Pese a que falta aún mucho para el periodo electoral del 2027, en Nuevo León ya se ven las prácticas de siempre.

En estos últimos meses medios locales y los propios ciudadanos han expuesto que tanto el Gobierno Estatal como ciertos municipios el requerimiento de datos personales para tener acceso a algunos servicios.

Ahí está el caso de Monterrey, donde el gobierno municipal encabezado por Adrián de la Garza ha decidido solicitar el INE para poder acceder a un servicio de transporte público gratuito municipal: el programa Regio Ruta.

¿Qué justificación técnica existe para exigir una credencial electoral como requisito para usar un camión? La respuesta es ninguna.

No hay una razón válida, ni de seguridad, ni de logística, ni de planeación urbana que amerite este tipo de recolección de datos. Es, a todas luces, una medida innecesaria, desproporcionada y potencialmente ilegal.

¿Qué relación tiene la CURP, la dirección o el INE con la necesidad de moverse dentro de la ciudad en un servicio público financiado con dinero de todos?

Monterrey no es el único caso.

En los Centros Comunitarios del Gobierno del Estado también se están pidiendo datos personales –como el INE– para acceder a apoyos y servicios. Aquellos que se juraron distintos al PRIAN resultaron ser lo mismo.

Bajo el pretexto de organización, nuestras autoridades comienzan a construir esas viejas listas clientelares, lo que viola derechos fundamentales.

En medio de una crisis de movilidad los ciudadanos son obligados a entregar su información sensible para obtener servicios a los que tienen derecho por el simple hecho de ser parte de la comunidad. Servicios que, además, se financian con sus propios impuestos.

Estos actos son a todas luces un uso político de los programas sociales y los servicios públicos. Más allá de las explicaciones técnicas que puedan ofrecer los gobiernos involucrados, lo cierto es que, en pleno proceso de reacomodo político rumbo a las elecciones de 2027, este tipo de estrategias despiertan sospechas.

No es para menos.

Sabemos que, en más de una ocasión, los padrones de beneficiarios han terminado en manos de estructuras partidistas, utilizados para construir redes de control electoral o alimentar bases de datos con fines proselitistas.

La recolección de datos personales no es una cosa menor.

Estamos hablando de información que permite perfilar personas, segmentar votantes, y diseñar campañas que vulneran la privacidad de los ciudadanos.

Pedir el INE para subir a un camión o recibir una despensa es, además de absurdo, un acto de desconfianza institucional que erosiona la relación entre el gobierno y la sociedad.

En ese sentido habría que reconocer a otros municipios que, sin tantas trabas ni burocracia innecesaria, están ofreciendo servicios similares.

El Circuito San Pedro en San Pedro Garza García y el Santa Bus en Santa Catarina son ejemplos de cómo el transporte público puede funcionar de manera gratuita y abierta, sin solicitar un solo dato personal. Ni INE, ni CURP, ni dirección.

La ciudadanía tiene derecho a vivir sin temor a que su información personal termine en las listas de algún partido político. Tiene derecho a que el Estado respete su privacidad y le garantice un acceso igualitario y digno a los servicios. Tiene derecho a moverse, a estudiar, a alimentarse y a recibir atención médica sin ser obligado a entregar su identidad política o electoral a cambio.

La democracia no se fortalece con control político, sino con confianza. No se construye con padrones amañados, sino con servicios públicos que realmente respondan a las necesidades de las personas. No podemos permitir que el acceso a los derechos dependa de entregar una credencial. El INE no es boleto de autobús. El INE es una herramienta de participación ciudadana, no un pase para recibir lo que por justicia nos corresponde.

En tiempos donde la desconfianza en las instituciones crece, medidas como estas solo agravan la distancia entre ciudadanía y gobierno. Si realmente se quiere recuperar la confianza de la gente, hay que comenzar por respetar su privacidad, su dignidad y su libertad de decidir.

Hay que decirlo claramente: los derechos no se condicionan, se garantizan.