El diputado panista Luis Susarrey entregó una iniciativa de reforma a la Oficialía de Partes del Congreso, con el objetivo de plantear un aumento en la pena y sanción en caso de que funcionarios públicos utilicen medios digitales para cometer difamación.

Esto implicaría que cuando se utilicen comunicados oficiales, declaraciones en ruedas de prensa o publicaciones en redes sociales para dañar la imagen o reputación de algún servidor público en cualquiera de sus tres niveles, podrían estar sujetos hasta a doce años de prisión y 192 mil pesos de multa.

“No puedes utilizar los canales institucionales de Gobierno para desprestigiar a una persona… todas las cuentas de redes sociales de servidores los públicos se consideran como parte de la comunicación oficial“, explicó el legislador.

Anteriormente este delito era sancionado con máximo tres años de cárcel y una multa de 48 mil pesos.

La reforma será añadida al Código Penal del Estado.