LA BALCANIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES

La fragmentación de las organizaciones criminales no es algo nuevo ni ajeno a la dinámica propia de éstas. Sin embargo, se hará más notoria durante el 2016 y será expresada a través de un aumento de ciertos delitos como el homicidio, la extorsión, el secuestro, entre otros.
Este proceso de ruptura, se ha llevado a cabo desde la aparición del primer cártel del narcotráfico en el país, que al dividirse originó varias organizaciones, que a su vez, han generado sus propias escisiones.

El caso más representativo para el norte del país es la aparición del grupo Los Zetas

La fragmentación de las organizaciones del narcotráfico se han debido en gran parte a uno o varios de los siguientes factores: la acción del gobierno en contra de la organización criminal, conflictos y luchas internas por el liderazgo de la organización o el quedar acéfalos por un tiempo prologado.
El caso más representativo para el norte del país es la aparición del grupo Los Zetas, que de ser un brazo armado al servicio del cártel del Golfo, se independizó del mismo y actualmente se encuentra en una pelea por controlar el tráfico y trasiego de droga hacia Estados Unidos, a través del noroeste del país.

Este grupo fue producto de las fisuras del cártel del Golfo que empezó alrededor de 2009. Sin embargo, no es el único ejemplo puesto que también se podría señalar al cártel de los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana, posteriormente los Caballeros Templarios, el Cartel de Juárez, entre otros. La mayor parte de las organizaciones han surgido a través de la balcanización.

Si bien, el gobierno federal se ha dedicar a desarticulado las principales organizaciones

Este tipo de tendencia, de fracturas y creación de nuevos grupos delictivos seguirá en aumento, esto sin tomar en cuenta los múltiples brazos armados de los principales cárteles, que pudieran llegar a independizarse de los mismos.

Si bien, el gobierno federal se ha dedicar a desarticulado las principales organizaciones, no ha puesto la mira en la creación de nuevos grupos delincuencias hasta que estos llegan a ser un problema de seguridad nacional.

¿Cuáles son los efectos de la balcanización de los grupos de la delincuencia organizada? Si bien, las principales organizaciones se verán disminuidas en su poder de fuerza, esto no significa necesariamente una reducción de la violencia, como se mencionó al principio.

El incremento de los delitos antes señalados será a raíz de la búsqueda de recursos para fortalecer las organizaciones delincuenciales de manera creciente. Las disputas territoriales continuarán pero se irán disminuyendo y focalizando conforme a la propia dinámica de las organizaciones, lo que podría producir focos rojos en delitos como homicidios.

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El Sistema Penitenciario. El problema que todos vemos y del que no se hace nada al respecto

El Estado de Nuevo León cuenta con 3 centros penitenciarios, a saber: el Penal de Topo Chico (Centro Preventivo de Reinserción Social, CE.PRE.RE.SO); así como los penales de Apodaca y Cadereyta (Centros de Reinserción Social, CE.RE.SO), en los cuales, todos han sido foco de atención no por sus políticas de reinserción y tratamiento penitenciario, sino por ser escenarios de violencia entre sus internos.

El día de ayer, una pelea por el control del centro penitenciario de Topo Chico dejó un saldo de 49 internos sin vida y 12 heridos de gravedad.

El día de ayer, una pelea por el control del centro penitenciario de Topo Chico dejó un saldo de 49 internos sin vida y 12 heridos de gravedad. No es el único hecho de violencia; en 2012, en el Penal de Apodaca ocurrió uno similar con 44 muertos y la fuga de 29 internos.

El Estado, a sabiendas de la deficiente y precaria infraestructura penitenciaria, continúa privilegiando la pena draconiana de prisión sobre las otras alternativas penales (como ya se había mencionado), lo que genera un hacinamiento dentro de las instituciones penitenciarias.

Entre los tres centros penitenciarios, se tiene un 50 por ciento de sobrepoblación y un déficit del 65 por ciento en custodios.

Datos con lo que se cuenta, señalan que el Penal del Topo Chico presentaba hasta hace algunos meses una sobrepoblación aproximada de 24.25 pro ciento, mientras que Apodaca y Cadereyta registraban una sobrepoblación de 27.79 y 51.45 por ciento, respectivamente. Asimismo, entre los tres centros penitenciarios, se tiene un 50 por ciento de sobrepoblación y un déficit del 65 por ciento en custodios.

Pero el hacinamiento, si bien es uno de los factores más relevantes, no es el único.

El autogobierno que tienen las prisiones por parte de los internos, y donde el Gobierno del Estado ha señalado que efectivamente no tienen el control al 100 por ciento de las instituciones, produce que estos sean considerados una “bomba de tiempo”.

El autogobierno que tienen las prisiones por parte de los internos, y donde el Gobierno del Estado ha señalado que efectivamente no tienen el control al 100 por ciento de las instituciones, produce que estos sean considerados una “bomba de tiempo”.

El Penal de Topo Chico como el de Apodaca cuentan con un autogobierno por parte del grupo de los zetas, mientras que el de Cadereyta podría considerarse que está bajo control del Gobierno del Estado, debido a que este es considerado como la institución “más tranquila” del Estado.

¿La solución está en construir otro centro penitenciario como el que se tenía proyectado en el municipio de Mina? No. La solución está en poner orden y control en las instituciones penitenciarias, en cumplir el traslado de internos del fuero federal a instalaciones que puedan albergar este tipo de internos y a reforzar el sistema penitenciario como tal, considerado el pattit

Es común, para aquellos quienes han entrado a los centros penitenciarios, ver en el Penal de Topo Chico caminar a internos de un lado a otro en los pasillos y en los patios, teniendo áreas donde la autoridad no interviene por temor a agresiones.
El penal de Apodaca no se queda atrás. Son muchos los rumores (que podrán ser ciertos… o no) sobre las fiestas, excesos y permisos que disfrutaban los internos, quienes tenían el control del centro penitenciario.

¿Cuál ha sido la constante entre los brotes de violencia en los centros penitenciarios? El control del mismo, entre los grupos de la delincuencia organizada.

Si la autoridad no se mete de lleno a poner orden en los centros penitenciarios, cada vez será más común este tipo de hechos.

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El policía y el ciudadano. La confianza ciudadana en las instituciones para el éxito del trabajo policiaco

Como respuesta ante el incremento de la violencia, tanto Fuerza Civil como los diversos cuerpos de seguridad pública municipales han buscado incrementar su estado de fuerza como estrategia a fin de contener (no reducir ni incidir en la comisión de delitos) los delitos y la inseguridad que se presenta en la entidad.

La Procuraduría General de Justicia en el Estado y Fuerza Civil, así como las dependencias encargadas de la pública municipales, han presumido de la detención de presuntos involucrados (inocencia hasta que un juez determine su situación jurídica) como resultado de su actuar, justificando con esto la necesidad de incrementar su estado de fuerza, así como capacidades, señalando que a mayor número de elementos mayor efectividad.

Sin embargo, esto no ha incidido en la percepción de la ciudadanía ante los cuerpos policiales, lo cual influye indirectamente en su actuar. ¿Cómo incide la percepción de la ciudadanía en estos casos?

Citando un ejemplo de participación e involucramiento de la ciudadanía a la denuncia anónima, como se ha visto al menos en casos a nivel nacional, ésta ha sido fundamental para el combate a la delincuencia, ya que es a través de ésta que se ha podido realizar acciones concretas que han mermado la operación de organizaciones delictivas (es común leer en los comunicados de fuerzas armadas y autoridades federales, la sintaxis: “derivado de trabajos de inteligencia y por medio de una denuncia anónima…)

Sin la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad, el trabajo de la policía se ve mermado y en cierta manera, limitado.

¿Qué conlleva la participación ciudadana en el combate a la delincuencia y su incidencia en los cuerpos de policía para la efectividad de los mismos? Sin la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad, el trabajo de la policía se ve mermado y en cierta manera, limitado.

El distanciamiento entre sociedad y policía lleva a tener una institución en la que no se confía y por tanto, con la que no se colabora. Esto genera más que un sentimiento de seguridad al ver a los policías, un recelo y una desconfianza generalizada.

La confianza en la ciudadanía se debe ir recobrando un paso a la vez, a través de un cuerpo policiaco profesional y capacitado, donde los controles de confianza sean para el bien de la corporación y no como una forma y justificación para despedir elementos.

La confianza en la ciudadanía se debe ir recobrando un paso a la vez, a través de un cuerpo policiaco profesional y capacitado, donde los controles de confianza sean para el bien de la corporación y no como una forma y justificación para despedir elementos.

Se debe de tener una policía más cercana a la gente, donde se privilegie un trato cercano y humano, dejando a elementos como los de Fuerza Civil, una policía de reacción, a hechos de violencia de mayor intensidad y privilegiando el uso de modelos de policías de proximidad, más cercanos a la gente.

El binomio policía-ciudadano propiciará un flujo de información constante entre autoridad y ciudadanía, que permitirá detectar los problemas de delincuencia previos a que se realicen, y así poder disuadirnos, y en su caso, prevenirlos.

El fracaso de las actuales políticas de seguridad tiene su base en que privilegian la reacción antes que la prevención. El ciudadano necesita de su policía, tanto como la policía necesita del ciudadano.

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La Seguridad Pública: ¿Una estratégica política?

Últimamente, está en boca de la mayoría de la población el incremento de los brotes de violencia en el Estado, sobretodo en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Últimamente, está en boca de la mayoría de la población el incremento de los brotes de violencia en el Estado, sobretodo en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Y es que la cosa no da a menos. En 26 días del año 2016 (contados al día de hoy martes), ha habido un total de 37 personas sin vida, documentadas en fuentes abiertas, entre ejecuciones por parte de la delincuencia organizada así como en hechos delictivos del fuero común.

De estos hechos destaca la ejecución de 7 personas, en un mismo hecho, el día 9 de Enero en el municipio de Santa Catarina, atribuida según la Procuraduría de General de Justicia en el Estado (PGJE) a la disputa entre pandillas involucradas en actividades de narcomenudeo.

Pero, ¿cómo es esto tomado por las autoridades? Hemos visto que en lugar de hacer labores de coordinación e inteligencia, en materia de seguridad pública, se ha tomado como un estandarte político por parte del gobierno en turno.

Esto lo podemos ejemplificar de manera sencilla: cuando suceden brotes de violencia, como los que están ocurriendo, lo más común por parte de las autoridades es referir que es debido a que en equis administración pasada “se bajó la guardia”; o bien, que estas acciones obedecen a un reacomodo por parte de los cárteles de la delincuencia o incluso que son hechos aislados que son reacción de lo bien que se está haciendo el trabajo en seguridad pública.

Es más fácil “echarle la pelotita a otro” que aceptar que hay fallas que se pueden solventar en nuestras acciones.

Este discurso repetitivo, sin un sustento pero con gran aceptación por parte de la ciudadanía, ha sido la principal forma de justificación de los hechos que se registran en la entidad. Y es que es más fácil “echarle la pelotita a otro” que aceptar que hay fallas que se pueden solventar en nuestras acciones.

Pero, y ¿cuál es la estrategia política en todo esto? Hemos podido observar que se trata de una estratagema donde se busca responsabilizar a las nuevas administraciones de los hechos violentos, señalándose que estos “nuevos” funcionarios no son capaces de controlar y solventar el problema de seguridad. Es mejor regresar a lo que ya teníamos y a lo que estamos acostumbrados, justificando que la problemática delictiva que se presente al momento, no es particular de la entidad y que es parte de un entramado de la mismas organizaciones delictivas, que se “pelean el control” del trasiego y venta de estupefacientes en el Estado. Es problemática general y no es un caso particular del Estado.

¿No sería más efectivo mantener un efectivo control de las policías a reestructurarlas cada 3 ó 6 años? Financieramente, así será más sano, y estructuralmente, también; sin embargo, políticamente, no lo es.

¿Cuál ha sido la respuesta de las actuales administraciones? El minimizar los hechos delictivos, como ya se mencionó antes. Por otra parte, la creación, reestructuración, depuración, incremento, etc. de los cuerpos de seguridad pública. ¿No sería más efectivo mantener un efectivo control de las policías a reestructurarlas cada 3 ó 6 años? Financieramente, así será más sano, y estructuralmente, también; sin embargo, políticamente, no lo es.

Y es que esto implica que la reestructuración o renovación de los cuerpos policiacos, buenos y malos elementos por igual, es debido a que estos arrastran viejos vicios, y con las modificaciones en curso, podrán resarcirse el daño que se ha tenido, y de no ser así, se podría justificar al señalar: “Es una nueva policía, que se afronta a nuevos retos. Sin embargo, hay que darles tiempo para dar resultados.”

La seguridad pública ha sido utilizada como un factor político más al servicio de los gobernantes. La tendencia de los gobiernos, no sólo a nivel local si no también nacional es la de militarizar los cuerpos policiales.

La seguridad pública ha sido utilizada como un factor político más al servicio de los gobernantes. La tendencia de los gobiernos, no sólo a nivel local si no también nacional es la de militarizar los cuerpos policiales.

El incrementar el número de policías (sin una estrategia definida, pensando que un mayor número de elementos pueden disuadir a los criminales) y el colocar mandos de extracción militar y la construcción de cuerpos policiales semi militarizados, si bien han dado resultados en un corto plazo, no son la estrategia que se debe de seguir para combatir este mal que está por resurgir de nuevo. No obstante, es una carta política que es bien aceptada por la población en general.

La descomposición de los cuerpos policiacos, debido a los controles laxos y a la infiltración del crimen organizado, así como al poco interés que se les ha brindado al considerárseles como uno de los últimos eslabones para generar simpatía, ha generado una desconfianza general hacia las policías.

El haber tenido congelado por tanto tiempo temas tan importantes que son base para las efectivas políticas públicas y sociales como lo son las reformas en materia de seguridad, la importancia de la prevención del delito, la importancia de la participación de la ciudadanía dentro de las políticas, entre otros menesteres, solo sirvió para que la inseguridad se fuera desbordando hasta el punto de no poder contenerla efectivamente.

Si bien, los mandos militares han dado resultado en ciertos escenarios, está claro que la militarización de los cuerpos de seguridad no es el camino. La formación castrense no puede ser impuesta a los cuerpos policiales, cuya esencial es que son civiles.

Esta propuesta surge a razón que las fuerzas armadas son las que tienen una mejor percepción ante la ciudadanía, y es a través de su estructura y formación estricta, privilegiando el uso de la fuerza, como se reducirá la delincuencia.

Se debe de incidir más en el diseño de políticas de seguridad donde se privilegie la participación ciudadana desde un punto de vista multifactorial, donde se vea a la delincuencia desde un punto de vista multicausal, donde se hagan efectivas las reformas en materia seguridad y donde el trabajo policiaco se dignifique.

Hay que dejar de lado a la seguridad pública como estandarte político a favor o en contra de cierta administración.

Hay que dejar de lado a la seguridad pública como estandarte político a favor o en contra de cierta administración. Hay que construir con base en lo que ha dado resultado, reestructurar lo que no ha funcionado como se esperaba, adaptarse a los cambios propios de la dinámica del Estado y crear una coordinación entre corporaciones, donde el protagonismo pase a segundo plano, y los resultados sean los que hablen por sí solos. La mejor manera para conocer la percepción de seguridad, es cuando no se comenta de la misma (incongruente, pero cierto).

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Privatización de las prisiones en Nuevo León. ¿La solución a los problemas en el Sistema Penitenciario en el Estado?

“Se tiene la costumbre de creer que la prisión era una especie de depósito de criminales, depósito cuyos inconvenientes se habrían manifestado con el uso de tal forma que se diría era necesario reformar las prisiones, hacer de ellas un instrumento de transformación de los individuos”.
– Michel Foucault

Anteayer el gobernador del Estado, el Ing. Jaime Rodriguez Calderón “El Bronco”, realizó un anuncio donde señalaba que entre sus planes a un futuro próximo se encuentra el privatizar los centros penitenciarios en la entidad.

Anteayer el gobernador del Estado, el Ing. Jaime Rodriguez Calderón “El Bronco”, realizó un anuncio donde señalaba que entre sus planes a un futuro próximo se encuentra el privatizar los centros penitenciarios en la entidad. Si bien este concepto no es nuevo, dista mucho de no ser controversial.

Y es que el interés por los centros penitenciarios ha sido una constante, ya que nace de la problemática que se tiene actualmente: la sobrepoblación penitenciaria, no sólo del Estado sino del país, lo cual, lejos de favorecer la reinserción social, espíritu de la pena privativa de libertad, hace que estos sean más instrumento de contención de la criminalidad que un instrumento de reinserción social.

Pero más allá del interés de la privatización del sistema penitenciario, la cual se hace desde hace tiempo mediante Asociaciones Público-Privada (APP’s) en diversos centros penitenciarios del país, lo que este señalamiento ha demostrado es que se tiene previsto continuar con el uso excesivo de la pena privativa de libertad, la cual se ha utilizado de manera desmedida, pasando de ser el último ratio dentro del sistema penal a ser la prima ratio.

Sin embargo, esto es debido en gran medida ante la presión social donde cada vez se exigen mayores penas para los delitos, independientemente de la gravedad del mismo, así como al poco interés de los centros penitenciarios, vistos como el patito feo del sistema penal. Se han privilegiado las penas draconianas por sobre las alternativas a la prisión.

Con el señalamiento del mandatario estatal, nos encontramos frente a un principio que se construye sobre bases eminentemente utilitaristas: mayor bienestar con un menor costo social. Es decir, el confinar a los individuos problemáticos, esperando con esto mejorar los índices de seguridad y costear el gasto de manutención por medio de la Iniciativa Privada, previendo un aligeramiento en gasto del Estado.

Entonces surge la duda: ¿la privatización de los centros penitenciarios, busca ser un mejor instrumento para la reinserción del individuo o sólo un medio para aligerar la carga fiscal de la entidad?

En la actualidad, los centros penitenciarios no logran en objetivo de reinsertar a los internos, sino que fungen, como ya se mencionó, como instituciones de contención, por lo que muchos de los internos tienden a ser reincidentes una vez que han purgado su condena.

No hay una correcta política de reinserción.

Según datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal, en 2014 en Nuevo León, de los 5 mil 128 ingresos registrados a los centros Penitenciarios Estatales, 4 mil 905 corresponden a primodelincuentes, mientras que solo 58 sentenciados han sido reincidentes. No hay una correcta política de reinserción.

Aunado a esto, se tienen a los individuos que no cuentan con condena y se encuentran privados de su libertad en centros penitenciarios como parte de una medida cautelar. Se vuelve a hacer un sobreuso de la pena privativa de libertad. Esto genera, además del hacinamiento, un costo excesivo al erario, pudiéndose reducir con el uso de medidas cautelares apropiadas así como la conmutación de la pena de prisión en delitos no graves.

La participación de la Iniciativa Privada (IP), privatización, dentro de los centros penitenciarios debe enfocar sus esfuerzos no tanto en la contención, mantenimiento y vigilancia de la institución y sus internos, sino en el fortalecimiento de los mecanismos de reinserción social, así como en mecanismos para un correcto tratamiento criminológico del interno y en mejorar la calidad de estos al interior de los centros carcelarios, evitando con esto la reincidencia, ergo, la sobrepoblación penitenciaria.

Sin embargo, se debe de tener sumo cuidado en caso de la participación de la IP en los centros penitenciarios, ya que en lo que respecta en temas como la capacitación para el trabajo —como terapia laboral como parte de los ejes fundamentales para la reinserción del individuo—, este puede ser tergiversado y convertido en una especie de trabajo forzado, ya que no es remunerado, a raíz de las ambiciones económicas y capitalistas de las empresas involucradas.

El ánimo de lucro de una empresa privada constituye un elemento distorsionador de cualquier fin resocializador, por cuanto la empresa en una sociedad de mercado atenderá a sus intereses económicos, relegando en un segundo plano el fin a que se destina la privación de la libertad.

No sólo basta con reducir la población penitenciaria en el Estado para resolver el problema de hacinamiento, si no que se debe de hacer de manera correcta, ya que de enfocarse de manera incorrecta, no se estaría solucionando el problema. Se debe de atacar el problema de fondo, buscando la génesis delictiva y no de forma, mediante la construcción y privatización de más centros penitenciarios.

¿Qué es lo que se debe de hacer para que el Sistema Penitenciario sea liberado de la sobrepoblación penitenciaria que tanto le aqueja? Se deben buscar penas alternativas al uso de la prisión, métodos alternos de solución de conflictos, así como la correcta implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) como invertir en correctas políticas criminológicas que lleven a cabo el fin único de la pena de prisión: la reinserción social.

La inversión en el factor humano dentro del Sistema Penitenciario será clave para la correcta reinserción del individuo que ha delinquido. Una constante capacitación por parte de los funcionarios dentro de las prisiones es fundamental, no sólo se debe de invertir en infraestructura, que si bien es tema importante, no es el único, ya que esta idea de invertir en más y mayores centros penitenciarios trae implícita la idea de un mayor uso de la pena de prisión.

Señor gobernador, más allá de buscar como pasar la carga que implican los centros penitenciarios a otras manos, hay que invertir en correctas políticas públicas, criminológicas y penitenciarias, para reinsertar efectivamente al individuo.

Señor gobernador, más allá de buscar como pasar la carga que implican los centros penitenciarios a otras manos, hay que invertir en correctas políticas públicas, criminológicas y penitenciarias, para reinsertar efectivamente al individuo, trayendo esto consigo la reducción de la reincidencia, y con esto, la reducción del hacinamiento.

Como se mencionó antes, hay que buscar soluciones de fondo, no de forma.

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