Hace unos días se dio a conocer que entre los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León circulaba un documento en el que se solicitaba al subprocurador, directores y coordinadores, su renuncia a la militancia partidista. La circular iba firmada por Lourdes Williams Couttolenc, directora general de Administración de la Procuraduría.

Una nota que, a mi sentir, no causó tanto revuelo.

Y es que… en medio del hartazgo de la ciudadanía en torno a los partidos políticos, exigir una desvinculación a los intereses partidistas pareciera no ser una mala idea, sobre todo si se considera que así exista un mayor respaldo a las decisiones del mandatario estatal.

En el afán de cumplirle a la ciudadanía la promesa de un gobierno ciudadano, a mi parecer, se hicieron las cosas al revés: una cosa es elegir titulares ajenos a la vida política y otra, muy distinta, es exigir la renuncia a quienes ya militan.

Sin embargo, pocos se han detenido a reflexionar lo que implica realmente un comunicado de esta índole. En el afán de cumplirle a la ciudadanía la promesa de un gobierno ciudadano, a mi parecer, se hicieron las cosas al revés: una cosa es elegir titulares ajenos a la vida política y otra, muy distinta, es exigir la renuncia a quienes ya militan.

Para muchos quizá esto parecerá algo benéfico, insisto, tras haber destacado en las urnas el pasado 7 de julio que la opción independiente era la mejor medicina contra la corrupción y la impunidad en nuestro estado. Es así como, en primera instancia, la idea gusta; en segunda, en cambio, inquieta.

Ser independiente, así como ser priísta, panista, petista, perredista, humanista (…) debería de ser una decisión propia que se tome individualmente con plena libertad.

El sustento de lo anterior es sencillo: tanto pertenecer a un partido político como carecer de una afiliación partidaria es un derecho establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, denominado “libertad de asociación”.

De igual manera, así como la libertad de expresión y la libertad de creencia o religión, existe también el derecho a la libertad de reunión: un derecho humano de primera generación establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León anunció que abrirá una queja de oficio contra el Gobierno Estatal por la “presunta violación de los derechos políticos y de asociación y por injerencias arbitrarias y abusivas en la vida privada”. Faltará ver si se logra una conciliación al respecto, o si la Comisión decide emitir una recomendación dirigida hacia la Procuraduría.

La vía independiente ha tenido gran aceptación en nuestro país y, sobre todo, en nuestra entidad. No obstante, considero que esto no significa que es la única manera de liderar, ni mucho menos debería de constituirse como una imposición o la solución mesiánica a nuestros problemas.

La vía independiente ha tenido gran aceptación en nuestro país y, sobre todo, en nuestra entidad. No obstante, considero que esto no significa que es la única manera de liderar, ni mucho menos debería de constituirse como una imposición o la solución mesiánica a nuestros problemas. En cambio, sería óptimo que se considerara como una opción a la cual aspirar como ciudadanos para participar; mientras que para los militantes de partidos políticos, debería ser un llamado a renovarse dentro de sus trincheras adoptando los principios de gobierno abierto (transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana) y abatiendo las malas prácticas (¡CORRUPCIÓN!) que los llevaron a la derrota electoral en las pasadas elecciones en el estado de Nuevo León.

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