Hallan conexión en Nuevo León con desvíos para PRI

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Tras revelarse el desvío de 650 millones de pesos de recursos públicos de siete estados presuntamente para financiar campañas electorales priistas, ahora queda al descubierto que 133 millones se transfirieron a Monterrey.

Documentos financieros consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que la conexión con Nuevo León se dio por medio de una empresa “fantasma”: Productos Hermanos Garza Saucedo, creada en el 2015 y cuyos supuestos socios viven en modestas casas de sectores populares.

Según la investigación de MCCI, realizada a partir de declaraciones ministeriales de ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua, procesados por desvíos de recursos, la empresa regiomontana recibió transferencias millonarias por lo menos entre abril y junio del 2016.

Como se dio a conocer el 21 de noviembre, la Operación Safiro, nombrada así por sus orquestadores, fue un mecanismo implementado en el 2016 por priistas para triangular recursos desde los gobiernos del PRI de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Edomex y la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.

Estas administraciones “pagaron” en total 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma por servicios no brindados.

Ricardo Yáñez y Karla Arely Jurado, ex secretario y ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación de Chihuahua, ambos sentenciados por desviar recursos declararon que las firmas utilizadas estaban protegidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En ese entonces, el dirigente nacional del PRI era el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el titular del SAT era Aristóteles Núñez Sánchez, quien dependía del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Cuatro de las 12 compañías implicadas triangularon millones de pesos a Productos Hermanos Garza Saucedo, que registró un domicilio en la Avenida Real de Cumbres, de la Colonia del mismo nombre, en donde sólo hay una vivienda de dos pisos, en medio de un negocio de barbacoa y un consultorio dental.

El 8 de octubre pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó que la empresa regiomontana simulaba operaciones.

La documentación consultada por MCCI indica que, después de haber cobrado 55 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, y 4 millones más al de Sonora, Servicios y AsesorÌas Sinnax transfirió a la empresa regiomontana 57 millones de pesos en abril del 2016.

En otro caso, Productos Hermanos Garza Saucedo recibió 41.2 millones del Despacho de Profesionistas Futura, que previamente había cobrado 90 millones a la administración chihuahuense.

Asesorías Samex y Constructora y Abastecedora Cofex, que recibieron contratos en Chihuahua, Sonora y Morelos, también le enviaron dinero a la empresa regiomontana.

Los accionistas de Sinnax, Futura, Samex y Cofex, entre los que se encuentra un ex policÌa arrestado por robo, tienen nexos familiares.

La empresa regiomontana fue constituida en septiembre del 2015 por Víctor Manuel Ramos Villarreal y María Isabel Villela Díaz, ambos con domicilios en sectores populares.

Él dijo vivir en la Colonia 18 de Marzo, en Monterrey, y ella en la Colonia Paraje San José, en García.

En el primer caso, la persona que vive ahí aseguró no conocer a ningún Víctor Manuel, aunque añadió que no es la primera vez que le preguntaban por él.

En el segundo caso, el esposo de Villela aseguró que ella no es empresaria, ni ha tenido contratos millonarios.

Sin embargo, dos días después, un hombre llamado Gerardo Reyna se comunicó con el equipo de reporteros, presentándose como el contador de Villela y de la empresa Productos Hermanos Garza Saucedo, misma que, aseguró, ya no realiza operaciones.

Ante el Registro Público del Comercio aparece como representante legal de la empresa un Juan Gerardo Cardoza Reyna.

En la documentación disponible no se aclara qué ruta siguió el dinero tras ser recibido por la firma regiomontana.

César Duarte podría enfrentar proceso penal en libertad: Segob

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Los delitos por los que se ha acusado al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, “son delitos que por la propia ley no son graves; es decir, si fuese resultado de enfrentar un procedimiento penal lo podría enfrentar en libertad”, dijo el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Se han entregado más de 12 solicitudes de extradición

Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado de la República, al responder cuestionamientos de senadores sobre la detención de Duarte Jáquez, el funcionario dijo que de las 15 órdenes de aprehensión solicitadas para la extradición del ex mandatario estatal, 10 órdenes del fuero común fueron entregadas en 2017 por el gobierno de Chihuahua“.

“Se han entregado ya en este momento más de 12 solicitudes de extradición”, sostuvo.

“Delito por el que se le acusa no es grave”

¿Qué significa?, preguntó para luego responder: que la tramitación que está obligada la Federación para entregar una solicitud de extradición al Departamento de Estado Norteamericano pasa por un principio de equivalencia de qué tipo de delito es, y sobre eso la calificación se hace y se sigue el procedimiento.

“No es una detención inmediata con fin de extradición porque el propio delito por el cual se le acusa en la instancia, en el estado de origen, es un delito no grave”

¿Qué le corresponde al Departamento de Estado Norteamericano?, volvió a preguntar el funcionario, para luego aclarar: procesarlo.

“Ahí está y creo que debemos de hacer un esfuerzo para transparentar más esta información y que pueda, sobre todo, a la sociedad de Chihuahua dejar constancia clara de qué está ocurriendo en este caso en particular”.

Reubicán a juez de caso César Duarte y Alejandro Gutiérrez

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El Consejo de la Judicatura Federal reubicó al juez federal que ha mantenido una disputa con el gobierno de Chihuahua por la competencia para conocer del caso de Alejandro Gutiérrez, por el desvío de recursos públicos destinados a la entidad para campañas electorales del PRI. Durante la sesión del Pleno del CJF, se acordó que el juez federalGerardo Moreno García, quien hasta ayer fungía como administrador del Centro de Justicia Penal federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, será trasladado y reubicado en otro centro del estado de Chiapas.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación propinó un revés al gobierno de Chihuahua al desechar el recurso que interpuso contra la orden de que los casos de los ex duartistas debían ser del conocimiento del juez Moreno García.

El CJF confirmó que el juez ya dejó de conocer los casos que tiene para preparar su traslado como parte de la rotación regular que hace el Poder Judicial de la Federación de sus jueces y magistrados. En consecuencia, ya no conoce ni del asunto de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRIEnrique Tarín, ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y del ex director de Administración de dicha dependenciaGerardo Villegas Madriles.

Los tres priistas están señalados por el desvío de 250 millones de pesos de recursos destinados al estado de Chihuahua para beneficiar campañas electorales del tricolor durante la administración del ex gobernador de la entidad, César Duarte, cuyo caso también era del conocimiento del juez Moreno García. Otro asunto que el juez federal dejará de conocer es el de la Procuraduría General de la República contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa por delincuencia organizada y lavado de dinero; y de su contadorJavier Nava Soria.

Juez federal pide a Chihuahua el caso de Alejandro Gutiérrez

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Los 250 millones de pesos que presuntamente desvió del gobierno de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del CEN del PRI, son recursos del orden federal, motivo por el cual la justicia local no puede enjuiciarlo, resolvió un juez federal de la Ciudad de México.

Hace unas semanas, Gutiérrez fue vinculado a proceso judicial y sujeto a un año de prisión preventiva en el penal de Alta Seguridad de Aquiles Serdán, Chihuahua, por el supuesto desvío del numerario; según la Fiscalía General del Estado, Gutiérrez simuló convenios a través de empresas de su propiedad y de un familiar para desviar los recursos.

Sin embargo, este jueves, Gerardo Moreno, juez de Control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, señaló durante la audiencia que los recursos estaban destinados al ramo educativo, por lo que corresponde a la justicia federal encargarse del caso.

Por esta razón, Moreno acordó asumir este juicio y emplazó a las autoridades de Chihuahua para que entregue la carpeta de investigación y las copias de la causa penal, porque el fuero común no puede juzgar a Gutiérrez, ni al ex director de Adquisiciones de la entidad, Antonio Tarín. Las autoridades locales tienen un plazo de cinco días para entregar la documentación o se harán acreedores a una multa.

Organizaciones civiles y especialistas urgen a Corte frenar Ley de Seguridad

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Decenas de organizaciones civiles y especialistas integrados en el colectivo #SeguridadSinGuerra demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El posicionamiento está firmado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Idheas, entre otras, así como por el académico Alejandro Madrazo, del CIDE; la politóloga Denise Dresser, y la religiosa Consuelo Morales, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos.

El colectivo también recuerda que se han presentado acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior, por actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Así como por el Gobierno de Chihuahua, diversas comisiones estatales de derechos humanos, y los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el Estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctun, en Yucatán; Ahuacatlan, San Pedro Cholula y Tepeyahualco, en Puebla, e Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

“Consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, agregaron.

En su posicionamiento, #SeguridadSinGuerra insiste en que la Ley de Seguridad Interior contiene conceptos vagos e imprecisos, que facultan a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia.

Además de que afianzaría una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia.

“No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos”, argumenta.

“Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.

Coordinadores del PAN acusan a la SHCP de proteger a Duarte

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Los coordinadores del PAN en el Congreso acusaron a la SHCP de tratar de ahogar al Gobierno de Chihuahua para encubrir a César Duarte.

Los coordinadores del Partido Acción Nacional (PAN) en las cámaras de Diputados y Senadores acusaron a la Secretaría de Hacienda de tratar de ahogar al Gobierno de Chihuahua para encubrir los actos de corrupción del ex Gobernador priista, César Duarte.

Entrevistados por separado, los líderes de las bancadas panistas advirtieron que la dependencia actúa como el brazo político del Gobierno para mantener en la impunidad los desvíos que fueron a parar a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El Gobierno federal quiere ahogar al Gobierno de Chihuahua. En el fondo, está protegiendo las maniobras que permitieron que 250 millones de pesos del Gobierno estatal fueran a parar a manos del PRI“, denunció Fernando Herrera, coordinador de los senadores.

Para el senador, existe una complacencia y tolerancia del Gobierno federal hacia la corrupción de Duarte.

Herrera consideró que sólo así se explica la determinación de no dar un peso más a Chihuahua hasta que se resuelva la revisión judicial del caso.

Además, sostuvo, no es el único estado donde se han presentado este tipo de operaciones, ya que también utilizaron ese modus operandi en Veracruz y Tamaulipas.

En tanto, el coordinador de los diputados criticó que el Gobierno priista no sea capaz de reconocer su error con el pueblo de Chihuahua.

Cortés adelantó que los diputados federales mantendrán su respaldo al Gobernador de la entidad, el panista Javier Corral, tras advertir que este caso marcará un precedente en la relación que existe entre el Poder Ejecutivo, los estados y los municipios en materia presupuestal.

También se pronunció a favor de una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal para asignar más recursos a los Gobiernos locales y poner fin a la discrecionalidad de Hacienda en el manejo del dinero.

Beltrones, Duarte y otras piezas clave del presunto desvío al PRI en 2016

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Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, fue alcanzado por las acusaciones de desvíos de recursos del Gobierno de Chihuahua al tricolor.

La triangulación de recursos desde Hacienda hacia el Gobierno estatal para luego destinarlos al PRI, fue acordado por Beltrones, se reveló ayer en la audiencia de vinculación a proceso del ex Secretario del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Una agente de la Fiscalía General del Estado leyó ayer una declaración de Ricardo Yáñez Herrera, ex Secretario de Educación en la Administración del priista César Duarte, en la que asegura que el ex Presidente nacional del PRI concertó el desvió millonario.

“Me dijo (César Duarte) que debía firmar los contratos y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaria de Hacienda de la Federación para operar las campañas electorales del PRI en otros estados.

“Que era un recurso que se había acordado operar para este fin con Manlio Fabio Beltrones“, declaró Yáñez, quien en noviembre pasado fue sentenciado a cuatro años de prisión por peculado por los mismos hechos.

“Ante la instrucción de César Duarte procedí a firmar los cuatro contratos que fueron enviados a mi oficina por la Secretaría de Hacienda local.

“Y en ese momento le pregunté a Jaime Herrera (ex Secretario de Hacienda) sobre las empresas que venían en los contratos, a lo cual me respondió que habían sido puestas por Alejandro Gutiérrez, precisamente para los fines de poder desviar el dinero”.

Incluso Yáñez declaró que Alejandro Gutiérrez le envió un mensaje de texto, que aún conserva en su teléfono: “Me decía de manera textual, ‘Ya hablé con MF y el retorno no hay opción'”.

Ayer Gutiérrez, fue imputado por el delito de peculado agravado contra el erario de Chihuahua.

La declaración de Ricardo Yáñez donde implica a Beltrones, coincide con el testimonio de Jaime Herrera, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, quien aseguró también ante la Fiscalía que el ex líder del PRI, planeó la triangulación de recursos a las campañas.