España se convirtió este jueves en el séptimo país del mundo en aprobar la eutanasia legal tras el aval definitivo a la ley que regula la ayuda médica para morir como “derecho” y prestación sanitaria gratuita, con el apoyo de la izquierda y otras fuerzas y la oposición frontal de los partidos de derecha.

Los mayores de edad que  sufran de “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable” podrán pedir un suicidio asistido. No obstante, antes de llevar a cabo el procedimiento, los solicitantes serán informados de las alternativas y de los cuidados paliativos disponibles; deberán confirmar al menos cuatro veces su deseo de morir, su caso será analizado varias veces y podrán desistir en cualquier momento. Los profesionales sanitarios podrán acogerse a la objeción de conciencia.

Una “comisión de garantía y evaluación”, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, supervisará cada caso y será responsable en última instancia de autorizarlo.

Después de pasar por el Senado, el Congreso español respaldó la ley con el voto a favor de 202 de los 350 diputados, 141 en contra y 2 abstenciones. Esta ley entrará en vigor dentro de 3 meses de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El Partido Socialista y Unidas Podemos, las dos fuerzas parlamentarias que forman el gobierno de coalición español, fueron los principales promotores de la nueva ley. Fue respaldada también por los pequeños partidos de izquierda, como los liberales, nacionalistas e independentistas; y rechazada radicalmente por la oposición de conservadores (Partido Popular) y de extrema derecha (Vox).

La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, aseguró que España avanza en el “reconocimiento de los derechos”, así como en una sociedad “más justa y decente”. Por otra parte, el parlamentario conservador José Ignacio Echániz ( miembro del Partido Popular) subrayó que “no existe demanda social objetiva”, y aseguró que comités de bioética consideran que la ley abre la puerta a “eutanasias no solicitadas” yEspaña puede convertirse en un país de “turismo eutanásico”.

Fuentes: Forbes