El diputado independiente Jorge Blanco presentó dos iniciativas de reforma para garantizar la seguridad en el transporte público; una al Código Penal y otra a la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable.

Las propuestas buscan garantizar la seguridad de usuarios de transporte privado tanto en  taxis tradicionales como en los servicios de Uber y Cabify.

La iniciativa de reforma al Código Penal plantea que el artículo 177 sea cambiado para endurecer las sanciones para los choferes que usen sus taxis para la comisión de delitos.

Quien ofrezca en renta varios vehículos para el servicio de transporte privado de pasajeros vía internet, careciendo de la Constancia o Certificado vehicular otorgada por el Estado, podría ser castigado con una pena de tres a ocho años de prisión y una multa de 300 cuotas.

“Le estamos dando una seguridad al usuario, se va a castigar con penas desde 1 a 12 años de prisión cuando el que presta el servicio carezca de la concesión, carezca de la licencia  o inclusive participe en hechos de privación ilegal de la libertad o en huidas para robos”, dijo el legislador.

Además, el diputado presentó una iniciativa de Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable, con la que se espera que se los conductores de taxis que funcionan por medio de una plataforma electrónica, como Uber o Cabify, tengan que tener un permiso o Certificado vehicular.

“Con la reforma, será responsabilidad de la Agencia expedir los permisos, otorgar o negar la acreditación de Registro y sus respectivos refrendos, así como las constancias y certificados necesarios en los términos y condiciones que señala esta Ley”, añadió.