¿Qué dijo el Presidente de la (in)seguridad a un año de gobierno?

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“Al poder se le revisa, no se le aplaude”

-Brozo

Ante un zócalo abarrotado, el Presidente Andrés Manual López Obrador, dirigió su mensaje dominical a sus bases de seguidores, en el marco de la “Celebración del Primer Año de Gobierno”. En este sentido, es necesario preguntarnos si lo que dijo y cómo lo dijo es consistente con el tono triunfalista de su discurso.

Lo que más debe preocuparnos, es que el Presidente no haya aprovechado esta ocasión para reconocer la necesidad de hacer ajustes a su estrategia de seguridad. Tampoco hubo precisión en sus dichos en el zócalo, entre los cuales hay que destacar los siguientes:

– La creación de la Guardia Nacional

Otra vez, presentó a la nueva corporación como el principal elemento en la “solución” al problema de la inseguridad. No hizo algún comentario sobre las policías estatales y municipales, ni sobre la forma en que habrá de buscar su fortalecimiento para garantizar la integridad de la población.

– El consumo de drogas y la violencia

El Presidente aseguró que si se reduce el consumo de drogas se va “a poder resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia”, lo cual es totalmente falso. Como lo he explicado anteriormente en Altavoz MX (aquí: http://bit.ly/2Bq3fdm), no existe evidencia robusta que indique que, incluso en condiciones legales, un menor consumo de drogas conduzca a una reducción de crímenes violentos. No solo eso, sino que las organizaciones criminales han diversificado sus negocios ilícitos. La violencia no está asociada solamente al control de mercados de venta de droga, sino también de tráfico de personas, pornografía infantil, venta de productos pirata, robo y venta ilegal de combustibles, entre otras actividades ilegales.

– Las señales de éxito de su estrategia

Este es el dicho más preocupante de su discurso. El Presidente destacó que se ha reducido significativamente el nivel de letalidad en los enfrentamientos entre presuntos delincuentes y fuerzas de seguridad. Citó cifras oficiales para destacar que, en lo que va de su administración solo han perdido la vida 15 miembros de las fuerzas armadas. En cambio, señaló que, hacia el final del sexenio de Felipe Calderón -entre 2010 y 2011-, perdieron la vida 154 elementos de las fuerzas armadas. Al margen de que los periodos temporales que citó no son comparables, su argumento es consistente con las cifras reportadas por la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina para el mismo periodo de 2018 y 2019. Tan solo entre enero y septiembre de este año, la actual administración reportó 17 bajas de presuntos criminales y 12 de los elementos de seguridad, mientras que en 2018 las cifras fueron de 792 civiles armados y 28 elementos federales.

Al respecto, son necesarias dos precisiones. Primero, es verdad que, al haber menos enfrentamientos, es más probable que el número de muertes de ambos lados tienda a disminuir. Sin embargo, también es cierto que el número de homicidios dolosos ha mostrado una tendencia al alza. Hasta septiembre de este año, se habían registrado 2,916 víctimas mortales. El Presidente no lo mencionó, ni tampoco que el inicio de su sexenio es el más violento del que se tenga registro. De esta forma evitó evidenciar que los datos indican la franca vulnerabilidad en que se ha dejado a la población civil frente a los delincuentes.

Segundo, las estadísticas oficiales se refieren únicamente a los decesos de elementos federales, pero no a los de policías estatales y municipales. Solo en octubre de este año, 14 policías estatales de Michoacán perdieron la vida en una emboscada a manos de una organización criminal. Es decir, en un día y en un solo lugar murieron prácticamente el mismo número de elementos estatales que el total de elementos federales en un año. Las cifras que el Presidente citó solo enmascaran el fracaso del “abrazos, no balazos”.

Es verdad que hay un cierto consenso sobre el fracaso de la estrategia de enfrentamientos generalizados entre las fuerzas armadas y las organizaciones criminales. Los resultados han dejado más violencia y más muertes. Aunque si se focalizan los golpes, y con inteligencia de por medio, estos pueden servir para contener el avance e intensidad de violencia con que actúan dichas organizaciones en ciertos lugares del país. Este debería ser uno de los pilares de la estrategia de seguridad. A la actual administración le brindaría la cobertura que necesita para acceder con sus programas sociales y preventivos a los sectores de la población en riesgo de ser cooptados por el crimen organizado.

En dicha estrategia es fundamental la participación de las policías locales, al menos de las estatales. Son estas las que tienen el conocimiento local y contacto de primera mano con la población. Por eso, se les debe fortalecer, través de capacitación, adiestramiento especializado y equipamiento. Hasta entonces, la 4T continuará perpetuando la contradicción de sus objetivos. Por un lado, atiende a las víctimas y apoya la búsqueda de desaparecidos, y por el otro propicia la victimización a manos de los delincuentes.

Dicho lo anterior, deseo que el 2020 nos depare un mejor México.

Legalizar la marihuana = ¿menos violencia?

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En días pasados se han reavivado las voces a favor de la legalización de la marihuana en México, con fines medicinales y recreativos. Incluso los medios de comunicación destacaron el “porro” que la diputada federal, Lucía Riojas, le regaló a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, habría que preguntarse si la legalización traerá la paz que los ciudadanos tanto ansían. Aunque suene lamentable, considero que, por sí sola, la legalización de la marihuana no se traducirá en menores niveles de violencia. 

Al respecto, hace unos se publicó un estudio realizado por Ruibin Lu, de la Universidad de Stockton, y sus colegas de la Universidad del Estado de Washington titulado “El efecto del cannabis en el crimen: análisis de series temporales del crimen en los estados de Colorado y Washington” en Estados Unidos. Los autores estimaron la influencia que tuvieron las leyes que despenalización y venta legal de la marihuana en las tasas de criminalidad en ambos estados. 

Dicho estudio destaca por encima de otros pues utilizó un método más robusto para controlar posibles sesgos. También hicieron estimaciones temporales sobre el aumento o disminución de delitos durante los años posteriores a las leyes aprobadas. Los resultados indican que no hay una relación causal entre la despenalización, ni la regulación de venta legal de marihuana, con aumentos o disminuciones de delitos, incluyendo crímenes violentos. 

Para entender por qué la legalización difícilmente tendría un impacto significativo en los niveles delictivos existe una perspectiva criminológica bastante útil, llamada “prevención situacional del delito (PSD)”. En este enfoque, el crimen es producto de la oportunidad que tiene un individuo para delinquir. Los delincuentes aprovechan oportunidades en las que puedan obtener las mayores recompensas a los menores riesgos posibles. Si la legalización de la marihuana conduce a la creación de un mercado regulado por el Estado para su comercialización, se reducirían las recompensas potenciales y, por ende, las oportunidades para los delincuentes que actualmente la comercializan en el mercado negro. 

El problema es que las organizaciones criminales cuentan con grandes recursos y no dependen mucho de las estructuras de oportunidad. Sus actividades son de tipo cooperativo o consensual entre delincuentes que están distribuidos en redes trasnacionales, más allá del territorio mexicano. 

Asimismo, dichas actividades están diversificadas en diferentes tipos de negocios ilícitos que arrojan cuantiosas ganancias. Esto ha sido documentado en varias ocasiones. Por ejemplo, en su “Informe de Crimen Transnacional y el Mundo en Desarrollo 2017”, la organización Global Financial Integrity señala que el delito de falsificación alcanzó los 1.13 billones de dólares, por encima del narcotráfico (en segundo lugar), seguido por la tala de árboles clandestina y la trata de personas. 

En México, las organizaciones criminales han transitado hacia otros negocios ilícitos que son, proporcionalmente, más rentables. En la PSD, a esto se le conoce como “desplazamiento” de un tipo de delito a otro. Los criminales buscan menores niveles de riesgo, en comparación con el narcotráfico, incluso si las recompensas no son tan altas. El negocio del huachicol es un buen ejemplo. De acuerdo con datos de PEMEX, este ilícito dejó ganancias a los criminales de alrededor de 60 mil millones de pesos, tan solo el año pasado. La trata de personas, los fraudes, la extorsión, secuestros y delitos cibernéticos también son muy rentables. 

Por otro lado, estudios recientes sobre PSD han encontrado evidencia de que existen “precipitadores situacionales”, los cuales son factores psicológicos o relacionados con el entorno en que viven las personas. Estos provocan el deseo de los individuos de delinquir. Las presiones sociales que se derivan de la pobreza, el aislamiento social y un pobre diseño urbanístico, son ejemplos de precipitadores que detonan comportamientos delictivos. 

En el mismo sentido, varios estudios sobre los efectos de la legalización de la marihuana, incluyendo el de Ruibin Lu y sus colegas, han encontrado que los factores contextuales son más importantes para predecir el crimen. La concentración de zonas comerciales en ciertas áreas urbanas, la proporción de hogares unipersonales, las tasas de desempleo, la concentración de desventaja social (ej. pobreza o desigualdad) y la edad de la población son predictores robustos de las tasas de criminalidad. 

Por lo anterior, es dudoso vislumbrar que la legalización de la marihuana contribuya a la reducción de la violencia. Es verdad que podría tener efectos positivos, por ejemplo, en la salud de las personas. Este sería un objetivo muy distinto, enfocado en la salud pública. En cambio, si el propósito es reducir la cantidad de crímenes violentos, el Gobierno del Presidente López Obrador debería estar pensando en otro tipo de políticas. 

Una de estas podría ser una política de seguridad comunitaria, con intervenciones sociales en zonas en situación de riesgo. La disuasión focalizada también podría ser más efectiva para reducir la violencia, ya que se pone atención sobre ciertas organizaciones, en lugar de ciertos tipos de delitos. El control del tráfico de armas es otro asunto pendiente, el cual también le reditúa grandes ganancias al crimen organizado. 

Finalmente, tal vez, sería necesario pensar en la despenalización del consumo de todas las drogas, como se hizo en Portugal. Para esto el Estado deberá contar con instituciones sociales y de salud sólidas que brinden atención y seguimiento personalizado a los consumidores. Solo así se definirá un objetivo consistente con el enfoque de salud pública que debe guiar a la legalización de la marihuana y otras drogas. 

Primer informe: ¿Y la (in)seguridad?

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El Primer Informe Presidencial (o tercero, como usted guste) fue igual a los de mandatarios anteriores. No hubo algo en particular que destacar. Precisamente esto es lo preocupante, al menos en lo que a seguridad respecta. Los temas sustantivos en esta materia estuvieron prácticamente ausentes. El Presidente se limitó (y volvió) a destacar el despliegue de 58,600 efectivos de la Guardia Nacional en 150 coordinaciones territoriales. Señaló que la meta no está cumplida, y que durante su administración espera lograr el despliegue de 140,000 elementos en 266 coordinaciones. Casi al final de su mensaje, se mostró humilde y aceptó que “no son buenos los resultados en incidencia delictiva”. Prometió que, ante este reto, logrará la pacificación del país. Sin embargo, no hubo algún comentario relevante sobre el avance en otros temas de seguridad y justicia. 

Valdría la pena rescatar que reconoció que la inseguridad “constituye el principal desafío” para su administración, aunque no abundó al respecto. Pudo haber dedicado algunos minutos más en comentar las estrategias de seguridad que se han implementado desde el inicio de su gobierno. Hubiera podido mencionar un par de ejemplos sobre las fallas que explican la insuficiencia de los resultados actuales. Me hubiera gustado que reconociera la necesidad de hacer ajustes a las estrategias de seguridad, que marcaran un rumbo para los próximos años de su gobierno. Esperaba esto y algo más, pero no sucedió. 

Ante dichas ausencias en el Informe, me sigue preocupando varios temas, pero en el corto plazo tres en particular. Primero, el crimen organizado sigue representando una seria amenaza a la seguridad nacional y la paz que el Presidente tanto anhela. Lo sucedido en Coatzacoalcos la semana pasada refleja la necesidad de emprender acciones distintas, pero efectivas. 

En ocasiones anteriores se habían comentado dos posibles alternativas: 1) la pacificación del país mediante la apertura oficial de negociaciones con grupos al margen de la ley, o 2) continuar con ataques frontales a las organizaciones criminales. Parece que la primera opción ha sido desechada por el Presidente. La orden a la Secretaria de Gobernación de suspender los acercamientos con grupos de autodefensas es un claro ejemplo. En cuanto a la segunda alternativa, el Presidente considera al crimen organizado como pueblo, y piensa que no se le debe reprimir. Si bien el golpe frontal al crimen ha probado ser un fracaso, valdría la pena destacar la convicción de la actual administración de emplear una estrategia disuasiva, con golpes focalizados a los cárteles más violentos. 

En segundo lugar, sigue estando ausente el gran debate sobre las policías estatales y municipales. Al ritmo actual no habrá manera de cubrir las necesidades policiales solamente echando mano de la Guardia Nacional. Creo que la actual administración debe comprometerse a una segunda reforma policial enfocada en policías locales, para avanzar hacia un sistema de 32 policías estatales. Solo así será posible contar con suficientes efectivos en todo el país con capacidades suficientes, bajo un sistema homologado. 

El tercer tema que debería preocuparle al Presidente aún más es la impunidad que impera en el país. De acuerdo con la asociación Impunidad Cero, este problema alcanza un 98,86 %, ya que de los delitos cometidos solo se denuncian e inicia una investigación en el 6.4% de los casos. Esto se traduce en que solo haya un 1.14 % de probabilidades de resolver un delito. Por eso es lamentable que en el Informe no se hiciera alguna mención especial a la Fiscalía General, o el estado que guarda el aparato judicial. 

Coincido con el Presidente en que el camino luce retador. Ojalá que pronto realice ajustes a las estrategias actuales. También sería bueno que dichos ajustes tomen en cuenta a los grupos más vulnerables del país. Me refiero a niños, mujeres e indígenas, cuya probabilidad de experimentar violencia es mayor. Por el bien de todos, le deseo éxito. 

La discusión ausente en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

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“El crimen duele, la justiciar debe sanar”

– John Braithwaite

El Gobierno Federal presentó la semana pasada el primer informe del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) desaparecidas. Su Consejo Ciudadano hizo duras críticas sobre los retrasos en la conformación de comisiones de búsqueda en varios estados. También expresó su preocupación por la escasez de personal capacitado en las tareas de búsqueda e identificación de personas. Más allá de lo razonable de estas críticas, en la discusión sobre dicho sistema han estado ausente el alcance que pueda tener en el acercamiento de los familiares de los desaparecidos a dos objetivos deseables: 1) verdad y 2) justicia. 

Es verdad que el SNBP contribuye al esclarecimiento de las desapariciones, y a transitar hacia una reducción de la impunidad por estos lamentables hechos. Sin embargo, por sí solo no revelará toda la verdad, ni brindará justicia integral a los familiares de las víctimas. 

Al respecto, la Ley General de Víctimas en su Artículo 5° establece la obligatoriedad del Estado de brindar “ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral” a la víctima. Para cumplir con este mandato, el SNBP debe complementar su funcionamiento con la atención psicológica y material a las víctimas, así como con mecanismos de reparación del daño. El nuevo sistema de justicia penal incluye los ‘acuerdos reparatorios’ como una de las alternativas.  

Lo anterior supone un gran reto, pero también una enorme oportunidad. Los acuerdos reparatorios podrían permitir a las víctimas (o sus familiares) entrar en contacto con aquellos que participaron en su desaparición. Encuentros de este tipo podrían ser positivos pues ambas partes conocen de primera mano el asunto (daño) en cuestión. Además, la mediación del diálogo permitiría conocer aspectos que contribuyan a esclarecer la verdad. Esto es particularmente importante en casos de personas que no sean encontradas con vida. La identificación forense no es suficiente para conocer la verdad, es necesario acceder a las narrativas sobre hechos y motivaciones detrás. 

Por otro lado, es verdad que no sería posible llevar a cabo dicha mediación si la víctima (o sus familiares) y los involucrados en la desaparición no lo desean. Tampoco en casos de gravedad extrema que la ley establezca claramente, o cuando las víctimas o sus familiares no estén en condiciones de equilibrio emocional necesario para un encuentro con los perpetradores. En este último escenario, el Estado Mexicano puede apelar a la ‘suspensión del proceso a prueba’ en la que, mediante un mecanismo alternativo de solución de controversias, el perpetrador se compromete a cumplir determinadas condiciones. 

En la práctica, los ‘círculos restaurativos’ son una opción que no se ha contemplado en la ley, ni se ha comentado lo suficiente, pero tiene un gran potencial. En este mecanismo participan actores fuera del seno familiar de la víctima. Pueden ser miembros de la comunidad, representantes de la sociedad civil y voluntarios del público en general. Existe evidencia internacional de que la participación del público es deseable. Esta podría generar actitudes más informadas hacia la definición de medidas constructivas, en lugar de sanciones punitivas. A su vez, la conciencia ciudadana se traduce en apoyo y confianza en el modelo de medidas reparatorias que emanan de la propia sociedad. 

En todos los casos, los mecanismos reparativos consisten en hacer justicia involucrando a quienes han infligido daños a otros en acciones dirigidas a enmendarlo. Por este motivo, el SNBP representa, en la práctica, un gran primer paso hacia lo que podría ser un episodio histórico de instrumentación de justicia restaurativa en México. 

El SNBP no solo responde a las necesidades de las víctimas y sus familiares, sino que también dota de un aprendizaje valioso a los gobiernos federal y estatales. Aprenden de esta experiencia mediante el acompañamiento a las víctimas. A los gobiernos estatales los prepara para asumir sus responsabilidades, a través de la puesta en marcha de las comisiones de búsqueda.

Lo que falta, es incluir en esta ecuación a los responsables de las desapariciones. Solo así sería posible el acercamiento hacia la verdad y la justicia, para contribuir a la reconstrucción del tejido social. 

Algunas implicaciones para la Guardia Nacional en la frontera sur

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Pasada la amenaza del Presidente Trump de imponerle a México un arancel del 5% y, del acuerdo alcanzado entre ambos países, es necesario hacer un ejercicio de reflexión al respecto. En el texto del acuerdo compartido en redes por el Canciller Marcelo Ebrard llama la atención el punto sobre el ‘Reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México’. Este menciona que la Guardia Nacional será desplegada en el territorio nacional a “fin de reducir la migración irregular”. 

          La implementación de dicha tarea tiene, a mi parecer, tres implicaciones serias. La primera, y tal vez la más importante, es la clara contradicción entre el “deber ser” y “los hechos”. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública recientemente aprobada se menciona que el modelo nacional de policía debe “(…) considerar un enfoque de derechos humanos, proximidad y participación ciudadana”. 

          Sin embargo, en la práctica, la actual administración ha endurecido su política de captura y deportación de migrantes, sobre todo desde el día en que el gobierno estadounidense anunció su amenaza. Más aún, los procedimientos se han caracterizado por un alto déficit en el respeto a los derechos humanos, como varios activistas lo han documentado y denunciado aquí: http://bit.ly/31sVw9Z

          A lo anterior hay que agregar, como segundo punto, la falta de claridad sobre la participación que deberían de tener las policías locales. En ocasiones anteriores he comentado que las tareas de proximidad deben ser realizadas por las policías locales, no las nacionales. Solo en casos en los cuales las policías municipales y estatales se vean rebasadas tendría sentido pensar en una Guardia Nacional de proximidad, y que solo sea de forma temporal. 

          Es verdad que las policías municipales y estatales carecen de recursos suficientes para hacer frente a la oleada de migrantes centroamericanos. Aún así, sería absurdo negar su presencia en los territorios fronterizos, o pretender que no se han visto involucradas en abusos de autoridad contra los migrantes. 

          De ahí la importancia de que la administración del Presidente López Obrador explique con claridad la manera en que la Guardia Nacional se coordinará con las policías municipales. Dicha coordinación debería caracterizarse por un ejercicio de mando único en los procedimientos de atención a los migrantes, que aseguren el apego a la ley por parte de las policías locales. De otro modo, el Gobierno Federal estaría contribuyendo a la perpetuación de abusos y vejaciones contra los migrantes. 

           La tercera implicación es presupuestal. Los gobiernos estatales de la frontera sur necesitarán recursos adicionales para realizar tareas de regulación migratoria. El decreto de creación de la Guardia Nacional abre la oportunidad para que los gobiernos estatales señalen sus requerimientos presupuestales. Los diagnósticos de necesidades que enviarán a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y al Congreso, guiarán la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2020 en ese rubro. Será hasta entonces cuando se tenga una idea más clara del costo total que tendrá esta medida y si la regulación migratoria con respeto a los Derechos Humanos es viable en la práctica. 

¿Y después de Minatitlán? Algunas lecciones de la “guerra” contra el narco

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En esta ocasión no citaré cifras ni redundaré en la obviedad de la ola de violencia en que vivimos. Sí me uniré a otras voces que han externado su solidaridad con los familiares de las víctimas de la masacre de Minatitlán. Crecí muy cerca de ahí, en Coatzacoalcos. Aún conservo varias amistades en ambos municipios y tengo muy buenos recuerdos de mi infancia y juventud temprana. Lamento mucho lo que ahí sucedió el pasado viernes, 19 de abril, pero lamento aún más la respuesta evasiva del Presidente López Obrador. En su conferencia mañanera del 30 de enero anunció que “oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos la paz”. Si bien esta frase señala una aspiración legítima, también exhibe la ingenuidad de que el cambio de discurso hacia un tono pacifista transformará la realidad por sí sola. Sé que su gobierno no es culpable, pero sí es responsable de lo que suceda en este sexenio. 

          Desde que dio inicio la “guerra” contra el narco durante la administración de Felipe Calderón, la violencia y el número de muertos han escalado a niveles terribles. Sin embargo, nos guste o no, en este tortuoso proceso las fuerzas de seguridad también han aprendido lecciones valiosas. En junio de 2011 Eduardo Guerrero documentaba (click aquí) dos hechos innegables: 1) la fragmentación de los grandes cárteles en México, y 2) la dispersión de la violencia en el país como consecuencia de ello. También argumentaba que era necesario implementar una estrategia disuasiva similar a la que se utiliza en Estados Unidos, mediante la cual, a una acción desmedida del crimen organizado, le corresponde una reacción (o respuesta) con toda la fuerza del aparato de seguridad del Estado. En lugar de ataques frontales que no consiguen reducir la violencia y que además con desgastantes, los golpes a las organizaciones criminales deben ser focalizados y obedecer al principio de retaliación. En los últimos días otros analistas (ej. Alejandro Hope aquí) han manifestado su apoyo implícito a esta tesis. Comparto esta visión. Creo que la administración del Presidente López debe responder de manera clara y contundente con la fuerza del Estado. Debe enviar el mensaje a los criminales de que el Estado no tolerará atrocidades como la sucedida en Minatitlán. 

          Otra lección aprendida es que la estrategia de focalización ya ha sido puesta en práctica -en cierta medida. Por ejemplo, en 2011, el que fuera el año más violento hasta antes de 2018 (y el actual 2019) algunas estrategias militares y de seguridad pública en el norte de México, Veracruz y Guerrero utilizaron el enfoque de disuasión.  Los resultados mostraron un relativo éxito en la contención de la violencia y el delito. 

          Tercero, es sabido que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera desde hace unos años en Veracruz. Se caracteriza por su estilo violento de confrontación, tanto con el Estado como con otras organizaciones criminales. También es un buen ejemplo del tipo de organización a la cual las fuerzas federales debieron haber respondido de manera focalizada desde hace tiempo. Es posible que exista la preocupación en el equipo del Presidente López de que un golpe a dicho cartel pudiera desencadenar acusaciones en los medios de que su gobierno apoya a otros cárteles. Por este motivo, el Presidente debe comunicar abiertamente lo que pretende hacer, haciendo un ejercicio “pedagógico” como él lo llama. Debe echar mano de su carisma y capital político, que no tenían Presidentes anteriores y, por ende, tenían un menor margen de maniobra en este sentido. Las conferencias mañaneras son el espacio adecuado para exponer este tipo de estrategia. Sobre todo, debe explicar los beneficios -documentados durante los últimos año- que dicha estrategia tendría por encima de otras alternativas. 

          La cuarta lección que hemos aprendido es que hay, a grandes rasgos, dos tipos de organizaciones: 1) los grandes cárteles y 2) organizaciones pequeñas escindidas o satélites de los cárteles. Cada tipología está asociada a diferentes tipos de delito. Los cárteles se relacionan con narcotráfico, extorsión, y otros delitos de mayor envergadura; mientras que las organizaciones más pequeñas están relacionadas con delitos del fuero común. La violencia que cada tipo de organización genera también es de naturaleza distinta y hemos aprendido que se requiere fuerzas de seguridad distintas para hacerles frente. Aquí radica la importancia de las policías locales, sobre todo las estatales, ya que las municipales tienen un rol testimonial en muchos casos. El fortalecimiento de las policías locales sigue siendo una de las tareas prioritarias, y aún pendientes. Lo es porque son estas las que inevitablemente deben asumir la responsabilidad de atender la violencia en los Estados que generan las pequeñas organizaciones criminales. Además, de su fortalecimiento depende que haya más éxitos o fracasos en la coordinación con las fuerzas federales en operativos conjuntos de contención de la violencia. 

          Por último, todo lo anterior no sería posible sin trabajos de inteligencia, tanto en la Federación, como en los Estados. La inteligencia es fundamental para distinguir entre la violencia atribuible a grandes cárteles y aquélla relacionada con organizaciones menores. La distribución de competencias y tareas a nivel local entre ambos niveles de gobierno pasa por entender dicha diferencia. Con esto hay que recalcar que los Gobiernos Estatales también deben asumir su responsabilidad. Los ciudadanos debemos exigirles también a los Gobernadores y no solo al Presidente. 

Mientras tanto, reitero mi solidaridad con Minatitlán. 

¿Qué sigue para la Guardia Nacional?

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Esta semana fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que entra en vigor la Guardia Nacional. Ahora la Cámara de Diputados deberá discutir y realizar las reformas pertinentes a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, tendrán que trabajar en la elaboración de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. En este sentido comparto algunos puntos para nutrir la discusión parlamentaria. 

En primer lugar, la actual administración prevé que los militares regresen a los cuarteles en cinco años. El reto será contar con suficientes egresados de la aún llamada Academia Superior de la Policía Federal para incorporarlos a la Guardia Nacional. Resulta difícil creer que en el tramo final del actual sexenio se alcancen a graduar el número suficiente de cadetes. De acuerdo a datos proporcionados por la propia Academia, de los poco más de 20,000 aspirantes por año, ingresa un promedio de 500, de los cuales se gradúa un número menor a los 400 cadetes. 

Un segundo punto es el presupuestal. La actual administración considera que un mínimo de 15,000 millones de pesos sería suficiente para desplegar este año a los más de 80,000 elementos en 266 regiones. Las administraciones federales anteriores también destinaron un gasto considerable en seguridad pública. Tan solo de 2010 a 2016 aumentó en 37.6% al pasar de 111,929 a 154,011 millones de pesos. En promedio, más del 50% de estos recursos federales se destinaron a las corporaciones policiacas, incluyendo transferencias a los Estados y Municipios. Sin embargo, el mayor gasto no se ha traducido en una disminución significativa de los delitos violentos, sobre todo los homicidios. Es necesario que en el Gabinete de Seguridad del Presidente López acepten una premisa básica: la reducción del crimen no depende solamente de la policía. 

Lo anterior me lleva al tercer punto. La policía depende de la adecuada procuración e impartición de justicia por parte de las instancias del Poder Judicial. La experiencia internacional muestra claramente que el trabajo de los tribunales y fiscalías son fundamentales, no solo para reducir la impunidad, sino también para enviar el mensaje a la sociedad que delinquir tiene un alto costo. En las leyes secundarias, y luego en la práctica, se refuerce la relación entre la Guardia Nacional y las instituciones de justicia. Además, será importante que, como parte de estos esfuerzos, se dé un mayor impulso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el fin de reducir el número de casos de prisión por periodos cortos a quienes cometan delitos de bajo impacto, disminuir la reincidencia y promover la efectiva reinserción social. 

En cuarto lugar, será importante la discusión en torno a las tareas preventivas. A la política social que atienda las condiciones de vulnerabilidad que propician el crimen, el Congreso deberá sumar las consideraciones sobre la actividad policial en su relación con los ciudadanos. Los datos y poca evidencia científica disponible para el caso mexicano sugieren que cuando los ciudadanos perciben que la policía es visible en las calles y los oficiales son accesibles y respetuosos en su trato, es más probable se fortalezca la confianza. En este sentido, el enfoque de proximidad planteado para la Guardia Nacional deberá contar con una versión refinada de los protocolos de actuación nacional de 2017. La Secretaría de Seguridad Pública deberá asegurarse de que los efectivos de extracción militar que se integrarán a la Guardia se apeguen a dichos protocolos y disminuyan los casos de violación a los Derechos Humanos. Solo en este escenario será posible que la nueva fuerza policial se gane la confianza y la cooperación de los ciudadanos. 

El quinto punto, y quizá el más importante, es el de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. El análisis de varias corporaciones policiacas en países occidentales revela dos tipos de arreglo institucional en las tareas de proximidad. Uno consiste en un conjunto de áreas o divisiones especializadas pero todas dependientes del mismo nivel de gobierno. En varios casos, todas estas divisiones están adscritas a la misma organización policiaca nacional, la cual es responsable del despliegue de policías a nivel local. Por su parte, en el otro tipo de arreglo hay varias organizaciones policiacas en dos niveles de gobierno, donde las policías locales tienen mayor relevancia en el contacto con los ciudadanos. Hay que hacer notar que, en ambos casos, cuando existe más de una fuerza policial en niveles institucionales o de gobierno distintos, casi siempre es solo una de estas la que tiene mayor importancia en el contacto con los ciudadanos a nivel local. La propuesta de contar con una Guardia Nacional que realice tareas de seguridad pública y al mismo tiempo de proximidad choca con (o duplica) los esfuerzos que ya realizan algunas policías estatales y municipales. 

Lo puntos anteriores tendrían que ser evaluables en las leyes secundarias. Sería deseable que la Cámara de Diputados refuerce la participación de instituciones académicas con este propósito, a través de Observatorios de Monitoreo y Evaluación. Dicha colaboración ya está contemplada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es aún más relevante a la luz de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que se antoja compleja. Un objetivo realista en este momento sería que la distribución de responsabilidades se realice a partir de la evaluación de los diagnósticos que los Gobiernos Estatales envíen en los siguientes meses sobre las fuerzas policiales de sus estados y municipios. Estos revelarán la viabilidad del desempeño de ciertas tareas con base en sus capacidades.