecho más evidente.
Una reforma fiscal progresiva que amplíe la base gravable y cobre una cantidad justa de impuestos a las personas y corporaciones que más ingresos generan, así como a las herencias, sería un camino lógico, pero con evidentes costos políticos de impulsar.
Aún en este contexto de emergencia, el gobierno federal hasta ahora no ha apoyado la propuesta de un Ingreso Vital de Emergencia. Esta política se ha aplicado en diversos países como parte de las estrategias para mitigar las afectaciones socioeconómicas de la pandemia.
No se trata de eliminar los programas de apoyo existentes del gobierno de López Obrador, sino de complementarlos con políticas diseñadas específicamente para esta emergencia.