El 15 de septiembre de 2024, se publicó la reforma más profunda y significativa de las últimas décadas al Poder Judicial de México. Esta reforma no solo cambió cómo se organiza la justicia en el país, sino también cómo se elige a quienes la imparten. Uno de los puntos más llamativos es que, por primera vez, jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular. Si bien esto representa una forma de acercar la justicia a la ciudadanía, también ha generado preocupaciones sobre su impacto en la imparcialidad, la preparación de quienes ocupen esos cargos y el equilibrio entre poderes.

La reforma judicial de 2024 consistió en un conjunto de cambios constitucionales y legales que modifican la estructura, el funcionamiento y los procesos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación. Uno de sus elementos centrales es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal -que vigilaba el comportamiento de los jueces- y la creación de nuevos órganos que asumirán tareas de control, vigilancia y disciplina. A su vez, las personas que ocupen los cargos de titulares de órganos jurisdiccionales del país serán elegidas mediante voto ciudadano directo; es decir, en elecciones nacionales, las cuales se desarrollarán el próximo domingo 1ro de junio de 2025.

En efecto, en el ámbito federal, el día de la jornada electoral cada ciudadano recibirá 6 boletas en las que podrá elegir a ministros, jueces y magistrados, quienes serán integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito, Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Por su parte, en el ámbito local, esta reforma también obligó a las entidades federativas a elegir a sus jueces y magistrados a través del voto popular. Así, a la par de las elecciones del Poder Judicial Federal, en junio de este año, 19 estados de la República Mexicana renovarán sus respectivos poderes judiciales,[1] y los 13 estados restantes lo tendrán que hacer en 2027.[2]

La intención de esta reforma es clara: acercar la justicia a la ciudadanía y permitir que la gente tenga voz sobre quiénes ocupan cargos tan importantes. La jornada electoral del próximo 1 de junio representa el primer ejercicio popular para elegir nuevos integrantes del Poder Judicial; con esto se abre una nueva etapa para la democracia en México, pero también plantea desafíos serios que no deben ignorarse. La justicia debe ser cercana al pueblo, sí, pero también debe ser imparcial, técnica y profesional.

Por ello, es importante que la ciudadanía exija cuentas a los funcionarios que resulten electos y evalúen de manera muy crítica su desempeño, tanto legal como personal, con la finalidad de perfeccionar las áreas de oportunidad que se presenten de cara a la siguiente elección judicial en 2027.

[1] Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

[2] Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa.