Hablar de democracia es hablar más de una aspiración que de una meta cumplida. Durante años hemos construido instituciones, reglas y procedimientos para proteger el voto libre y auténtico. Y, aunque hemos avanzado, persiste una brecha entre lo que las leyes buscan y lo que realmente ocurre. Esa brecha tiene un nombre: simulación.

Simulación es aparentar elecciones limpias mientras circula dinero fuera de control. Simulación es sustituir la representación legítima de grupos vulnerables con rostros que solo fingen pertenecer. Simulación es recurrir a la desinformación o la calumnia digital para dañar reputaciones y alterar el juicio ciudadano. Simular es, en esencia, atentar contra la voluntad popular.

Por eso, más que una reforma penal, en Nuevo León estamos proponiendo una corrección de rumbo. La nueva Ley local en Materia de Delitos Electorales nace de la convicción de que la democracia sí puede funcionar, y de que aún estamos a tiempo de fortalecerla.

Esta ley tipifica prácticas que la legislación federal no prevé, pero que aparecen en la realidad: la verificación del sentido del voto mediante instrumentos tecnológicos, la compra del voto disfrazada de apoyos o programas sociales, la presión a subordinados desde la función pública, y la desinformación organizada que intoxica el debate electoral.

La propuesta busca prevenir y disuadir con reglas claras, sanciones proporcionales y un marco moderno que responda a los desafíos actuales de las campañas y de la comunicación digital.

Algunos podrían pensar que ampliar los tipos penales es una forma de represión política. Yo creo exactamente lo contrario: una ley clara es una forma de prevención democrática. La certeza jurídica protege a la ciudadanía, a los partidos, a los servidores públicos y a las instituciones. Donde hay reglas definidas, hay menos espacio para la trampa y más condiciones para la competencia limpia.

El gran reto de nuestra generación institucional es lograr que la democracia deje de ser un ideal que invocamos cada elección y se convierta en un sistema que funcione en cada etapa del proceso.

Nuevo León puede ser el primer estado del país en contar con un marco penal electoral propio, hecho desde su realidad y para su gente. Una ley que no nace de la coyuntura, sino de una convicción: la de enfrentar con seriedad y urgencia la simulación que distorsiona la voluntad popular.

Esta ley es una invitación a todas y todos -autoridades, partidos, servidores públicos y ciudadanos- a no conformarnos con un sistema que funciona en el papel. Queremos que nuestras elecciones sean algo más que una jornada y que sus resultados dependan del convencimiento, las ideas y las propuestas; no del dinero, de las presiones o las trampas.

Queremos una democracia viva, no perfecta, pero cada vez más honesta con su propósito, que sea reflejo de una sociedad madura, responsable y consciente de su libertad.