Llegar a los puestos de toma de decisiones fue una de las primeras metas (y posteriormente conquistas) del movimiento feminista en el mundo. Había que estar en el poder para incidir en los cambios legislativos que repercutirían en las vidas cotidianas de las mujeres: el acceso a la educación, el derecho a una vida libre de violencia, a mejores condiciones laborales y salarios dignos, etc.
Poco se imaginaban las sufragistas que en 2020 las mujeres nos seguiríamos enfrentando a numerosos obstáculos en esta esfera: cuando ya podíamos votar, era difícil ser candidata. Cuando se exigió a los partidos políticos dejar de obstaculizar las carreras políticas de sus militantes colocándolas como candidatas, les pedían renunciar al ser electas para dar paso a su suplente hombre. Cuando se bloqueó la posibilidad de este escenario, continuaron reforzando los mitos: “no hay mujeres”, “es cuestión de capacidad”… invisibilizando a las mujeres con larga trayectoria política y grandes capacidades entre sus filas. Cuando se dictó que las candidaturas debían realizarse en paridad (50% mujeres, 50% hombres) no sólo se resistieron sino que dieron paso a nuevos (y viejos) retos… las mujeres en campaña no accedían a la misma cantidad de recursos que sus contrapartes masculinas, tampoco se hablaba de ellas con la misma frecuencia en los medios y, cuando se hablaba, los comentarios contenían estereotipos de género, se enfrentaron a todo tipo de violencia dentro de su actuar político: descalificaciones por su género, amenazas, malos tratos, abusos sexuales, secuestros y hasta feminicidios. Cuando llegaron al poder, les obstaculizaron la toma de puestos importantes como la llegada a presidencias de Comisiones estratégicas.
Todo esto, es violencia política en razón de género. Y obstaculiza el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Les impide participar en la vida pública de este país en igualdad de condiciones.
Las instituciones mexicanas ya han tomado cartas en el asunto desde hace un par de años, mediante la conjunción de esfuerzos y el lanzamiento de protocolos para atender y sancionar este tipo de violencia. Sin embargo, su investigación y la resolución de los casos se obstaculiza al no existir un tipo penal.
Ayer, la Comisión de Igualdad de Género del Senado aprobó la tipificación de este delito y, aunque faltan pasos a seguir dentro del proceso legislativo, el suceso ya es digno de informarse al ser un paso que significará un cambio importantísimo en la vida de las mujeres, en la consolidación de espacios libres de violencia también en la arena pública. Tener un marco normativo sólido que garantice y proteja nuestros derechos políticos es un paso fundamental para el alcance de una verdadera democracia, en la que todas las personas estemos representadas, incluidas y en el que nuestra participación no se vea obstaculizada.
“Que las niñas del futuro que sueñan con gobernar, legislar y administrar este país no sean nunca víctimas de violencia política en razón de su género. Que tengan herramientas para denunciar a sus agresores”– Indira Kempis, Senadora de la República.