El enfoque de derechos humanos en la política anticorrupción de Nuevo León

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El Sistema Anticorrupción delineado en la Constitución Política es estructuralmente complejo: Un entramado de órganos que deben estar coordinados entre sí para prevenir, combatir y castigar la corrupción en México. De los tres modelos de instituciones anticorrupción posibles, es decir, a) el de múltiples objetivos pero con facultades para hacer cumplir la ley, b) el exclusivamente con facultades de cumplimiento de la ley y c) el que cuenta con facultades de políticas preventivas y de coordinación, en nuestro país creamos un cuarto modelo: el modelo de la muñeca rusa.

En efecto, el Sistema Anticorrupción contempla la difícil coordinación de órganos y poderes encargados de la investigación y sanción penal y administrativa, de la fiscalización y auditoría, del acceso a la información, y de la creación, implementación y evaluación de políticas públicas de prevención. En Nuevo León contamos ya con algunas de las nuevas piezas de la matruska anticorrupción: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

En breve, tendremos en operación un muy importante órgano del Sistema: el Comité de Participación Ciudadana (CPC Nuevo León). La designación de las personas que integren el CPC Nuevo León completará la creación del Comité Coordinador del Sistema. Sin embargo, aún faltará un órgano más, me refiero a la Secretaría Ejecutiva del Sistema.

Como puede apreciarse de este breve recuento, por ahora hemos estado centrados en completar la fase estructural del sistema (integración de órganos y nombramiento de servidores públicos), sin embargo, no hemos debatido respecto a algo de vital importancia para la definición de las políticas públicas anticorrupción: Las implicaciones negativas que tiene la corrupción en el disfrute de los derechos humanos.

Este enfoque toma especial importancia en Nuevo León dado que, como mencioné anteriormente, estamos a pocos días de que se integre uno de los órganos más importantes del sistema, el CPC de Nuevo León. Desde mi perspectiva, las personas que integren este órgano, no sólo deberán abordar la política anticorrupción en nuestra entidad desde una perspectiva punitiva, sino, sobre todo, desde una de índole preventiva. Para esto deben incorporar en el núcleo de su actuación el enfoque de derechos humanos.

¿Por qué debe el CPC de Nuevo León adoptar como una de sus dimensiones de análisis este enfoque?

Primero, porque existe suficiente material doctrinal que sustenta las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute los derechos humanos. En efecto, la corrupción tiene las siguientes consecuencias: a) consecuencias negativas individuales, como cuando se da acceso discriminatorio a un servicio público; b) consecuencias negativas colectivas, por ejemplo, cuando se excluye a personas pobres del acceso a bienes y servicios prestados por la administración pública; y c) consecuencias negativas generales, porque la corrupción reduce los recursos disponibles para la progresiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

En la primera dimensión, consecuencias negativas individuales, es de resaltarse que “en 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares.” Un ejemplo de la segunda dimensión, consecuencias negativas colectivas, y con una afectación al derecho a la salud de personas en situación de vulnerabilidad, es el trágico caso de niños en Veracruz a quienes se les administraba agua destilada en lugar de recibir sus quimioterapias para el cáncer que padecían. La tercera dimensión, consecuencias negativas generales, puede fácilmente apreciarse racionalizando todo lo que podría haberse hecho para el desarrollo del país de no haberse capturado fondos públicos para beneficio privado.

Segundo, porque México es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y, por ende, está obligado a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar eficaz y eficientemente la corrupción. 

Desde esta perspectiva, las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos y el deber de los Estados antes señalado, ha sido reconocido recientemente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  En este caso, la Corte Interamericana concluyó que la debilidad institucional de los órganos de control y una norma flexible e inadecuada facilitó la formación de redes y estructuras de delincuencia y corrupción que propiciaron ilegales adopciones internacionales de niñas y niños guatemaltecos, con lo cual se violaron los derechos a la vida familiar y a la protección de la familia, derechos del niño, garantías judiciales y protección judicial de las víctimas en ese caso. Esto reafirma las consecuencias negativas que tiene la corrupción sobre el disfrute de los derechos humanos.

Sin duda, las políticas anticorrupción y la protección de los derechos humanos deben ir de la mano, tal como ha sostenido el panel de expertos que convocó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para discutir este tema.

Sostengo que la política anticorrupción en Nuevo León debe incorporar este enfoque porque, como ha declarado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2013: La corrupción mata; la corrupción impide el desarrollo; la corrupción golpea primero y con más fuerza a los pobres; la corrupción fomenta la impunidad y debilita el estado de derecho.

El enfoque de derechos humanos en la política anticorrupción, por ende, debe contemplar al menos los siguientes aspectos: i) la relación entre corrupción y discriminación; ii) la vinculación entre corrupción y pobreza; iii) la inclusión de grupos vulnerables en el monitoreo de servicios y bienes que más les afectan; iv) una metodología de análisis de adquisiciones públicas centrada en los resultados y el contenido, más que en el procedimiento; v) la coordinación con las autoridades competentes para establecer la relación entre corrupción política y vulneración de derechos humanos; vi) el análisis de cómo es que la corrupción afecta tanto la calidad de los servicios como la forma en que se distribuyen, especialmente con las categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y adaptabilidad; vi) la incorporación de la perspectiva de género. Para todo lo cual, se debe identificar el marco de las obligaciones internacionales del Estado Mexicano.

En suma, para el diseño de políticas públicas de prevención en el Sistema Anticorrupción de nuestro país y de nuestro estado es imprescindible un enfoque de derechos humanos. Los órganos del Sistema Anticorrupción en Nuevo León, en ese sentido, deben dar ejemplo al colocar en el centro de las políticas anticorrupción a las personas y el disfrute de sus derechos humanos. Solo esperemos que la complejidad de operación de la muñeca rusa no sea un obstáculo para incorporar este enfoque en la prevención, combate y sanción de la corrupción en nuestro estado.

Alerta ONU por desapariciones en Nuevo Laredo

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió a las autoridades mexicanas tomar medidas urgentes y poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo y sus alrededores.

En un comunicado, expresó su preocupación sobre los fuertes indicios de que dichos crímenes fueron cometidos por fuerzas federales.

De acuerdo a datos de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU Derechos Humanos, se tiene documentada la desaparición de 21 hombres y dos mujeres, en Nuevo Laredo, del febrero al 16 de mayo de 2018.

Según una organización local de derechos humanos, habrían sucedido al menos 40 desapariciones en el mismo periodo.

Algunas características de dichas desapariciones, según ONU Derechos Humanos son:

  • Habrían sido perpetradas a menudo entrada la noche o al amanecer;
  • Hay miembros de una fuerza de seguridad federal involucrada;
  • Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por carreteras;
  • Se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados y baleados y
  • Al menos cinco de las víctimas fueron menores, tres de ellas, de tan sólo de 14 años.

“Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes “, dijo Zeid.

Aseveró que las autoridades mexicanas tienen evidencia sólida al respecto, pero que las actuaciones han sido pocas y lentas. Esto ha causado que en algunas ocasiones, las familias han tenido que realizar las búsquedas de personas desaparecidas con recursos propios y que a la fecha han localizado los cuerpos de al menos seis víctimas de desaparición forzada.

“Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia. También deben otorgar protección a testigos y defensores, y proveer asistencia a los familiares de las víctimas“, comentó Zeid en el comunicado.

También afirmó que los estados tienen la obligación de garantizar la seguridad a la población y que en caso de desapariciones forzadas y ejecuciones realizadas de manera extra judicial, es urgente que el estado demuestre resultados y que no serán omisos a violaciones graves de derechos humanos.