Gobernar con mayorías

Comparte este artículo:

Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con un distintivo peculiar que  las anteriores administraciones no tuvieron: legitimidad. Los famosos 30 millones de votos y la alta incidencia en la participación electoral, llevaron a un lugar privilegiado a esta administración federal; un amplio margen de votos generan comodidad en el arte de gobernar, ya que cuentan con el dicho margen, le permite a la llamada “Cuarta Transformación” mover el tablero de juego del escenario político. El  poder tiene una naturaleza expansiva, y en ese sentido, la 4T  se encuentra en un proceso de instaurar un nuevo régimen afines a su  ideología y pilares por los cuales llegaron al poder mediante el voto popular. En ese sentido, la victoria de este movimiento de regeneración tiene una responsabilidad fundamental de dejar atrás las prácticas autoritarias y antidemocráticas del pasado. La expectativa es muy alta, no solo por lo propuesto en campaña, sino por  el cambio que conlleva una transición política de este calado, y de ser supuestamente el primer gobierno de izquierda o índole social en  el México del siglo XXI. Como hemos podido observar con lo sucedido en Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, Argentina y demás países, en America Latina se observa una urgente necesidad de un estado social que pueda subsanar las nuevas necesidades sociales; y por ello el gobierno de López Obrador tiene aun mayor relevancia al ser foco  de atención a nivel regional. 

La Dra. María Amparo Casar y el Dr. Ignacio Marván en el libro “Gobernar sin mayoría, plantean si un gobierno puede funcionar con gobiernos divididos, y encontraron que no existe un riesgo  de parálisis de gobierno; funciona en otros lugares como Estados Unidos; y genera una alta actividad legislativa y sanos contrapesos. Como podemos observar, a diferencia de lo plasmado por los autores mencionados, la 4T posee una mayoría que permite cualquier flujo legislativo y generar reformas a fines a su estilo de gobierno, sin embargo y en sentido opuesto, una de sus conclusiones es que al tener un gobierno dividido, “se generan serios problemas desde el punto de vista de logros y acuerdos”. Por ello, la nueva administración federal está a en un paso a instaurar nuevas formas democráticas de gobierno o un totalitarismo como aquellos tiempo del partido  oficial. 

En la popular obra “Como mueren las democracias” de los autores de Levitsky y Ziblatt proponen una nueva responsabilidad a los partidos políticos para mantener a una democracia sana: contención. ¿a qué se refieren con esto?, de manera, para dichos académicos, en cualquier democracia pueden surgir lideres cuyas  posturas e ideas pueden ser contrarias al bienestar de un país y de una forma republicana, demócrata y con respeto al estado de derecho, y   debido a esta fragilidad inherente a esta forma de gobierno, por lo cual los partidos políticos deben postular y mantener como lideres a aquellas personas que vayan en armonía con estas ideas, por si las organizaciones políticas no mantiene una contención contra este tipo de liderazgos, el escenario puede provocar un autoritarismo. También, cuando un partido se encuentra liderando al país, debe hacer todo lo institucionalmente posible para favorecer una democracia liberal. Andrés Manuel tiene una responsabilidad preocupante y también alentadora. Tiene una oportunidad única de ir alcanzar la “tierra prometida” o de regresar al pasado. 

Trabajar por la honestidad en México

Comparte este artículo:

En términos porcentuales las pérdidas derivadas de actos de corrupción en nuestro país representan casi el 10% del PIB nacional, esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) es casi 5 veces mayor al promedio que se presenta en todo el mundo en donde el porcentaje es del 2% del PIB global. Al parecer no se trata de actos particulares ni siquiera de casos emblemáticos, se trata en cambio de una práctica extendida desde lo local hasta lo federal que se expresa en las más diversas formas y está presente en lo público, lo privado y lo social.




Por ejemplo en el año 2015 se estima que la corrupción en nuestro territorio alcanzó los 906 mil millones de pesos lo que representa el 5% del PIB de ese año. De acuerdo con el libro de la Dra. María Amparo Casar “Anatomía de la Corrupción 2015” los costos de la corrupción implican entre otras cosas la pérdida de 480,000 millones de empleos al año así como la pérdida de 5% de las ventas en las empresas sólo por mencionar algunos. Así también este estudio comenta que ante un incremento en la corrupción hay un incremento en la violencia.

Ante los alcances que esta problemática tiene en lo económico, político, y social, sólo por mencionar unos rubros, el gobierno mexicano aprobó a partir de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar este fenómeno; en ese marco se estableció que el sistema sea presidido por ciudadanos, por ello la investigadora de la UNAM, Jacqueline Peschard encabezará el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las aportaciones de esta Ley está el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de la Función Pública y se les dará autonomía para perseguir los actos de corrupción, igualmente se ponderó la transparencia y rendición de cuentas en búsqueda de un combate a la problemática; los alcances de la reforma en lo normativo se aprecia en aprobación de siete paquetes de legislación secundaria en la materia, a saber:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son el cuerpo que vertebra y articula de manera lógica otra serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un gran trabajo inédito por sus alcances y será la fuente que permitirá construir una nueva forma de trabajar en la función pública con base en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con ética pública.

Por el lado del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política creó en diciembre de 2016 la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, presidida por el suscrito, y que se integra con un grupo plural de diputados de todos los partidos políticos, y su presidencia será rotativa cada cinco meses entre los grupos parlamentarios que las integran.

Esta comisión investigadora se creó para revisar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez, vigilando el apego a las normas y procedimientos. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión se coordina con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con los Órganos Internos de Control de las Entidades Paraestatales. La Comisión al revisar estos contratos realiza un tipo de revisión que no suple ni duplica a la ASF, sino que asegura que los contratos se desarrollen en apego a los que las normas establecen.




En los próximos años deberá trabajarse en todos los frentes de la función pública para lograr que la honestidad sea una forma cotidiana de trabajar, para que el dinero público se gaste en lo que se tiene que gastar, para  optimizar el uso de los recursos que son de todos, y sobre todo, para dejar atrás una era en que la administración de recursos terminó por convertirse en un factor adverso a la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano.  La corrupción cuesta mucho más del diez por ciento del PIB, cuesta la disolución de las instituciones,  la pérdida de credibilidad y la fractura de la confianza ciudadana en sus gobiernos.

______________________________

– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”