Gobierno de EPN otorga 70% de contratos sin licitar; IMSS, ISSSTE y CFE con más riesgo de caer en corrupción: IMCO

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Durante la actual administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71 por ciento de los contratos, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

 De acuerdo con su reporte Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017.

El Imco señaló que a partir de la revisión de los contratos que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia, de transparencia y existencia de anomalías diversas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción y sumaron casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas.

Según el Imco, la base de datos generada también permitió identificar algunas prácticas contrataciones públicas que preocupan, como que tres instituciones concentren el 56 por ciento del gasto público de la Administración Pública federal en procedimientos de contratación, y que 30 (0.02 por ciento del total) proveedores se queden con una quinta parte del gasto en contrataciones públicas.

Ante este panorama el IMCO propone una nueva ley de adquisiciones y una nueva ley de obra que se apeguen a los estándares internacionales, eliminen excepciones y establezcan procedimientos más sencillos y eficientes.

Asimismo propone una nueva plataforma de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio y que abarque el ciclo completo: planeación, licitación, ejecución, además de reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control y vigilancia en contrataciones públicas.

Propone también la creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas que se encargue de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a usar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología.

Estados también derrochan en publicidad, gastan 139% más de lo presupuestado en 2016

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En 2016, los estados tuvieron un gasto excesivo de publicidad y derrocharon 139% más de lo que tenían asignado para ese año.

Las 32 entidades tenían un presupuesto total para comunicación social de 3,994 millones pero terminaron gastando 9,528 millones.

Esto significa un aumento de 5,534 millones, cifra mayor al financiamiento público de los partidos en 2017 que fue de 4,059 millones, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017 (IIEG).

Éste mide la armonización de la información sobre el ejercicio del gasto en las 32 entidades federativas y analiza la composición y variaciones del gasto a lo largo de los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

Puebla es el ejemplo de un excesivo gasto en publicidad. El estado tenía presupuestado 600 mil pesos, pero al final de 2016 ejerció 60.9 millones de pesos, esto es 8,684% más.

Zacatecas gastaría 7.5 millones de pesos, pero acabó gastando 218.4 millones. Sinaloa presupuestó 25.5 millones pero gastó 460.1 millones, esto es un aumento de 1,706%.

Los estados también aumentaron su gasto en burocracia 16% que equivale a 84,124 millones de pesos más de lo presupuestado.

En este rubro, el gobierno de Jalisco duplicó su gasto, al presupuestar 18,712 millones y ejercer 37,260 millones. Guerrero presupuestó 4,176 millones y ejerció 8,642 millones, es decir, 107% más.

Un rubro en el que las entidades gastaron menos fue en infraestructura.

Los estados ejercieron 10,606 millones de pesos (-9%) menos de lo presupuestado. Aunque en total tenían presupuestado para 2016 un gasto de 113,777 millones, terminaron gastando 103,171 millones. 19 entidades gastaron menos de lo presupuestado en infraestructura.

El gobierno de Nuevo León presupuestó 788 millones y ejerció solo 72 millones, es decir, 91% menos de lo presupuestado.

En total, las entidades gastaron 223,726 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. Es decir, 14% más de lo aprobado, cifra equivalente al saldo de la deuda de 26 estados que suma 212,136 millones de pesos.

A nivel nacional,  los gobiernos estatales tuvieron un cumplimiento promedio de 58%.

Protestan contra pase automático de Raúl Cervantes a la Fiscalía.

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Diversos representantes sociales y de derechos humanos, además de líderes empresariales y banqueros solicitaron al Congreso que se prohíba el pase automático a la Fiscalía de Raúl Cervantes, actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y en su lugar sea creado un instrumento general con independencia.

Los activistas quienes están unidos bajo los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, presentaron en el Ángel de la Independencia una propuesta que conjunta lo mejor de las nueve iniciativas que fueron congeladas por los senadores para reformar el Artículo 102 de la Constitución, que otorga forma a la Fiscalía.

Los acuerdos fueron leídos por Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Entre otras cosas, exigen que se garantice la autonomía de las fiscalías especializadas en materia de anticorrupción, de delitos electorales y de los derechos humanos.

Y subrayan la necesidad de que la Fiscalía tenga facultades para atraer casos de las entidades federativas, cuando las fiscalías locales no tengan la independencia necesaria para resolverlos.

Se prevé que el proyecto sea entregado al Congreso en los próximos días.

Mientras tanto, legisladores del Partido Verde y del Tricolor se jactan de contar con los votos suficientes para impulsar al Procurador Raúl Cervantes como nuevo Fiscal General.

Incluso, algunos panistas, pese al exhorto de su dirigente nacional, Ricardo Anaya, no descartaron apoyar a los priistas y verdecologistas en su intención; uno de ellos, fue Javier Lozano, quien aseguró que lo que se necesita es un Procurador fuerte “sea quien sea”. Vaya pues.