Narcisismo público

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Bien dice el mito que hace tiempo hubo un joven llamado Narciso, que, cegado por su arrogancia y egolatría, terminó con su vida. Algo así podría decirse que ocurre cuando el gobierno gasta en intereses particulares para engrandecerse, pero en lugar de provocarse una propia muerte, las personas que resultan afectadas son los mexicanos. 

Con la noticia que la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastó 2,700% más de lo aprobado en su presupuesto para la Dirección de Comunicación Social el año pasado, me di la tarea de investigar un poco más sobre los gastos de esta Secretaría. El monto aproximado del gasto en Comunicación Social fue de 1,963 millones de pesos (mdp), mientras que al Programa de Cultura Física y Deporte se le dieron 1,382 mdp, al Programa para el Desarrollo Profesional Docente se le invirtieron 961 mdp, el Programa Nacional de Inglés obtuvo 646 mdp y al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa se le dedicaron sólo 211 mdp. También cabe mencionar que estos programas tuvieron subejercicios del 10%, 42%, 20% y 45% respectivamente. En otras palabras, se gastó un 2,700% más en comunicación mientras que en deporte y cultura física se invirtió 10% menos, en capacitación de docentes 42% menos, en cursos de inglés 20% y en minimizar la desigualdad social y de género en el ámbito educacional 45% menos. 

Por otro lado, el presupuesto para otras Direcciones también fue menor a lo que recibió la Dirección de Comunicación Social. Algunas por mencionar son la Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección General de Educación Indígena, la Dirección General de Evaluación de Políticas y la Dirección General de Desarrollo Curricular. 

Además, con la promulgación de la Ley General de Comunicación Social o #LeyChayote se reafirma esta necesidad que tiene el gobierno de promoverse a sí mismo. Esta ley pone en peligro la libertad de expresión y abre camino a que las entidades gubernamentales puedan publicitarse sin un tope de gastos o vigilancia clara. 

No veo el sentido en gastar en tanta comunicación y publicidad si no tienen algo bueno que promover. Me haría sentido si hubiera campañas educacionales efectivas y se demostrara que la calidad de las escuelas ha incrementado. Pero aún tomando esto en cuenta, es una exageración y burla que los programas que pueden hacer que la calidad educativa suba, reciban mucho menos que lo que se le destinó a la Dirección de Comunicación Social. 

Sin duda debe de haber una sanción a la SEP por haber sobrepasado el tope de gasto aprobado y se debe de revisar igual de cuidadosamente los presupuestos de las demás secretarías; también la Ley Chayote debería de ser más específica para evitar que los medios sean tapizados con contenido gubernamental. Este narcisismo público es el que nos afecta diariamente; es un narcisismo que no favorece a nadie más que al gobierno y es el narcisismo que se termina convirtiendo en una ola de corrupción. 

*Todas las cifras fueron sacadas del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa de la Secretaría de Educación Pública y del Gasto por Categoría Programática en la Cuenta Pública de 2017.

Le dijeron que no, pero EPN promulga la “Ley Chayote”

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Hoy el Diario Oficial de la Federación dio a conocer que el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó el pasado 8 de mayo la Ley de Comunicación Social, mejor conocida como “Ley Chayote”, esto a pesar de que organizaciones civiles le solicitaron al mandatario no hacerlo.

La ley promulgada que contiene 45 artículos y ocho disposiciones, tiene el objetivo de regular la contratación de propaganda oficial, ademas responde a un amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia en noviembre del año pasado, donde ordenó al Congreso expedir la norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril.

“La presente Ley tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los Entes Público a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, indica el artículo segundo de la Ley Chayote.

De acuerdo a organizaciones civiles y organismos internacionales, la ley promulgada y aprobada por ambas cámaras, no cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia.

Por otro lado, el Instituto Belisario Domínguez (IBD), advirtió en análisis que dicha ley define de manera vaga los contenidos permitidos y no permitidos, y deja que continúe el gasto por encima de los programado. También asegura, que la “Ley Chayote”, abre la posibilidad de que haya programas gubernamentales que no necesariamente sean útiles para el público.

Por último, el informe del IBD, asegura que la ley no distingue entre los tipos de medios de comunicación.

Aprueba Senado la llamada “Ley Chayote”

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Esta mañana el Senado de la República aprobó en lo general con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención la Ley de Publicidad Oficial, mejor conocida como “Ley Chayote”.

La ley que busca regular la publicidad oficial que los entes públicos otorgan a medios de comunicación, modifica el artículo de la Constitución, y entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019.

Esta modificación estipula que debe de haber transparencia en los contratos, topes claros al gasto de comunicación social y una distribución lógica y equitativa del dinero, esto de acuerdo a la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio el 30 de abril como fecha limite para emitir una legislación en el tema.

El panista Héctor Larios criticó la aprobación de la controversial ley, diciendo que lo único que se lograba es que se institucionalice el gasto de dinero de los contribuyentes en promover acciones de Gobierno, algo que consideró como inconcebible en países desarrollados.

Por su parte, Martha Tagle, dijo que lo aprobado no tenía contenía el espíritu la orden de la Corte y de la Constitución.

“¿Cuáles son los efectos de la omisión legislativa en materia de libertad de expresión? No se refiere al tiempo, escuchen bien, la omisión es no expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 de la Constitución, viola la libertad de expresión, de prensa y de información. La ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, dijo la legisladora.

La Ley de Comunicación Oficial fue aprobada anteriormente en la Cámara de Diputados el 10 de abril. La llamada “Ley Chayote” ha sido objetivo de criticas por parte de ONGs, entre ellas Artículo 19, ya que aseguran que ponen en peligro la libertad de prensa y de expresión.

Comunicación Social: Ley de Publicidad

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Esta semana se aprobó con el apoyo de las bancadas del PRI, PVEM y PANAL en la Cámara de Diputados la controversial ley de publicidad oficial también apodada por los activistas como “Ley Chayote”. En resumen, lo que busca esta nueva normatividad es poner orden a los tres niveles de gobierno, en sus 3 poderes y a los órganos autónomos en sus gastos de comunicación social para que se cometan menos abusos con gastos en ese rubro. La ley establece que toda comunicación social debe cumplir con varios criterios de eficacia, economía, veracidad, transparencia y honradez. Se obliga a las instituciones a elaborar un programa anual de comunicación social, el cual debe incluir medios de comunicación que estén incluidos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación que también se crea con el mismo fin de tener un mayor control.

Cientos de asociaciones civiles y organizaciones de activistas ciudadanos se expresaron en contra de la polémica ley, al argumentar que no resuelve de tajo el problema ya que no establece topes ni en cantidad, ni en porcentaje en los gastos de comunicación social que en muchos casos son exagerados y representan un “boquete” para las finanzas de la nación y de muchos estados y municipios. La ley no define tampoco criterios de que tipo de espacios se pueden o no contratar ni limita la aparición de funcionarios públicos, no mete el gasto de comunicación social dentro de los informes anuales de labores ni promueve la diversidad y el pluralismo de medios, al contrario lo centraliza en la SEGOB presentando un posible riesgo para medios que no sean afines a ciertos grupos.

Para nadie es secreto que la libertad de expresión en nuestro país ha ido evolucionando de manera acelerada, en las últimas décadas con el surgimiento de la competencia política y la maduración de la democracia en nuestro país, pero también ha traído consigo retos como el hecho que México es el primer o segundo país (sin guerra, dependiendo del año) con más periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión. No está de más la frase que los medios de comunicación representan un cuarto poder, su influencia es tal que pueden construir o destruir reputaciones e influir elecciones a su criterio o al criterio del mejor postor. Al final aunque si bien los medios son un negocio por la publicidad, también debería existir (y muchos medios lo tienen, tampoco hay que generalizar) un sentido de responsabilidad en el ejercicio del periodismo en nuestro país.

Yo no creo que sea justo calificar a esta ley como mala o como buena, soy un convencido que debemos reconocer que representa un primer paso hacía un mayor control en el gasto gubernamental en publicidad (sin entrometerse en el ejercicio periodístico), pero aún falta mucho por hacer para evitar los abusos por parte de ciertos gobernantes que en 3 o 6 años quieren hacerse más famosos que Luis Miguel, por decirlo de manera coloquial. Vigilar el gasto de publicidad no solamente en gobiernos sino también en campañas es muy importante, cuantos candidatos no hay que se quejan de que si no pagan a tal o tal medio no salen en ningún lado, en ese caso los medios están en su derecho de cobrar por publicidad pero tampoco hacer un cobro excesivo, que inclusive por debajo del agua pudiese ser hasta mayor que el propio tope de gastos del candidato.