La asignación y eficiente utilización de recursos para la solución de una lista aparentemente interminable de demandas sociales, no solo es el reto más grande que enfrentan todos los gobiernos, sino constituye además, el principal indicador para el éxito o fracaso de los mismos.

Dicha empresa dista, evidentemente, de ser sencilla. En nuestro país, el presupuesto millonario debe ser cuidadosamente repartido de manera anual a través de subsidios, fondos, fideicomisos y distintos ramos a las dependencias de la administración pública federal, los 31 gobiernos estatales y el Distrito Federal y los 2,445 municipios de la República Mexicana, cada uno de ellos con su propia estructura orgánica.

Dado el gigantesco tamaño del aparato administrativo del Estado mexicano y el altísimo número de necesidades específicas en comunidades y regiones, se vuelve sencillo comprender que la correcta atención y solución de estas demandas no puede ser gestionada de manera aleatoria y sin estrategia alguna. Para cumplir satisfactoriamente a la ciudadanía, los gobiernos necesitan de una rigurosa planeación y de finanzas públicas ‘sanas’.

En Nuevo León, son precisamente las finanzas públicas las que han destacado a nivel nacional por las razones equivocadas: un alto déficit presupuestario y una deuda excesiva que deja al gobierno con poco margen de maniobra en las condiciones actuales.

En Nuevo León, son precisamente las finanzas públicas las que han destacado a nivel nacional por las razones equivocadas: un alto déficit presupuestario y una deuda excesiva que deja al gobierno con poco margen de maniobra en las condiciones actuales.

Entre las diversas causas que dan explicación a este fenómeno (tales como la presunta corrupción dentro del aparato administrativo estatal), se encuentra la deficiente planeación del sistema de inversión pública. A diferencia de las dependencias y entidades de la administración pública federal (APF), el aparato administrativo de Nuevo León no cuenta actualmente con un modelo similar al “Ciclo de Inversiones” empleado en la APF.

Entre las diversas causas que dan explicación a este fenómeno (tales como la presunta corrupción dentro del aparato administrativo estatal), se encuentra la deficiente planeación del sistema de inversión pública.

La primera de las etapas que conforman el Ciclo de Inversiones corresponde lógicamente a la “Planeación Estratégica de la Inversión”. Esta etapa es fundamental debido a que en ella se buscan alinear las metas y objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo (Plan Estatal de Desarrollo en el caso de las entidades federativas). Su gran importancia radica, sin embargo, en que aquí se definen los Programas y Proyectos de Inversión (PPIs) que deberán presentar todas las dependencias a principios del sexenio para su evaluación socioeconómica.

Este ejercicio supone ya un cambio sustancial en la manera en la que se invierten recursos públicos, al tener que sujetarse la autorización de éstos a una evaluación socioeconómica para su posterior incorporación a la cartera de proyectos del estado.

Esto nos lleva a un tercer punto en el que la administración estatal tiene una gran área de oportunidad: la profesionalización de una unidad administrativa encargada de la evaluación socioeconómica de Programas y Proyectos de Inversión. En otras palabras, es necesario contar dentro de la administración pública estatal con profesionales, que por medio de evaluaciones técnicas, determinen los beneficios sociales que en relación a los costos tengan dichos Programas y Proyectos de Inversión.

Con estas modificaciones, las finanzas públicas se beneficiarían con un mecanismo de control a las inversiones de mayor importancia de las secretarías y organismos descentralizados en Nuevo León.

Hasta ahora, y con estas modificaciones, las finanzas públicas se beneficiarían con un mecanismo de control a las inversiones de mayor importancia de las secretarías y organismos descentralizados en Nuevo León. Faltaría, sin embargo, sujetar a este control a todos los proyectos del ejecutivo. Es menester hacer obligatoria la evaluación, por parte de la unidad perteneciente a la Secretaría de Finanzas, de cualquier proyecto de inversión que requiera autorización presupuestaria con el fin de acabar con la asignación arbitraria de recursos para el financiamiento de proyectos ineficientes. Sin necesidad de un ejercicio mental exhaustivo, podemos seguramente mencionar más de un proyecto con estas características tanto a nivel local como nacional.

La nueva administración del gobierno del estado de Nuevo León presenta una gran oportunidad para comenzar a cambiar los paradigmas de la administración pública y buscar así optimizar el uso de recursos.

Ciertamente es mucho más fácil proponer, que efectivamente superar los obstáculos que suponen los grandes cambios administrativos aquí descritos. Que éstos tengan en la práctica y en su operación diaria los resultados que se esperan se vislumbra aún más lejano. Sin embargo, la nueva administración del gobierno del estado de Nuevo León presenta una gran oportunidad para comenzar a cambiar los paradigmas de la administración pública y buscar así optimizar el uso de recursos, fortalecer la capacidad de respuesta del estado a las demandas ciudadanas y de paso subsanar las maltratadas finanzas públicas de la entidad.

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