Eligen a Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la CNDH

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El Senado de la República eligió finalmente, en una tercera votación, a Rosario Piedra Ibarra, como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en sustitución de Luis Raúl González Pérez.

Piedra Ibarra logró 76 votos, el mínimo requerido de los dos tercios de acuerdo a la lista de asistencia de los senadores.

González Peréz deja el cargo de ombudsman al hacer patente que no contaba con el respaldo del Gobierno federal y del partido mayoritario, quienes han cuestionado las recomendaciones del organismo a su cargo.

Piedra Ibarra es hija de la activista Rosario Ibarra, misma que recibió al Medalla Belisario Domínguez el pasado mes de octubre.

La nueva titular de la CNDH contó con el apoyo de la bancada morenista y sus aliados, no obstante la oposición se negó a apoyarla por ser militante de Morena y su cercanía con el Gobierno federal.

Abordan seguridad AMLO y gobernadores durante CNSP

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne por primera vez con los gobernadores de todo el País, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

El encuentro, que se realiza en Palacio Nacional, arrancó a las 18:15 horas con la participación del gabinete federal de seguridad y representantes de la sociedad civil.

El CNSP sesiona por primera ocasión desde hace más de un año, a pesar de que la ley en la materia establece que debe hacerlo por lo menos una vez cada seis meses.

La reunión se da en medio de la crisis de desabasto de combustible en entidades como Jalisco y Michoacán, a raíz de la estrategia federal de combate al huachicoleo.

También en el contexto de la discusión legislativa sobre la creación constitucional de la Guardia Nacional, que en los hechos ya opera desde el arranque de la Administración.

En la sesión del CNSP se someterá a votación la aprobación de protocolos sobre seguridad y justicia, previamente “planchados” por Procuradores y Secretarios de Seguridad.

También se aprobarán los nuevos criterios y fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que este año cuenta con poco más de 7 mil millones de pesos.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, adelantó que en caso de poder intervenir en la sesión hará un llamado a repensar la creación de la Guardia.

En tanto, la activista Isabel Miranda de Wallace, pidió que el encuentro sea más dinámico que los anteriores y se permita que haya intercambio de opiniones.

La sesión será encabezada por el Jefe del Ejecutivo y coordinada por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Franco Frabbri.

De acuerdo con el programa, se votarán 10 acuerdos, entre ellos la estrategia para garantizar la Red Nacional de Radiocomunicación, y la verificación de la calidad de la información de la incidencia delictiva.

Asimismo, el Protocolo Nacional de Investigación del Sistema de Justicia Penal, y el Programa Nacional de Combate al Secuestro, entre otros.

El programa contempla la participación de gobernadores y la intervención de los invitados permanentes de la sociedad civil, Francisco Rivas, Isabel Miranda de Wallace, y Orlando Camacho.

Asimismo, la intervención del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

CNDH acusa colusión entre autoridades y crimen organizado que permitió el caso Ayotzinapa

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A escasos tres días de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó las conclusiones de la organización sobre los hechos ocurridos con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La CNDH emitió la Recomendación 15VG/201816 autoridades federales, estatales y municipales en torno a la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

El documento contiene 128 puntos recomendatorios en los que se aclara que con esta instancia no se da por terminada la investigación del caso, sino que constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer.

En la sede del Club de Periodistas, en el Centro Histórico, González Pérez indicó que el documento sintetiza más de un millón de hojas y mil 255 tomos, resultado de las indagatorias sobre la desaparición de los normalistas de “la cual constituye la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto”.

Uno de los señalamientos que destaca la CNDH es que al menos 19 personas fueron incineradas en el basurero de Cocula, las cuales podrían estar vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que corresponderá a las nuevas autoridades continuar con las investigaciones penales del caso.

De acuerdo con el organismo autónomo, autoridades de los tres niveles de gobierno no hicieron nada para actuar y evitar los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y ésta situación “sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.

Al afirmar que se trata del caso más ominoso y complejo en la historia de la CNDH, comentó que en las pesquisas que realizó se vio obstaculizada por la falta de cooperación de diversas autoridades que recurrentemente le negaron acceso a la información en su poder, o bien entregaron información de manera parcial, incompleta o desordenada.

Además, de manera negligente o dolosa se negaron a llevar a cabo diligencias o ejecutar acciones que habrían permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos, evitar que elementos probatorios se perdieran o contaminaran.

El titular de la CNDH resaltó que la verdad es el mejor instrumento para la justicia, sin embargo en diversas ocasiones las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial.

CNDH confirma violación de derechos humanos durante operativo en Nochixtlán

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En los hechos del 19 de junio del año pasado en Nochixtlán, Oaxaca, hubo uso excesivo de la fuerza tanto de elementos policiacos estatales y federales, todos los funcionarios involucrados en el operativo policiaco deberán ser investigados y en su caso fincar responsabilidades, además de pedir disculpas públicas indicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar la Recomendación 7VG/2017, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que el operativo del 19 de junio de 2016, al mando de la Policía Federal para desalojar un bloqueo carretero en Oaxaca tuvo un “pésimo diseño y una ejecución totalmente mala” que propició que durante 12 horas se registraron tres enfrentamientos entre civiles y elementos policiales en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo, Hacienda Blanca y Viguera.

De estos enfrentamientos, siete personas perdieron la vida, 453 civiles resultaron con lesiones físicas, 45 de ellos por arma de fuego; 106 elementos policiales también fueron heridos, cuatro de ellos por lesiones de arma de fuego.

“El grupo de coordinación Oaxaca este grupo fue el que estuvo coordinando el diseño del operativo, estamos pidiendo que se finquen responsabilidades, que se procesen previo investigación a quienes intervinieron en el diseño ejecución del operativo. El grupo de coordinación Oaxaca hizo un pésimo diseño una ejecución totalmente mala que propició estas consecuencias, la instrucción fue que no fueran armados”, indicó.

Enrique Guadarrama López, Segundo visitador general de la CNDH, señaló que se acreditó con testimonios de los propios mandos de los policías que el operativo del 19 de junio fue monitoreado en un hotel ubicado en la Ciudad de Oaxaca, por el denominado Grupo de Coordinación Oaxaca, integrado por autoridades estatales y federales, además de que en ese mismo hotel la Policía Federal estableció un puesto de mando que se encargó de llevar a cabo cuestiones de enlace y operatividad entre los elementos policiales que acudieron al operativo y los mandos superiores.

Según los testimonios recabados por las CNDH, elementos de la Gendarmería declararon que fue su propio instinto o la autodeterminación lo que los llevó a accionar sus armas. El testimonio de uno de ellos indicó “nadie dio esa orden, todo fue sentido de supervivencia”.

Ante estos hechos la CNDH recomendó a la Comisión Nacional de Seguridad, en materia de satisfacción a las victimas una disculpa pública en coordinación con el gobierno del Estado; asimismo se pide la colaboración en los procedimientos administrativos  y penales que se inicien en contra de los responsables, incluyendo a los mandos por la operación del operativo.

También recomendó el uso obligatorio de cámaras fotográficas, de vídeo y audio en los operativos, así como la revisión del marco normativo aplicable al uso de la fuerza de la Policía Federal.

Exigen Aprobación de Ley de Desaparición Forzada

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó al Poder Legislativo federal a que en el próximo periodo de sesiones se apruebe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual se detuvo en la Cámara de Diputados desde el pasado 28 de abril.

En su discurso de apertura del foro “Sobre desaparición forzada. Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, en Chilpancingo, Guerrero, el ombudsman nacional aseguró que la desaparición y la desaparición forzada sigue siendo una “realidad en el país”, porque no se ha hecho “lo suficiente para atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita.

“No podremos hablar de que en nuestro país logremos por completo el respeto y vigencia de los derechos humanos, en tanto no demos respuesta y solución al problema de las desapariciones, determinando el destino y ubicación de cada persona desaparecida, sancionando a los responsables de cada caso”, mencionó.

González Pérez criticó que al Estado Mexicano no ha atendido las demandas de la sociedad civil y las víctimas respecto a un marco legislativo que atienda de manera adecuada estos delitos.

Esto es, una ley que enmarque un tipo penal en el que se sancione las desapariciones cometidas por particulares, además de las desapariciones forzadas; que incorpore un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con marcadores genéticos; y en el que se obligue a los ministerios públicos a contar con agencias especializadas en la materia, entre otras de las 102 propuestas que presentó la CNDH desde abril pasado.

“Esta Comisión Nacional enfatiza el compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas y reitera la importancia y urgencia de que el Estado Mexicano, a través de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, genere condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares“, concluyó.

CNDH recibió quejas por el caso Tláhuac.

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Han sido dos las quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido por el caso Tláhuac, así lo dio a conocer su titular, Luis Raúl González Pérez.

En entrevista al término de la reunión de Parlamentarios Locales para la Armonización Legislativa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, el ombudsman nacional detalló que una de estas quejas fue para agilizar la entrega de los restos mortales de Felipe de Jesús Pérez Luna, ‘El Ojos’.

“Se presentó una queja para que pudieran entregarles el cuerpo de este señor que perdió la vida, Pérez. Se hicieron todas las gestiones para que se agilizaran los trámites para que fuera entregado el cuerpo a la familia. Hay otra queja de otra persona que se queja de allanamiento a su domicilio”.

Respecto a los señalamientos en contra del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado; González Pérez manifestó que deben ser las investigaciones las que determinen si existe un vínculo del funcionario con la organización criminal que encabezaba ‘El Ojos’.

“Las investigaciones son las que deben de determinar cualquier involucramiento de cualquier persona, trátese de quien se trate, pero debe ser a partir de información sólida, comprobable, acreditable con evidencias y que se actúe conforme a la ley”.

El titular de la CNDH destacó que quien cometa una conducta delictiva debe de ser investigado, mientras que los jueces deben imponer el mayor rigor de la ley a quien comete un acto ilícito, pero con respeto a los derechos humanos.