El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, llega a México este lunes extraditado desde Guatemala. En su primera semana de vuelta en el país, enfrentará dos audiencias clave ante el juez federal que ordenó su aprehensión, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

En dichas audiencias, que se desarrollan bajo las reglas del nuevo sistema penal acusatorio, y por lo tanto son públicas.

Entre los delitos que se le imputan a Duarte son:

Enriquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento del deber legal, delincuencia organizada  y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y delitos electorales.

El Código Nacional de Procedimientos Legales, que rige el funcionamiento del nuevo sistema penal, indica que cuando una persona es capturada con una orden de aprehensión debe ser puesta de inmediato a disposición del juez que emitió dicha orden.

Esto significa que, al estar de regreso en México, Duarte tiene que quedar a disposición legal del juez federal de control en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México, que es quien autorizó la orden de captura.

Acto seguido, el juez dará un plazo de 72 horas para decidir si vincula a Duarte a proceso; sus abogados podrán pedir que se duplique el plazo a 144 horas, como lo permite la ley, con el objetivo de reunir indicios que traten de desvirtuar los señalamientos iniciales de la PGR. La audiencia inicial terminará con la solicitud de la Procuraduría para que se imponga la medida cautelar de prisión a Javier Duarte.

Después el juez federal de control decidirá si vincula a proceso al ex mandatario veracruzano o lo deja en libertad.

Puede darse el caso de que el ex gobernador sea vinculado a proceso solo por uno de los dos delitos que se le imputen

Si hay vinculación a proceso, el juez fijará un plazo de investigación complementaria, que puede ser hasta de seis meses, de acuerdo con el artículo 321 del Código Nacional, para que la Procuraduría General de la República concluya de reunir las pruebas y formalice la acusación.