A más de ocho años de su inauguración, la polémica Estela de Luz, sigue dando de qué hablar.
Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la responsabilidad resarcitoria fincada en marzo de 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra dos responsables de la compra de acero a un mayor precio para la construcción del monumento conmemorativo del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia.
Se trata de Andrés León Reguera, residente de obra a quien la ASF fincó responsabilidad de 216.3 millones de pesos, y de Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quien debe responder por un daño de 230 millones de pesos a la Hacienda Pública federal.
Ambos trabajaban para la paraestatal III Servicios, que fue la encargada de contratar a las empresas privadas que ejecutaron la obra.
León y Bravo aparentaron un cambio de acero inoxidable para el proyecto que incrementó el costo en 316.5 millones de pesos.
No obstante que el TFJA confirmó que éste era igual al original.
León y Bravo pueden impugnar la sentencia del TFJA mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.
De ser confirmadas en definitiva, las resoluciones de la ASF se convertirán en créditos fiscales, que corresponderá al SAT ejecutar.