El Tribunal Supremo de Estados Unidos sentó este miércoles en el banquillo a Twitter para estudiar si la empresa de Elon Musk es responsable de ayudar a instigar un atentado terrorista al no eliminar correctamente contenido publicado por organizaciones como el Estado Islámico (EI).

La red social fue denunciada junto con Facebook y Google (como dueña de YouTube) por la familia del jordano Nawras Alassaf, quien murió el 1 de enero de 2017 en un club nocturno en Estambul (Turquía) a manos de Abdulkadir Masharipov, un terrorista que irrumpió en el lugar y asesinó a 39 personas.

En su opinión, brindaron así apoyo material al EI al proporcionar la infraestructura y los servicios que le permiten “promover y llevar a cabo sus actividades terroristas”, al no monitorear y eliminar de manera proactiva el contenido terrorista.

Los denunciantes se abrazan a la Ley Antiterrorista (ATA) y a la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA), que permiten a las víctimas del terrorismo presentar demandas de responsabilidad primaria y secundaria contra cualquier entidad que ayude a un acto terrorista.

Los jueces del Supremo tendrán que dirimir si, según la Ley Antiterrorista, se puede considerar que las plataformas de redes sociales que alojan contenido de usuarios han ayudado e instigado un acto de terrorismo internacional por su supuesta falla a la hora de filtrar y eliminar suficientemente el contenido publicado por organizaciones terroristas.

En la vista de este miércoles, el abogado de Twitter, Seth Waxman, centró su defensa en que no hacer todo lo posible para hacer cumplir las reglas y políticas de Twitter que prohíben este tipo de contenido “no equivale a la provisión consciente de asistencia sustancial” a los proveedores de los contenidos violentos.

“Si el jefe de policía de Estambul hubiera venido a Twitter diciendo ‘hemos estado siguiendo tres cuentas y estas personas parecen estar planeando algún tipo de acto terrorista’ y Twitter no lo hubiera investigado, en ese caso habríamos asumido la culpabilidad”, relató.

La tecnológica de Elon Musk asegura que el hecho de que el EI haya utilizado la plataforma no constituye una asistencia “consciente”, una postura que comparte la Administración de Joe Biden.

Según el procurador general adjunto Edwin Kneedler, representante del Gobierno, la empresa no puede ser considerada responsable en virtud de la Ley Antiterrorista porque el Congreso se aseguró de que esta ley “no tenga un alcance tan amplio como para inhibir actividades legítimas e importantes de empresas, organizaciones benéficas y otros”, apuntó en su intervención.

Pero en opinión de varios de los jueces del Supremo, Twitter “sabía todo eso y no hizo nada al respecto”, apuntó la magistrada progresista Elena Kagan.