Paran en la BUAP por asesinato de estudiantes

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Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) iniciaron desde las 6:00 horas un paro indefinido de clases en al menos 22 facultades como protesta por el asesinato de su compañero Francisco Javier y otros dos universitarios de la UPAEP.

Con veladoras, listones negros y pancartas, los alumnos clausuraron las entradas principales de la mayoría de las carreras.

Aunque ayer se había pactado un paro sólo este miércoles, la situación de violencia obligó a los estudiantes a realizar el cambio por un cese indefinido de las actividades académicas y administrativas, aseguró un alumno de la Facultad de Medicina.

“El paro está con fecha indefinida porque esto ya pasó límites de la Facultad de Medicina, esto es un problema a nivel universidad, todas las facultades se unieron“, dijo a REFORMA.

Los representantes de cada una de las facultades se encuentran reunidos para hacer una comisión que presente necesidades al Gobierno de Puebla en el diálogo que sostendrán a las 15:00 horas, junto con los Rectores de la BUAP y la UPAEP.

Nosotros tenemos una junta con Barbosa, Gobernación, Rector BUAP y Rector de UPAEP, y si se puede con otros rectores“, concluyó.

Un grupo de alumnos se encuentran afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que los reciban con diferentes peticiones, entre ellas las de modificar el Código Penal estatal para endurecer las penas contra delincuentes.

Hoy no nos vamos a dejar de la delincuencia, vamos a seguir saliendo con todos mis compañeros, todos los estudiantes y sectores que quieran salir a apoyar, a luchar“, gritó un universitario.

 

 

 

(Con información de Reforma)

Fiscalía de Veracruz asegura que periodista asesinado pertenecía a Los Zetas

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La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que cuenta con “datos de prueba” que confirman que el reportero de La Voz del Sur, Gumaro Pérez Anguilano, forma parte de la delincuencia organizada al servicio de Los Zetas.

Tras filtraciones de la carpeta de investigación Uipj/DXX/F2/1519/2017 realizadas por el propio titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz, y luego de la difusión en WhatsApp de una columna periodística sin rúbrica para desprestigiar a Gumaro Pérez, mismas que circularon a medios de comunicación, la Fiscalía se animó (tras cuatro comunicados oficiales del caso)  a decir que el reportero acribillado en Acayucan por dos sicarios tenía participación en un grupo delictivo y que incluso fue asesinado por un grupo distinto.

Gumaro Pérez fue privado de la vida cuando acudía a la posada de fin de año de su hijo.

Ayer Amnistía Internacional, Reporteros Sin Frontera, la Embajada de Estados Unidos en México, entre otros, reprocharon al gobierno mexicano el nivel de violencia que impera en el país y el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los periodistas, sobre todo en Veracruz.

La Fiscalía General aseguró que los resultados de las diligencias realizadas por personal pericial, agentes ministeriales y el fiscal especializado, en coordinación con la Fiscalía Regional, son tendientes a acreditar que Gumaro Pérez “colaboraba en actividades ilícitas” de un grupo delictivo de la delincuencia organizada.

En el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares han sido privados de la vida tres comunicadores: Ricardo Monlui, Cándido Ríos y ahora Gumaro Pérez.

Y del gobierno de Javier Duarte continúan impunes los asesinatos de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez Pérez, y el colaborador Rubén Espinosa Becerril, así como una decena de casos más en donde autoridades de la Fiscalía y la SSP han optado por la simulación tanto en la integración de las carpetas de investigación como en buscar a los culpables.

En la entidad, medio centenar de periodistas veracruzanos se encuentran adheridos al programa de protección coordinado por la Subsecretaría de Gobernación, pues consideran que su integridad física está en riesgo.

En los últimos siete años, 22 comunicadores veracruzanos han sido privados de la vida, en la mayoría de los casos estos homicidios han sido atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR), pues se presume la intervención de la delincuencia organizada en esos crímenes.