Con 20 votos a favor y 11 en contra, el Senado de Uruguay aprobó la ley de Muerte Digna, que legaliza la muerte asistida por razones médicas, convirtiendo al país en el primero de América Latina en hacerlo por vía legislativa y el tercero del continente, tras Canadá y Colombia, donde la despenalización ocurrió por decisiones judiciales.

La norma permitirá que adultos psíquicamente aptos, en etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o con sufrimiento insoportable, puedan solicitar la eutanasia, tanto uruguayos como residentes extranjeros. La iniciativa fue aprobada tras más de diez horas de debate, con el apoyo del Frente Amplio y tres senadores opositores, entre ellos Ope Pasquet, impulsor del primer proyecto en 2020.

El senador Daniel Borbonet destacó que la ley “no obliga a nadie” sino que “ofrece una alternativa que hoy no existe”, calificándola como “una conquista de un derecho humano”. Afirmó además que “transcurrir con dignidad el proceso final de la vida… no es un delito”. En contraste, Pedro Bordaberry criticó que el texto esté “escrito desde el punto de vista exclusivamente de los médicos” y que “no todos los uruguayos tienen acceso a cuidados paliativos”, calificándola como “una ley de fomento de la muerte asistida”.

Por su parte, Ope Pasquet defendió su voto afirmativo señalando que el debate central es si “las personas tienen derecho a disponer de su vida o si están condenadas a vivir bajo cualquier circunstancia”. Añadió: “Votemos la ley de muerte digna y estaremos honrando la mejor tradición libertaria y humanitaria de Uruguay”.

Entre quienes siguieron el debate estuvo Beatriz Gelós, paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), quien afirmó: “Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada”.

El Colegio Médico del Uruguay no adoptó una postura institucional, aunque participó en el proceso “para asegurar las máximas garantías tanto a pacientes como a profesionales”, y señaló que la etapa de reglamentación será clave para brindar certeza y seguridad jurídica.