Tren Maya podría costar hasta 10 veces más de lo que dice AMLO: IMCO

Comparte este artículo:

Si la planeación no es la óptima, el Tren Maya podría aumentar su costo de producción entre cuatro y 10 veces más que los 120 mil a 150 mil millones de pesos calculados por el gobierno federal, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

En un comunicado, el centro de investigación alertó que, de acuerdo con la experiencia internacional,  los proyectos ferroviarios elevan su costo en un 45% sobre lo presupuestado.

Consideró necesario que el gobierno haga una evaluación correcta de los costos estimados, aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte, con el fin de que el proyecto genere ganancias o no requiera de subsidios gubernamentales durante su vida útil.

“El costo estimado de construcción del Tren Maya derivado de este ejercicio asciende entre los 479 mil 920 millones de pesos y 1 billón 599 mil 767 millones de pesos, un rango que es entre 4 y 10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el gobierno federal.

“El peor escenario sería aquel en el que la construcción del Tren Maya no cumpla con sus objetivos de proporcionar crecimiento y desarrollo integral a las comunidades por las que pasará, y que el gobierno federal acabe subsidiando con los recursos de los contribuyentes la vida útil de otro proyecto sin beneficios para nadie”, alertó el Imco.

Recordó que especialistas ambientales han manifestado su preocupación en torno a la ruta del Tren Maya, la cual atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única, así como en la evaluación económica del impacto ambiental que deberá retroalimentar la factibilidad y el análisis costo-beneficio del proyecto.

Esta evaluación deberá ser uno de los ejes centrales y preventivos de la decisión del gobierno para iniciar las obras, consideró.

“El 56% de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social y está compuesta por más de mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponde a ejidos.

“Asimismo, antes del inicio de la construcción, el gobierno tendrá que cumplir con su obligación de llevar a cabo una consulta libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, pública y de manera informada en una de las regiones con alta proporción de población indígena.

“Además, la planeación tendrá que asegurar el trazo y los derechos de vía deberán estar listos antes de iniciar la obra”, detalló el Instituto.

Entre las recomendaciones del Imco para aumentar la rentabilidad del proyecto está incluir a la población en mecanismos de consulta regulares desde la etapa de planeación del proyecto, “con lo que el gobierno podrá gestionar de mejor forma diversos riesgos sociales”.

Propuso además incorporar actividades distintas al turismo en la planeación de la obra; asegurar que las líneas se construyan en tramos urbanos, densamente poblados y cortos, y obtener la totalidad de los derechos de vía de los tres tramos antes de iniciar la obra.

Finalmente sugirió evaluar el costo de oportunidad de otros proyectos que puedan generar un mayor beneficio a la sociedad; “un ejemplo de esto podría ser el Ferrocarril Transístmico”, concluyó.

Estados derrochan más de lo presupuestado y se endeudan más: IMCO

Comparte este artículo:

En 2017 los estados de la República gastaron 294 mil 998 millones de pesos adicionales más a lo presupuestado (17%) y se endeudan más de lo establecido, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Durante la presentación del estudio de presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad. Índice de Información del Ejercicio del Gastos (IIEG 2018).

El cual mide el cumplimiento de la calidad de la información sobre el ejercicio del gasto de los 32 poderes ejecutivos estatales de 2015 a 2017.

Refiere que los estados gastaron más en ceremonias (91%); publicidad (83%); gastos y artículos de oficina (38%); en traslados y viáticos (12%) y en burocracia (11%).

Los tres estados con mayor cumplimiento son Puebla (96%), Campeche (88%) y Querétaro (87%).

Los de menor incumplimiento son Michoacán (32%), Ciudad de México (31%) y Nayarit (15%), siendo está última entidad que no ha cumplido con la publicación de los 51 de 72 documentos correspondientes al primero, segundo y cuarto trimestre de 2017.

En conferencia de prensa, Juan Pardinas, director general del IMCO, dijo que los estados al no alcanzar el 100% de desempeño, ninguna entidad esta cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Indicó que el estudio refleja la falta de planeación, un incumplimiento generalizado de los presupuestos de egresos y poca vigilancia de los congresos estatales.

“La falta de acción por parte de los congresos locales es una muestra de que no son un contrapeso real para los gobernadores y sus secretarias de Finanzas“, resaltó.

El IMCO propone reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos; mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto, cumplir su función de contra peso; mejorar la calidad de la información financiera.

Gobierno de EPN otorga 70% de contratos sin licitar; IMSS, ISSSTE y CFE con más riesgo de caer en corrupción: IMCO

Comparte este artículo:

Durante la actual administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71 por ciento de los contratos, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

 De acuerdo con su reporte Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017.

El Imco señaló que a partir de la revisión de los contratos que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia, de transparencia y existencia de anomalías diversas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción y sumaron casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas.

Según el Imco, la base de datos generada también permitió identificar algunas prácticas contrataciones públicas que preocupan, como que tres instituciones concentren el 56 por ciento del gasto público de la Administración Pública federal en procedimientos de contratación, y que 30 (0.02 por ciento del total) proveedores se queden con una quinta parte del gasto en contrataciones públicas.

Ante este panorama el IMCO propone una nueva ley de adquisiciones y una nueva ley de obra que se apeguen a los estándares internacionales, eliminen excepciones y establezcan procedimientos más sencillos y eficientes.

Asimismo propone una nueva plataforma de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio y que abarque el ciclo completo: planeación, licitación, ejecución, además de reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control y vigilancia en contrataciones públicas.

Propone también la creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas que se encargue de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a usar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología.

Estados también derrochan en publicidad, gastan 139% más de lo presupuestado en 2016

Comparte este artículo:

En 2016, los estados tuvieron un gasto excesivo de publicidad y derrocharon 139% más de lo que tenían asignado para ese año.

Las 32 entidades tenían un presupuesto total para comunicación social de 3,994 millones pero terminaron gastando 9,528 millones.

Esto significa un aumento de 5,534 millones, cifra mayor al financiamiento público de los partidos en 2017 que fue de 4,059 millones, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017 (IIEG).

Éste mide la armonización de la información sobre el ejercicio del gasto en las 32 entidades federativas y analiza la composición y variaciones del gasto a lo largo de los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

Puebla es el ejemplo de un excesivo gasto en publicidad. El estado tenía presupuestado 600 mil pesos, pero al final de 2016 ejerció 60.9 millones de pesos, esto es 8,684% más.

Zacatecas gastaría 7.5 millones de pesos, pero acabó gastando 218.4 millones. Sinaloa presupuestó 25.5 millones pero gastó 460.1 millones, esto es un aumento de 1,706%.

Los estados también aumentaron su gasto en burocracia 16% que equivale a 84,124 millones de pesos más de lo presupuestado.

En este rubro, el gobierno de Jalisco duplicó su gasto, al presupuestar 18,712 millones y ejercer 37,260 millones. Guerrero presupuestó 4,176 millones y ejerció 8,642 millones, es decir, 107% más.

Un rubro en el que las entidades gastaron menos fue en infraestructura.

Los estados ejercieron 10,606 millones de pesos (-9%) menos de lo presupuestado. Aunque en total tenían presupuestado para 2016 un gasto de 113,777 millones, terminaron gastando 103,171 millones. 19 entidades gastaron menos de lo presupuestado en infraestructura.

El gobierno de Nuevo León presupuestó 788 millones y ejerció solo 72 millones, es decir, 91% menos de lo presupuestado.

En total, las entidades gastaron 223,726 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. Es decir, 14% más de lo aprobado, cifra equivalente al saldo de la deuda de 26 estados que suma 212,136 millones de pesos.

A nivel nacional,  los gobiernos estatales tuvieron un cumplimiento promedio de 58%.

Protestan contra pase automático de Raúl Cervantes a la Fiscalía.

Comparte este artículo:

Diversos representantes sociales y de derechos humanos, además de líderes empresariales y banqueros solicitaron al Congreso que se prohíba el pase automático a la Fiscalía de Raúl Cervantes, actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y en su lugar sea creado un instrumento general con independencia.

Los activistas quienes están unidos bajo los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, presentaron en el Ángel de la Independencia una propuesta que conjunta lo mejor de las nueve iniciativas que fueron congeladas por los senadores para reformar el Artículo 102 de la Constitución, que otorga forma a la Fiscalía.

Los acuerdos fueron leídos por Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Entre otras cosas, exigen que se garantice la autonomía de las fiscalías especializadas en materia de anticorrupción, de delitos electorales y de los derechos humanos.

Y subrayan la necesidad de que la Fiscalía tenga facultades para atraer casos de las entidades federativas, cuando las fiscalías locales no tengan la independencia necesaria para resolverlos.

Se prevé que el proyecto sea entregado al Congreso en los próximos días.

Mientras tanto, legisladores del Partido Verde y del Tricolor se jactan de contar con los votos suficientes para impulsar al Procurador Raúl Cervantes como nuevo Fiscal General.

Incluso, algunos panistas, pese al exhorto de su dirigente nacional, Ricardo Anaya, no descartaron apoyar a los priistas y verdecologistas en su intención; uno de ellos, fue Javier Lozano, quien aseguró que lo que se necesita es un Procurador fuerte “sea quien sea”. Vaya pues.